La sentencia recoge una petición de indulto para rebajar la pena a dos años y evitar el ingreso en la cárcel de la expresidenta del Parlamento catalán. «Es una aberración judicial», sostiene la líder de Junts
13 abr 2023 . Actualizado a las 16:58 h.Laura Borràs, expresidenta del Parlamento y líder de Junts, ha sido condenada a cuatro años y medio de cárcel y otros nueve años de inhabilitación por haber fraccionado contratos, de forma ilegal, durante su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado a conocer este jueves la resolución, en la que considera probado que troceó contratos para adjudicárselos a dedo a un informático, Isaías Herrero, con el que mantenía previamente una relación profesional y de confianza.
Sin embargo, la sentencia recoge una petición de indulto para rebajar la pena a dos años, que hace la propia Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que no tenga que ingresar en un centro penitenciario. Se trata de un mecanismo previsto en la ley para aquellos casos en los que el tribunal considera que la pena es excesiva.
La Fiscalía pedía seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por Borràs por un presunto fraccionamiento de contratos para favorecer a un amigo cuando era la presidenta de la Institución de las Letras Catalanas. También reclamaba una multa de 144.000 euros por un delito de prevaricación y falsedad documental.
«No he tenido un juicio justo, por lo que no podía esperar una sentencia justa. He tenido que demostrar y he podido demostrar mi inocencia ante el tribunal, pero al Estado ni tan siquiera eso le ha sido suficiente para impedir esta aberración judicial, que es también una aberración democrática», sostuvo Laura Borràs en una declaración institucional a las puertas del Parlamento, después de conocerse la sentencia.
La condena contra la presidenta de JxCat amenaza con alterar la paz interna en la que se ha instalado temporalmente el partido y con forzar cambios en la presidencia del Parlamento catalán, uno de los últimos núcleos de poder institucional que le quedaban a Junts.
La expresidenta del Parlamento catalán se ha envuelto en la estelada y se ha presentado como víctima de la «represión» del Estado. Sin embargo, buena parte del independentismo no lo vio así y reducía el caso a un juicio por corrupción. Fue suspendida como diputada cuando fue procesada el año pasado (en aplicación del reglamento del hemiciclo), pero no perdió su escaño y el Parlamento catalán no ha investido a un sustituto. Ejerce las labores de presidenta la vicepresidenta, de manera provisional.
Difícil camino en la política
La condena de Borràs supone que no podrá repetir como candidata a la presidencia de la Generalitat. Queda la duda sobre si seguirá como presidenta de Junts. Los estatutos del partido, tras el último congreso, celebrado el verano pasado, disponen que no se tiene que analizar su situación mientras no haya sentencia firme, es decir, hasta que no haya una resolución del Tribunal Supremo. Cuando se llegue a ese escenario corresponde a la comisión de garantías de la formación, encabezada por la abogada Magda Oranich -que chocó con Borràs en la crisis interna por el caso de Francesc de Dalmases-, emitir un dictamen sobre su situación y si su caso se puede considerar lawfare (víctima de represión política) o no.
En su partido, además, hay quien le tiene ganas. Con penas de cárcel en su contra por una causa de corrupción, se clarifica el panorama en Junts, donde hay una pugna entre unilateralistas y pragmáticos. Una victoria de Xavier Trias en las elecciones a la alcaldía de Barcelona puede acabar de decantar la balanza del partido en su eterno dilema sobre qué quiere ser de mayor.
Borràs insistió en que era víctima de la represión contra el nacionalismo catalán. Aunque obvió que el caso arrancó a partir de unas pesquisas de los Mossos. Y fue además de casualidad. La Policía catalana investigaba a su amigo Isaías Herrero, pero por un caso de tráfico de drogas. Una causa por la que más tarde fue condenado a cinco años de cárcel. Herrero tenía el teléfono pinchado por agentes de la policía y en una conversación con un tercero comentó que «facturaba» unos «trapis» con la que posteriormente sería presidenta del Parlamento autonómico.
Los Mossos abrieron una investigación y un juez se hizo cargo en el 2018. Ese mismo año fue nombrada consejera de Cultura. Luego fue portavoz de Junts en el Congreso y en el 2021, candidata a la presidencia de la Generalitat. Quedó tercera, tras Salvador Illa y Pere Aragonès. El pacto ERC-Junts le aupó a la presidencia del Parlamento catalán, hasta el 28 de julio del 2022, cuando fue suspendida tras la apertura de juicio oral.
