El pacto PSOE-ERC: amnistía, traspasar cercanías y condonar parte de la deuda
ESPAÑA
Junts retrasa el acuerdo para investir a Sánchez por discrepancias sobre el perdón
03 nov 2023 . Actualizado a las 05:00 h.El huracán político previsto para este jueves sopló solo a medias. Tras una maratoniana reunión de seis horas en Bruselas, el sí de Carles Puigdemont y Junts a la investidura de Pedro Sánchez se quedó ayer en el aire por discrepancias sobre la ley de amnistía. ERC, en cambio, cerró con los socialistas un acuerdo que «garantizará la estabilidad» del nuevo Gobierno progresista al amparo de siete ejes, con los que pretenden poner rumbo hacia «la convivencia y la normalización de la vida política en Cataluña», aseguró Salvador Illa, primer secretario del PSC. El traspaso total de cercanías a la Generalitat, la condonación de 15.000 millones de euros de deuda, la ley de amnistía, una mesa de diálogo para abordar el conflicto político, financiar la incorporación de 3.739 efectivos a los Mossos d’Esquadra, poner en funcionamiento nuevos órganos judiciales y optimizar el parque de inmuebles del Estado son los principales puntos del pacto rubricado en Barcelona entre el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y el líder de los republicanos, Oriol Junqueras.
La condonación de parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) beneficiará a otras 13 comunidades —Galicia debe 2.759 millones—, pero el porcentaje perdonado no será necesariamente del 20 %, sino que se fijará caso a caso. También se creará «un mecanismo» que mejore el acceso a los mercados de la financiación por parte de las autonomías y que «se extenderá a todas ellas», indicó Bolaños.
El traspaso del servicio ferroviario de cercanías a la Generalitat, que se inició en el 2009, será ahora integral, se ejecutará por fases, e incluirá las infraestructuras, la parte económica y la financiera. De hecho, se hará una transferencia adicional de 132,7 millones de euros a Cataluña para sufragar la deuda existente con Renfe. Se constituirá una nueva empresa mercantil —Rodalies Catalunya—, participada por el Estado y la Generalitat, que gestionarán «de manera compartida y cooperativa» el traspaso. Su consejo de administración, compuesto de forma paritaria por ambas partes, tendrá un presidente con voto de calidad, que será propuesto por el Ejecutivo catalán.
Respecto a la mesa de diálogo entre gobiernos para abordar el conflicto político, que será complementada con una «mesa de partidos», han consensuado establecer como elemento esencial del debate el «reconocimiento nacional de Cataluña» y que los acuerdos a los que lleguen sean refrendados por la ciudadanía.
Una «gran victoria» republicana
Aunque ni Bolaños ni Illa quisieron adelantar nada sobre la futura ley de amnistía, y apelaron a la «discreción» porque todavía se está negociando con Junts, desde ERC celebraron la futura norma. «Está dirigida a todos los represaliados, sin excepción (...) Es una gran victoria, pero no el punto final. Una vez alcanzada la amnistía, es hora de avanzar hacia la autodeterminación», dijo el presidente catalán, Pere Aragonès.
La fecha límite para el debate de investidura es el 27 de noviembre, pero los socialistas ven factible que pueda celebrarse la próxima semana. Todo depende del sí de Puigdemont que ayer no fue posible debido a discrepancias sobre algún artículo de la medida de gracia, aunque fuentes socialistas apuntan a un problema de protagonismo entre ERC y Junts. «No cambiaremos la prudencia y las precauciones que hemos mantenido hasta ahora por más prisas que tengan algunos», escribió el expresidente en redes sociales.
El negociador de Sumar con los exconvergentes, Jaume Asens, reconoció que «la ley de amnistía está ya al 98 %, pero aún quedan algunos flecos por negociar». La reelección de Sánchez es cuestión de horas o días, pero aún puede «tropezar», advirtió.
Una medida de gracia «para todos los implicados, sin excepciones»
«Hoy quien gana es Cataluña. Es una amnistía sin excepciones para aquellos que participaron de cualquier manera en el 9-N o en el 1-O», aseguró ayer el presidente de ERC, Oriol Junqueras, tras dar luz verde al acuerdo para la investidura.
Desarrollo de la norma
Al 98 o 99 %. La ley de amnistía «está en la recta final, aunque aún quedan flecos», señaló ayer Jaume Asens, negociador de Sumar con Junts. El texto de la norma «está listo al 98 o el 99 %», según fuentes parlamentarias.
Beneficiarios
700 encausados. Aunque en los últimos años, el independentismo cifró en 4.200 los imputados por el procés, quedan unas 700 personas pendientes de juicio penal, tras la prescripción o archivo de multitud de causas, informan expertos jurídicos. Entre ellas, los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y de Tsunami Democràtic. Se desconoce si será de aplicación a los 45 agentes de la Policía Nacional procesados por el 1-O.
Período de aplicación
Diez años. La aplicación de la amnistía abarcará la última década, desde el año 2013, cuando se empezó a preparar la consulta secesionista del 2014, hasta la actualidad.
Registro en el congreso
Inminente. El registro de la proposición de ley en el Congreso es inminente; podría producirse este viernes, según fuentes de las Cortes. El nuevo secretario general de la Cámara Baja, Fernando Galindo, será el encargado de firmarla y adjuntar su valoración jurídica.
Pérdidas económicas
Diez millones de euros. El Tribunal de Cuentas puede dar por perdidos diez millones de euros, los 4,5 que reclamaba a 40 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña por organizar el procés, y los 4,1 que costó el referendo ilegal del 1-O.
Frenos a la ley
El Senado, el Supremo y el Constitucional. El PP propuso ayer una reforma del Reglamento del Senado, para retrasar la ley de amnistía. Además, el Tribunal Supremo elevará cuestiones de inconstitucionalidad y la ley quedará en suspenso hasta que el Constitucional resuelva sobre el fondo.
El Poder Judicial convoca un pleno extraordinario para el lunes sobre el perdón, forzado por ocho conservadores
Es una iniciativa sin precedentes que la mitad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pida pronunciarse sobre una eventual norma cuando su proposición de ley todavía no se ha presentado y su texto ni se conoce ni se ha registrado en el Congreso. Pese a ello, el presidente interino de la institución, Vicente Guilarte, se vio ayer obligado a convocar para el próximo lunes el pleno extraordinario solicitado por ocho vocales conservadores para abordar la futura ley de amnistía que beneficiará a los encausados por el procés y que es la columna vertebral de la negociación del PSOE con Junts y ERC de cara a la futura investidura de Pedro Sánchez.
Ocho de los diez vocales nombrados a petición del PP registraron el jueves por la mañana la petición de esta convocatoria, en la que pretenden aprobar una declaración institucional contra la medida de gracia. Tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el Reglamento del Consejo establecen que debe celebrarse sesión extraordinaria si así lo solicitan al menos cinco vocales. La declaración que quieren someter a votación los ocho conservadores considera que la amnistía es incompatible con la Constitución y que supondrá la «abolición del Estado de derecho en España».
Los seis vocales progresistas votarán en contra de este «pronunciamiento político», y algunos se plantean no acudir al pleno e impedir así que haya cuórum mínimo para su celebración, que es de diez vocales más el presidente —el CGPJ está formado por 16 miembros—. Fuentes jurídicas aseguraron a la agencia Efe que la iniciativa de los conservadores «es el preámbulo para iniciar al golpe de estado de las togas» y que actúan como «pseudogolpistas». «Estamos conmocionados, porque esto es brutal, de una gravedad sin precedentes, impropio de esta institución», añadieron, aunque ven imposible que la iniciativa salga adelante. Sostienen que tanto el presidente interino como el conservador Wenceslao Olea mantienen una posición «muy institucional» y contraria a esta «injerencia política».