La Audiencia Nacional abre el camino para recurrir la amnistía ante la Unión Europea
ESPAÑA
El juez García Castellón se apoya en una directiva del Parlamento Europeo
08 nov 2023 . Actualizado a las 05:00 h.La Audiencia Nacional plantea recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europa una eventual ley de amnistía, en el hipotético contexto de que finalmente abarque también a los encausados por actos o hechos relacionados con la organización Tsunami Democràtic o los comités de defensa de la república (CDR). Y lo haría, principalmente, sobre una premisa: la directiva 2017/541 del Consejo Europeo. «Los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana», aclara el segundo apartado del texto, mencionado literalmente en el auto de Manuel García-Castellón, el juez al cargo de los casos de Tsunami Democràtic y de los CDR.
La investigación a Carles Puigdemont, a Marta Rovira —secretaria general de ERC, exdiputada del Parlamento catalán y huida a Suiza en el 2018— y a otra decena de personas vinculadas con la plataforma Tsunami Democràtic por delitos de terrorismo abre la puerta a la presentación de un recurso prejudicial, una de las dos vías principales de apelación con las que cuenta el Poder Judicial en el caso de una eventual ley de amnistía, junto con la cuestión de constitucionalidad. «Dada la armonización que en esta materia se ha efectuado de algunos tipos penales relacionados con el terrorismo, se puede afirmar que nos encontramos ante una materia que es derecho de la Unión Europea», remarca el juez. Varios expertos consultados ven poco recorrido a un recurso por la vía europea y, además, estiman que Luxemburgo priorizará conocer antes la respuesta del Constitucional. La tramitación de un recurso prejudicial tarda en resolverse, de media, unos 17 meses, según datos del 2022 del Tribunal Superior de Justicia Europeo.
La respuesta del Constitucional
Es decir, previsiblemente resolvería antes el Constitucional el esperable recurso del Partido Popular o las eventuales cuestiones promovidas por las distintas estancias, desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la Audiencia Nacional.
En el hipotético caso de que la Justicia europea acepte a trámite el recurso, se establecerían medidas cautelares únicamente, en este contexto, para los afectados por este procedimiento penal. Una circunstancia que se espera que se repita también en el período de deliberación del Constitucional y que, en el caso concreto de Carles Puigdemont, permitiría al expresidente de la Generalitat volver a España e incluso concurrir en las elecciones, ya que sobre él, al no haber una sentencia firme, no pesa ninguna pena de inhabilitación.
En su auto, García Castellón aclara que, antes de acudir a la Justicia europea, ofrecerá al presidente de Junts y eurodiputado «comparecer voluntariamente» en el juzgado: «Resulta necesaria la citación de Puigdemont para ser oído sobre los hechos. Su citación, en este momento, no podría realizarse en otra condición que no sea la de investigado, asistido de letrado, ofreciéndole la oportunidad de defenderse, dado que el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio».
El informe de la Guardia Civil
El pasado viernes, la jefatura de la Guardia Civil le remitió un informe a Manuel García Castellón en el que atribuía a Marta Rovira el usuario Matagalls de la aplicación Threema. Una cuenta virtual que, según el instituto armado, «no solo ha bendecido a Tsunami, sino que también es la persona autorizada para discutir y defender el proyecto de Tsunami ante estructuras, entidades y organizaciones, se entiende que del ámbito independentista, que pudieran estar en contra».
Días después, el lunes, García Castellón acordó dirigir la investigación por delitos de terrorismo contra la política republicana, así como contra Carles Puigdemont y otras diez personas (entre ellos políticos y empresarios catalanes) presuntamente vinculados a Tsunami.