La aplicación de la norma a delitos de terrorismo es que la más dudas genera
19 dic 2023 . Actualizado a las 10:27 h.La ley de amnistía sigue su tramitación en el Congreso después de haber superado la toma en consideración de la norma impulsada por el PSOE. Este martes, la Mesa del Congreso decidirá a través de qué comisión se tramita la ley: la constitucional o la de justicia. El bloque de la investidura tiene mayoría en las dos, por lo que la norma no corre peligro. Todo indica que será la Comisión Constitucional, presidida por el socialista Javier Zaragoza, la que se ocupe de tramitarla.
La Mesa abrirá además el plazo de 15 días para presentar las enmiendas. Aunque tanto el Gobierno como Junts y ERC respaldan la ley en sus términos actuales, no descartan la presentación de enmiendas de carácter técnico. El objetivo es blindar el texto ante cualquier posibilidad de que el Tribunal Constitucional lo eche abajo o que los jueces hagan una interpretación no acorde con el fin pretendido, que es el de beneficiar a todos los encausados en el procés y sus consecuencias en forma de protestas tras la sentencia que condenó a los principales líderes independentistas. Es seguro que tanto el PP como Vox presentarán enmiendas a la totalidad.
«Ofensiva judicial»
La portavoz de ERC, Raquel Sans, aseguró este lunes que su partido no descarta presentar enmiendas «que mejoren» la ley. «Que no descartemos no significa que vayamos a presentarlas, pero, en cualquier caso, lo que haremos es seguir trabajando con la máxima discreción con una ley que está recibiendo una ofensiva judicial», afirmó Sans. El punto que refleja los mayores temores es el que plantea la amnistía para los delitos de terrorismo ligados al procés, siempre que no tengan resultado de muerte o lesiones graves ni haya una sentencia firme. Este apartado está pensado para beneficiar a los conocidos como Comités de Defensa de la República (CDR), que tienen una causa abierta en la Audiencia Nacional por terrorismo contra 12 de sus miembros.
También se beneficiarían de este punto los vinculados a Tsunami Democràtic, una organización en la que el juez Manuel García-Castellón sitúa a la cabeza a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y al expresidente catalán Carles Puigdemont, ambos imputados por un delito de terrorismo. Ni los CDR ni Tsunami tienen en este momento una sentencia firme.
El PSOE está convencido de la plena constitucionalidad de la ley, pero está dispuesto a aceptar mejoras técnicas siempre que las propuestas que se hagan cuenten con el consenso de todos los grupos que apoyan la norma.