PP y PSOE registran la reforma para eliminar el término «disminuidos» de la Constitución

Tregua de año nuevo en medio de una guerra sin cuartel. Los grupos parlamentarios socialista y popular en el Congreso registraron esta tarde de manera conjunta la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término «disminuidos» de la carta magna y para actualizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Esta modificación, la tercera desde la aprobación de la Constitución de 1978, como gran novedad, además de la inclusión de la denominación «discapacitados», fija la obligatoriedad de aprobar una ley que garantice la «protección especial» de este colectivo para que estas personas puedan ejercer los mismos derechos y obligaciones que el resto de los españoles.

Ambos grupos solicitaron este viernes su tramitación por el procedimiento de urgencia y lectura única por lo que se espera que esta esperada reforma del artículo 49 se apruebe este mismo mes de enero.

Esta presentación conjunta de reforma de los dos grandes partidos es fruto del acuerdo alcanzado el pasado viernes 22 de diciembre por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, para acabar de muñir este cambio que es una reclamación histórica de los colectivos de discapacitados.

Este, además, es el primer gran acuerdo socialistas y populares desde que Feijoo se hiciera con la presidencia del PP en abril del 2022. No obstante, este pacto llega en un momento en que las relaciones entre ambas formaciones son casi inexistentes y donde los pocos puentes que quedaban se han deteriorado más si cabe tras la investidura de Sánchez el pasado noviembre con los votos de los independentistas catalanes a cambio de la polémica amnistía para los implicados del procés.

El texto acordado personalmente por Félix Bolaños y la secretaria general y número dos del PP, Cuca Gamara, se basa en la redacción que ya acordaron ambos partidos el pasado abril para este nuevo artículo 49 de la carta magna —y que se frustró con el fin apresurado de la legislatura por el adelanto electoral— pero, por motivos de claridad, se pasa ahora de los cuatro puntos de primavera a solo dos.

El primero rezará: «Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad, igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley, la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio».

El segundo es: «Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente a la necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad».

Ahora, niños y niñas

En el borrador de abril se apuntaba expresamente las necesidades particulares de mujeres y niñas y ahora se precisa mejor y, de forma más general, se habla de mujeres y menores, que engloba tanto a niños y como a niñas.

La proposición de reforma contempla la desaparición completa del actual artículo 49, que 45 años después había quedado desfasado, según denunciaban los colectivos de discapacitados, no solo por el término «disminuidos», sino por lo arcaico de la redacción y sus tintes «paternalistas»: «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».

Garantías

Fuentes de la dirección del PP aseguraron este viernes haber obtenido del Gobierno garantías en los dos aspectos que les inquietaban. El primero es que la modificación se va circunscribir a ese artículo 49 y en los términos pactados. Lo que supone que el PSOE en ningún caso admitiría enmiendas de ninguno de sus socios, tampoco de Sumar, sin el acuerdo con el PP.

El segundo era que los socios del Ejecutivo no iban a usar esta modificación como trampolín para sus reformas independentistas o del modelo de Estado abriendo un debate nacional al forzar que la reforma se aprobara por referendo, algo que la Constitución permite con un 10 % de los miembros del Senado o del Congreso. En el caso de la cámara alta, 35 diputados, un número muy fácil de alcanzar por los socios de Gobierno o investidura de Sánchez.

Bolaños, por su parte, tras registrar la propuesta se mostró esperanzado en que esta proposición tendrá el «acuerdo unánime» del Parlamento. «Es la primera reforma de contenido social de nuestra Constitución. Saldamos una deuda con las personas con discapacidad ante un lenguaje inaceptable», afirmó el ministro, quien se felicitó por «acabar el año con un gran consenso y un acuerdo de país», aunque aprovechó para quejarse de la falta de acuerdo con el PP para la renovación del Poder Judicial.

La Constitución Española ha sido reformada hasta ahora solo en dos ocasiones, en 1992 y el 2011, ambas siguiendo el procedimiento ordinario, de forma muy limitada y por imperativo de Europa. La primera fue para atribuir el derecho de sufragio activo «y pasivo» a los ciudadanos de la UE. La segunda fue para introducir el principio de estabilidad presupuestaria tal y como exigía Bruselas.

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