García Castellón afirma que los indicios de terrorismo contra Puigdemont y Rovira se han «afianzado»
ESPAÑA
El magistrado, en pleno debate sobre la ley de amnistía, se reitera en enviar el sumario de Tsunami al Tribunal Supremo a pesar de la oposición de la Fiscalía
19 ene 2024 . Actualizado a las 18:34 h.El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, no solo no echa marcha atrás, sino que embiste con mayor fuerza. En medio del debate sobre si la ley de amnistía debe dar cobijo a las causas de terrorismo, el magistrado insiste en acusar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a la dirigente de ERC Marta Rovira precisamente de un delito de terrorismo en el sumario sobre Tsunami Democràtic, la plataforma que promovió los graves incidentes del 2019 en toda Cataluña.
Así las cosas, el togado se niega en redondo -tal y como le había solicitado la Fiscalía- a paralizar su intento de enviar esta causa al Supremo, ya que insisten en que los indicios de la participación de un delito de terrorismo en dos aforados (el propio Carles Puigdemont como eurodiputado y el diputado del Parlamento de Cataluña Rubén Wagensberg) lejos de disolverse se han hecho más sólidos.
En su auto, el titular del Juzgado central de Instrucción 6 explica que, tras las últimas diligencias practicadas hasta la fecha, «se ha afianzado la tesis inicial que calificaba los hechos como delito de terrorismo». En particular, García Castellón incide en que se hace más sólida la calificación de terrorismo teniendo en cuenta el análisis de los atestados sobre la toma alentada por Tsunami del aeropuerto de El Prat del 14 de octubre de 2019, con el fallecimiento de un turista, o las denuncias de varios policías nacionales personados como acusación particular y que resultaron con graves lesiones en los incidentes organizados por esta misma plataforma independentista en las calles del centro de Barcelona el 18 de octubre de ese año.
Para el magistrado de la Audiencia Nacional no cabe duda de que las algaradas de otoño del 2019 para protestar por la sentencia del procés que condenó a penas de cárcel a nueve de los líderes independentistas son terrorismo y no simples desórdenes y que estos hechos deben ser competencia del alto tribunal. «La gravedad de los delitos que, en este momento se vislumbran, la clara afectación que estos tuvieron a los intereses generales, y a estructuras económicas esenciales del Estado, los daños concretos que se causaron a los perjudicados y las graves lesiones sufridas por las víctimas del delito, no solo exigen su esclarecimiento promoviendo la acción de la justicia, sino que además exige, en defensa de la legalidad, que la instrucción y enjuiciamiento se efectúe por el órgano judicial que ostenta la competencia objetiva y funcional para ello, que en este caso sería de la Sala Segunda del Tribunal Supremo», zanja García Castellón.
Duras críticas
El propio instructor, en su auto, incluye un duro varapalo a la Fiscalía por su aparente obsesión en que no haya una acusación de terrorismo contra Puigdemont, Rovira y los otros diez lideres independentistas encausados en este sumario de Tsunami Democràtic. «Debe reflexionarse sobre el hecho singular de tener que insistir ante al órgano que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, sobre la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial por delito de terrorismo», reprocha el juez, quien en otro auto rechaza el recurso de Marta Rovira contra la decisión de cursar una comisión rogatoria a Suiza para que comunique su paradero.
Fue el pasado 21 de noviembre cuando García Castellón pidió enviar la causa de Tsunami al Supremo, en contra de las tesis de la Fiscalía que aseguraba que no existen pruebas para acusar a Puigdemont en esta causa y que había pedido que el sumario pasase a la justicia ordinaria al no apreciar un delito de terrorismo. Entonces, el juez afirmó sin tapujos que el exjefe del Ejecutivo autonómico se situaría en el vértice más alto de la organización de Tsunami Democràtic y añadía que su posición como expresidente y líder desde Bruselas del independentismo le confiere «una posición de autoridad incuestionable».
Y no solo eso. El juez, en las antípodas de la tesis exculpatoria de la Fiscalía con respecto al exjefe de Gobierno, afirmaba que existen indicios que permiten inferir que Carles Puigdemont participó en el «nacimiento y planificación» de las acciones de Tsunami, que provocaron durante semanas el caos en diversos puntos de Cataluña durante el otoño del 2019, entre ellos la toma del El Prat, cortes de vías de comunicación o el continuo asedio de la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana, en Barcelona.
García Castellón explicaba en noviembre que entre esos indicios contra el hoy europarlamentario se encuentran los mensajes a través del móvil entre los investigados Josep Lluís Alay (asesor personal y hombre de confianza de Puigdemont) y Jesús Rodríguez, las anotaciones de la agenda del primero o el impulso del expresidente a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma de Tsunami.