La Audiencia Nacional rechazó asumir las macrocausas contra narcos en el Estrecho

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Javier Zaragoza, fiscal del Tribunal Supremo, no llegó a asumir el cargo propuesto por Interior.
Javier Zaragoza, fiscal del Tribunal Supremo, no llegó a asumir el cargo propuesto por Interior. Tribunal Supremo | EFE

Las peticiones de Interior y la elección de un fiscal especial fracasaron

17 feb 2024 . Actualizado a las 20:51 h.

La Audiencia Nacional cerró la puerta hace solo tres años a la posibilidad de asumir las grandes causas para combatir al narcotráfico en el Estrecho. Un fenómeno criminal que ha vuelto a la agenda con toda su crudeza tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) al ser arrollados de forma intencionada la zódiac en la que iban por una potente narcolancha.

Las reuniones que mantuvieron a principios de 2020 altos cargos del Ministerio del Interior con jueces y fiscales del tribunal central y de Antidroga no fructificaron por diferentes motivos, según explican fuentes conocedoras de los encuentros. Desde Interior se transmitió en vano a sus interlocutores la necesidad de que interviniera la Audiencia. Trataron la creación de la unidad especial de la Guardia Civil OCON-Sur en el Campo de Gibraltar, en julio de 2018, que permitió recuperar en pocos meses el principio de autoridad y la iniciativa contra este crimen.

Pero tras una evaluación de este operativo en febrero de 2020 se observaron importantes carencias en la respuesta judicial. La Audiencia Provincial de Cádiz, responsable de juzgar estos sumarios, ya estaba entonces desbordada. De las ocho secciones existentes solo una se encuentra en Algeciras, en cuyo puerto se encontraba desplegado OCON-Sur. Solo en este partido judicial se tramitan unos 700 asuntos al año sobre tráfico de estupefacientes.

La propuesta de Interior pretendía romper esta situación y lanzar un aviso a los narcos. Buscaba impulsar desde la Audiencia lo que se denominó «Nécora dos». Una continuación de la mítica macrooperación de los años noventa en Galicia, liderada por el juez Baltasar Garzón y el fiscal antidroga Javier Zaragoza. Centenares de policías desplazados desde Madrid arrestaron en sus casas a grandes contrabandistas de tabaco reconvertidos en traficantes de cocaína y heroína con conexiones internacionales. En 2020, la entonces fiscal general Dolores Delgado dio el visto bueno y se pensó precisamente en Zaragoza para liderar esta iniciativa. 

Zaragoza no asumió el cargo

Para ello, se creó una novedosa figura para coordinar todas las investigaciones en el Campo de Gibraltar, con especial énfasis en combatir el blanqueo de capitales procedente del narco. El ahora fiscal del Supremo aceptó, pero la Asociación de Fiscales, de sensibilidad conservadora, anunció un recurso contra su designación por estimar que se había aprobado en un decreto ilegal, basado en una valoración equivocada de los resultados en la zona.

La propuesta causó también un cisma en la Fiscalía Antidroga, dirigida entonces por José Ramón Noreña desde su despacho de la Audiencia Nacional. Consideró que esta nueva figura producía «solapamientos» en el organigrama y «más que solucionar un problema iba a complicar más la situación». Con este panorama, Zaragoza dimitió antes de tomar posesión del cargo.

«Hace tres años se perdió una gran oportunidad de centralizar la respuesta judicial contra el narco en el Estrecho», explican fuentes conocedoras de esas reuniones, que aluden también a la falta de voluntad de algunos jueces de la Audiencia y su interpretación restrictiva de la ley para no asumir la competencia de los delitos que lleva aparejado este fenómeno transnacional. Un crimen organizado que ahora ha dado un salto cualitativo tras los asesinatos de Barbate.