Óscar Puente defiende que solo Ábalos «puede responder» por el nombramiento de Koldo García
ESPAÑA
El titular de Transportes afirma que las mascarillas tuvieron «un precio razonable» en pandemia y que los contratos bajo sospecha ya los auditó el Tribunal de Cuentas
20 mar 2024 . Actualizado a las 21:37 h.El ministro de Transportes, Óscar Puente, intervino este miércoles n el Congreso para responder por los contratos de mascarillas del caso Koldo, la presunta trama de comisiones irregulares que sacude al Gobierno. Puente aseguró que «no puede responder por el nombramiento de Koldo García porque ya no está» en su departamento. Unas explicaciones que, en todo caso, debería de dar quien le nombró asesor, en este caso su antecesor José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto, señaló indirectamente Puente.
No obstante, el ministro aseguró que «será implacable con la corrupción» y que ya está llevando a cabo una auditoría interna en Transportes cuyo resultado será determinante para decidir si mantiene o cesa a otros presuntos cargos afectados, después de la salida el 5 de marzo del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por pérdida de confianza.
Según el sumario, este tenía «relación directa» con Koldo García, a la sazón consejero de este organismo público, e intervino en el primer contrato adjudicado que investiga el juez: 20 millones de euros a cambio de ocho millones de mascarillas. Un procedimiento que abrió la puerta para que la empresa «instrumental» del caso, Soluciones de Gestión, entrara en la línea de compra de otras administraciones. Según Puente, «una cosa es que un grupo de personas hayan tenido un comportamiento ilícito y otro que este comportamiento haya sido consentido desde Transportes», subrayó en su intervención en el Pleno de la Cámara Baja, en el que reclamó que se deje investigar y confió en que «el tiempo y la justicia pongan a cada uno en su lugar».
En todo caso, el ministro desde hace tres meses consideró que desde la oposición se pretende abrir una «causa general» dentro de su departamento «cuando no hay personas en activo que estén siendo investigadas». Ello pese a admitir que «algunos se lucraron de forma indigna, pero también hubo muchos profesionales que se dejaron la piel» para traer mascarillas en el peor momento de la pandemia.
Adjudicaciones auditadas Sobre los nueve contratos bajo sospecha que investiga un juzgado de la Audiencia Nacional —adjudicaciones de Transportes, Interior y los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias a Soluciones de Gestión por valor de 54 millones de euros—, Puente recordó el marco jurídico aprobado en marzo de 2020 para tramitar los contratos de emergencia (sin publicidad) y señaló que Ábalos era entonces autoridad competente para el suministro del material sanitario. «Las mascarillas tuvieron un precio razonable en aquellos momentos, desorbitados en otros, y aquellas defectuosas fueron devueltas en un plazo adecuado. Los contratos fueron auditados por el Tribunal de Cuentas y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y no vieron nada irregular», señaló el ministro sobre la tramitación administrativa de estos contratos. Según la investigación judicial, la empresa bajo sospecha cuantificó las mascarillas a un precio medio de 2,5 euros cada una entre marzo y abril de 2020, cuando estalló la pandemia de coronavirus