Bolaños desautoriza al PSOE y dice que «no tiene sentido» citar al fiscal anticorrupción a la comisión de las mascarillas

Miguel A. Alfonso MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Atlas

García Ortiz pide al Congreso reconsiderar la citación por parte de los socialistas de Alejandro Luzón al órgano que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia

17 abr 2024 . Actualizado a las 15:37 h.

La lista de comparecientes para la comisión que investigará en el Congreso los contratos sanitarios durante la pandemia, ha generado discrepancias dentro del PSOE. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha desautorizado a su propio partido al afirmar que «no tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales», en relación a la citación del fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón.

Lo ha hecho después de que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, haya pedido por carta al presidente de la comisión, el diputado socialista Alejandro Soler Mur, que «se reconsidere la decisión» de llamar a Luzón.  

García Ortiz envió este martes por la tarde la misiva a la Cámara Baja, horas después de que se diera a conocer que el PSOE había incluido a Luzón en su lista de solicitudes de comparecencia, que finalmente recoge 134 nombres. Según precisan, en el Ministerio Público permanecen a la espera de recibir una respuesta de Soler Mur.

Compromiso

Los socialistas habían rechazado las peticiones de Junts y otros grupos de llevar a jueces a las comisiones de investigación, y Bolaños se había comprometido a que el PSOE no lo apoyaría nunca. Pero sobre los fiscales no fueron tan tajantes

Como explican estas fuentes, anticorrupción está «directamente involucrada» en muchos procedimientos objeto de la comisión y eso «podría perturbar» el trabajo del Ministerio Fiscal, que es el ejercicio de la acción penal pública. «La comparecencia podría constituir un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada o, incluso, para las alegaciones al derecho de defensa que pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones», señalan.