El juez Llarena mantiene la orden de detención de Puigdemont pese a la ley de amnistía
ESPAÑA
El instructor del procés da un plazo de cinco días a las partes para informar sobre la aplicación de la norma al expresidente catalán y otros tres procesados
11 jun 2024 . Actualizado a las 13:55 h.El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha dictado este martes una providencia en la que da un plazo de cinco días a las partes para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la ley de amnistía a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira, y sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos, como las órdenes nacionales de detención.
En este sentido, en la misma resolución el juez ordena que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que «continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención» de los cuatro procesados citados, adoptadas en auto de enero del 2023, «por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas». Llarena sortea así la letra pequeña de la entrada en vigor de ley de amnistía, que recoge que las medidas cautelares vigentes quedan suspendidas.
En la práctica, esto supone que, de momento, la previsión de Puigdemont de acudir en persona a la sesión de investidura en el Parlament, cuya fecha tope es el 25 de junio, supondría su arresto para comparecer de inmediato ante el Supremo, donde está procesado en rebeldía en la causa del procés por los delitos de malversación agravada de caudales públicos y desobediencia.
Por su parte, el tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó la causa del procés y la magistrada Susana Polo, como instructora del caso Tsunami Democràtic, han dictado otras dos providencias en las que dan traslado también a la Fiscalía y demás partes personadas para que presenten alegaciones a la aplicación de la ley de amnistía en sus asuntos respectivos. En el segundo caso, referido a las protestas de la plataforma del 2019, se investiga a Puigdemont, entre otros, por un delito de terrorismo.