Sánchez amenaza con reformar el CGPJ si el PP no acepta renovarlo en 15 días
ESPAÑA
Bolaños, recién operado de apendicitis, cita a González Pons para el viernes
12 jun 2024 . Actualizado a las 23:04 h.Hace cinco años y seis meses que los españoles se levantan con el Poder Judicial caducado, como atrapados en un bucle temporal. «El día de la marmota ha durado demasiado: más de 2.000 días, y eso se acabó». Con esta metáfora cinéfila lanzó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un ultimátum al PP para que se avenga a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que acabe el mes de junio porque, en caso contrario, apuntó, planteará reformar la potestad de este para nombrar magistrados y hacerla «más objetiva, mucho más transparente y evidentemente no politizada».
En una entrevista en TVE, el jefe del Ejecutivo tachó de «auténtico atropello constitucional» y de inaceptable el actual bloqueo, del que hizo responsable a la formación de Alberto Núñez Feijoo. «Si en junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el Gobierno, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta al secuestro que está perpetrando a este órgano», aseguró. Para el también secretario general del PSOE, el «incentivo perverso» que tienen los populares para seguir bloqueando la renovación de los vocales de este órgano, dijo, es que pueden seguir controlándolos —el actual CGPJ tiene mayoría conservadora porque se conformó en el 2013, cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta; tendría que haberse renovado a finales del 2018—.
Cita con la Comisión Europea
Tras el órdago del socialista, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, recién operado de apendicitis, contactó con el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, y le propuso retomar mañana mismo las negociaciones para renovar la institución. Una reunión que este aceptó, con la única condición de que asista también la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, a la que ya trasladó su invitación para un encuentro de carácter urgente. Sin embargo, fuentes de Génova tacharon la advertencia de Sánchez de «chantaje» y de intento de desestabilización. «No aceptamos ultimátums de nadie [...]. Las bravuconadas de Sánchez solo pretenden tapar sus derrotas en las elecciones y en las Cortes Generales. Sus urgencias no son las nuestras», señalaron, en referencia a los resultados de los comicios europeos del 9 de junio.
Desde el equipo de Feijoo advirtieron de que no cambiarán su propuesta de que los jueces elijan a los jueces, «ahora con más razón», indicaron, tras denunciar en campaña los «ataques» a magistrados y periodistas que, en su opinión, hace el Ejecutivo socialista. «Ningún planteamiento que no pase por rebajar el control de los partidos sobre el CGPJ es aceptable», añadieron. El portavoz de la formación, Borja Sémper, insistió en que es fundamental garantizar la independencia judicial después de que el Gobierno «haya deslizado la idea de que los jueces cometían prevaricación».
La APM: «Es inaceptable»
Las críticas a la advertencia de Sánchez llegaron también desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, que mostró, a través de un comunicado, su «profundo rechazo y preocupación» porque la propuesta de privar al CGPJ de hacer nombramientos es «inaceptable», señaló, aunque reconoció que su mandato caducado es insostenible. A la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) le sorprendió el aviso del presidente y reclamó reformar la ley para que sea la carrera quien elija de forma directa a los doce vocales judiciales.
El anuncio de Sánchez fue recibido por un CGPJ fragmentado en dos bloques, como es habitual. Los vocales progresistas celebraron que se den pasos para desbloquear la situación y los conservadores rechazaron que pretendan retirarles una competencia que les atribuye la Constitución. A todos los invitó la ministra de Defensa, Margarita Robles, a dimitir y seguir el ejemplo del que fuera su presidente, Carlos Lesmes. «Pierden cualquier autoridad moral al hacer crítica cuando siguen ahí», lamentó.
El Consejo tiene hoy solo 16 vocales de 20, y la judicatura acumula ya un centenar de plazas sin cubrir, 25 de ellas en el Supremo.
El presidente promete llevar al Congreso un plan antibulos antes del verano
Sánchez se comprometió ayer, durante la sesión de control al Gobierno, a presentar un plan antibulos en julio. «Yo tengo muchos defectos, pero hablo claro, y hago. Me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y lo voy a presentar ante las Cortes Generales, no le quepa duda», señaló el socialista, que ya había anunciado que tomaría medidas contra los bulos tras reflexionar durante cinco días de abril si continuaba en la Moncloa pese a la campaña de «acoso y derribo» contra él y su familia.
Este paquete incluirá medidas para «mejorar» la rendición de cuentas y la transparencia de los medios de comunicación. En una entrevista en TVE, el presidente apostó por un debate público sano y por garantizar «la pluralidad informativa y la defensa de la veracidad de la información».
Sánchez adelantó que el PSOE y Sumar ya están trabajando en este plan, para el que se traspondrá la directiva de la UE sobre la libertad de los medios de comunicación en la que se aborda su transparencia y financiación. Este reglamento obligatorio, que entró en vigor el pasado mayo, establece que los medios tienen que informar sobre las ayudas estatales recibidas, incluidas las procedentes de países no comunitarios, y que los fondos destinados a plataformas en línea deben ser «públicos, proporcionados y no discriminatorios».
Las seis claves del plan Guilarte
M. Balín Madrid / Colpisa
El pasado 23 de abril, el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, se descolgó con una propuesta para erradicar la «contaminación política» del sistema de nombramientos de los altos cargos judiciales, con especial mención de los magistrados del Tribunal Supremo. Este documento de 17 páginas pretende evitar, además, futuros bloqueos en la renovación del Consejo y plantea dos fórmulas para la elección de sus 20 vocales. Estas son las claves de la propuesta remitida a las Cortes (Congreso y Senado) para que los grupos parlamentarios, fundamentalmente PSOE y PP, estudien la iniciativa, que ayer cogió impulso tras el ultimátum de Pedro Sánchez.
elección de magistrados
Nombrados por una comisión cualificada de 5 miembros. Compuesta mayoritariamente por vocales y magistrados del Supremo, estaría presidida por un vocal magistrado del alto tribunal o por un especialista con cualificación similar a la de este último.
composición de comisiones
Cinco miembros. Serían tres magistrados del Supremo seleccionados por sorteo y turno rotatorio, y dos profesionales cualificados en función de la Sala.
comisiones
Según la Sala. La Primera (Civil) podría completarse con un catedrático de la especialidad, de 20 años de antigüedad y por un letrado con acreditada experiencia casacional. Para la Segunda (Penal), un fiscal de Sala; y para la Tercera (Contencioso-Administrativa), un abogado del Estado con experiencia casacional.
elección de vocales
Designación parlamentaria de 8 de los 20 vocales. Si son ajenos «a toda contaminación política previa», deberían representar al Notariado, el Registro, la Abogacía, el Cuerpo de Letrados de Justicia, la Abogacía del Estado y la Procura. Introduciría causas de inelegibilidad como haber sido miembro de un Gobierno nacional y/o autonómico, diputado nacional y/o autonómico, senador, alcalde o concejal. Se necesitarían reformar los artículos 573, 578.2 y 567 de la LOPJ.
vocales judiciales
Los jueces eligen a 12 de los 20 vocales. Evitaría que las asociaciones de la carrera proyectasen su afinidad partidista en sus propuestas de candidatos y que la elección de jueces no adscritos a asociaciones fuese proporcional. Se necesitaría reformar los artículos 570, 572 y siguientes hasta el 578 de la LOPJ.
comisión permanente
Reduciría a 5 sus miembros con dedicación exclusiva, frente a los 7 actuales, y la elección de presidencias de audiencias, TSJ y Salas se realizaría entre los jueces del territorio o la Sala correspondiente. Se derogaría de forma parcial la Ley Orgánica 4/2018 para que no entre en vigor el artículo 579.1 de la LOPJ.