Begoña Gómez acusa al juez de violar la Constitución por no aclararle por qué la investiga
ESPAÑA
El abogado de la imputada insiste en que Peinado sigue sin revelar el «elemento esencial» por el que se acusa a la mujer del presidente
18 jun 2024 . Actualizado a las 17:41 h.La guerra entre Begoña Gómez y el juez Juan Carlos Peinado, que le investiga por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, se recrudece. La defensa de la mujer del presidente acusa ya directamente al instructor de conculcar diferentes normas nacionales e internacionales, entre ellas la propia Constitución, por no aclarar exactamente de qué acusa ahora a la imputada, después de que la Fiscalía Europea le reclamara la parte central de la causa: los contratos millonarios de la administración central al empresario Juan Carlos Barrabés recomendado por Gómez.
Las quejas de las supuestas irregularidades por parte del instructor se recogen en el escrito de reforma que el letrado de la esposa de Pedro Sánchez (el exministro del Interior Antonio Camacho) presentó este martes a la última providencia de Peinado en la que éste confirmaba que Gómez sigue imputada en este procedimiento. El juez argüía que todavía, tras las inhibición a favor de la justicia europea, quedan «otros dos bloques» bajo investigación después de haber recibido «nuevos documentos». Eso sí, el instructor en ningún momento de la resolución daba una sola pista cuáles son esas dos nuevas líneas, después de que la Audiencia Provincial de Madrid cegara la otra línea que constaba en la denuncia primigenia: las ayudas millonarias a Air Europa durante la pandemia después de que Gómez coincidiera en dos actos con responsables de la aerolínea.
La defensa de la mujer de Sánchez alega que esa escueta diligencia supone una violación al derecho a la tutela judicial efectiva de su defendida por reincidir en la falta de información. Se queja Camacho de que el juez, ni en esa resolución ni en ninguna otra, ha aclarado el «un elemento esencial de todo procedimiento penal como es el conjunto de hechos que se imputan a la única persona que estaba sujeta a investigación». Una situación, insiste la representación de Gómez que «afecta gravemente los derechos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), la Constitución y distintas normas europeas e internacionales atribuyen a mi representada».
En particular, el recurso incide en la violación que supuestamente Peinado está haciendo del artículo 118 de la Lecrim, que establece que «toda persona a quien se atribuya un hecho punible (...) será informada de los hechos que se le atribuyan, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados».
Multitud de denuncias
El abogado de Gómez afirma que «la lectura de las actuaciones no aclara tampoco el objeto del presente procedimiento», sobre todo porque hay gran cantidad de acusaciones populares «denunciando todo tipo de hechos», más allá de los contratos a Barrabés. Para la defensa de la mujer de Sánchez, estas circunstancias de opacidad son especialmente «graves», «máxime si tenemos en cuenta que esta citada a declarar en unos días sobre unos hechos que desconoce». Su interrogatorio está previsto el próximo 5 de julio.
El enfrentamiento epistolar entre Gómez y el juez comenzó la pasada semana cuando la defensa de la imputada exigió a Peinado que aclarara por qué investiga ahora a la esposa de Sánchez, ya que las imputaciones hasta entonces eran «exactamente» por los mismos «hechos» que ya han sido remitidos a la UE porque la Fiscalía Europea por haber indicios de que hay involucrados fondos comunitarios. Se trata de las cuatro adjudicaciones en tres expedientes que permitieron al empresario Juan Carlos Barrabés embolsarse 10,6 millones de euros de dinero público al ganar los concurso del ente público Red.es, después de que la esposa de Sánchez escribiera dos cartas de recomendación para Barrabés.
El pasado domingo, Peinado contestó a Sánchez confirmándole que sigue encausada a pesar de la inhibición a favor de la UE, al tiempo que negaba que investigación haya quedado vacía de contenido, como sostenía Camacho. «Es una interpretación subjetiva, que extrae una conclusión interesada y no ajustada a la realidad, pues en el auto resolviendo el recurso de apelación (el de la Audiencia Provincial) no se contiene esa afirmación, sin perjuicio de que se haga referencia a esos contratos (los de Barrabés) como indicativos de claros indicios, que permiten la deducción de la presunta comisión de un hecho delictivo», afirmaba el instructor.
En esa misma resolución, es la que el titular del Juzgado de Instrucción 41 apuntaba a que su investigación actualmente incluye «tres bloques fácticos de documentos» y «los contratos a los que se refiere el auto por el que se concede la avocación parcial a la Fiscalía Europea es uno de esos bloques, pero existen otros dos bloques, que no conciernen a esos contratos».
Ya el pasado 7 de junio, en la misma providencia que cedía la instrucción a la UE sobre los polémicos contratos conseguidos por el empresario Juan Carlos Barrabés, el juez ya dejaba claro que, tras la «avocación realizada por la Fiscalía europea», se inhibía «exclusivamente respecto de los hechos y delitos a los que se hace referencia en los fundamentos jurídicos primero de la presente resolución» (las adjudicaciones al empresario amigo de Gómez).
Lo que sigue siendo un misterio - y de ahí la queja de Gómez- es exactamente cuáles son esos dos bloques que sigue investigando. Y es que por mucho que el juez haya al abogado de la imputada a consultar la causa sobre la que ya se ha levantado el secreto para saber por dónde se está indagando en esos papeles no hay ningún indicio de por dónde van los derroteros ahora.
A falta de más pistas, fuentes cercanas al caso apuntan a que una de esas líneas de investigación que sigue adelante sería la abierta a raíz de la ampliación de denuncia del colectivo Hazte Oír (que es acusación popular en estas diligencias previas) y que ahora también acusa a la mujer del presidente del Gobierno de los presuntos delitos de administración desleal, malversación e intrusismo por haberse apropiado en su nueva empresa de un software que pagó la Universidad Complutense para asesoramiento y labores de consultoría de pymes.