Suspendida la declaración de Begoña Gómez hasta el 19 de julio

La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA

Begoña Gómez sale en coche del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tras suspender el juez Juan Carlos Peinado su comparecencia y citarla de nuevo para el próximo día 19
Begoña Gómez sale en coche del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tras suspender el juez Juan Carlos Peinado su comparecencia y citarla de nuevo para el próximo día 19 Mariscal | EFE

La esposa del presidente del Gobierno estaba citada a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en la causa que tiene su origen en una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias

05 jul 2024 . Actualizado a las 16:02 h.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alegado al inicio de su declaración en un juzgado madrileño que no conoce los extremos de la querella de la asociación Hazte Oír por la que este viernes ha comparecido ni de qué se le acusa, por lo que el juez ha estimado suspender su declaración y retomarla el próximo día 19 de julio.

Así lo han manifestado fuentes jurídicas después de un receso que ya ha concluido y en el que Gómez ha podido leer los términos de la acusación. Gómez ha llegado a las 10:18 horas a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para declarar como investigada por presunto tráfico de influencias en relación a varios contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés.

Lo ha hecho por un acceso no identificado lejos de las cámaras acompañada de cuatro personas y protegida por un amplio dispositivo de seguridad para comparecer por el presunto caso de tráfico de influencias y corrupción del que se le acusa.

Casi una decena de furgones estaban apostados desde las 7.30 horas en los alrededores de los juzgados de Plaza de Castilla para esperar la llegada de Gómez, que tenía permiso para acceder a la sede judicial a través del garaje por motivos de seguridad. Por su parte, los numerosos periodistas que montan guarda desde muy temprano, habían sido ubicados en una zona vallada en mitad del Paseo de la Castellana, y no en la acera de los juzgados, como suele ocurrir en otras declaraciones.

Gómez estaba citada a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el marco de una causa que tiene su origen en una denuncia de Manos Limpias. En el procedimiento también ejercen la acusación popular Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política. La Fiscalía se opuso a que se admitiera la denuncia inicial.

Se encuentra «perfectamente»

Según el abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, la esposa del presidente se encuentra perfectamente, «sin perjuicio de que esto no es agradable para nadie». Si el juez hubiera aclarado cuáles son los hechos objeto de investigación, el abogado ha asegurado que la esposa del presidente del Gobierno hubiera declarado porque «tiene ganas».

Camacho ha indicado que el juez ha actuado «sorpresivamente y en contra de principios básicos del procedimiento penal» al informarles justo el día de la declaración de que había admitido una nueva querella, la de Hazte Oír, «que no se nos ha notificado y que se nos ha dado traslado en este momento». Tras afirmar que su cliente no tenía ninguna duda de que quería colaborar con la administración de Justicia, Camacho ha recordado que la ley otorga a los acusados el derecho «básico» de «tener conocimiento de los hechos que son objeto de la investigación».

Ha añadido que han enviado casi semanalmente escritos al juez pidiéndole que les informara de los hechos por los que está siendo investigada y finalmente dictó un auto esta misma semana en el que limitaba la investigación a la denuncia inicial, la de Manos Limpias, aunque excluía los contratos que fueron abocados a la Fiscalía Europea. La Audiencia Provincial, previamente, había limitado la investigación a varios contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, ha recordado el letrado.

Camacho ha explicado que han tomado la decisión de no declarar este viernes «porque no cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente».

Las declaraciones del rector de la Complutense

El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, ha declarado ante el juez que investiga a Begoña Gómez que, antes de que ella pasase a codirigir una cátedra en el centro, mantuvieron una reunión en la Moncloa, si bien ha negado cualquier irregularidad en torno a la mujer del presidente del Gobierno.

Según han explicado a la salida de los juzgados el letrado de Iustitia Europa y del Movimiento de Regeneración Democrática, Luis Pardo y Aitor Guisasola, el rector de la Complutense se reunió con Begoña Gómez a petición de ésta, en una fecha que no han concretado. «Le llamó Begoña Gómez para que se pasara por La Moncloa para ver si hacían la colaboración», ha dicho Pardo, que ha detallado que luego Begoña Gómez fue contratada para la cátedra. En esa reunión el rector ha insistido en que solo vio a Begoña Gómez, según ha precisado.

Otras fuentes jurídicas han precisado que el rector ha explicado que no es necesario tener una licenciatura para codirigir un máster en la Complutense, sino que simplemente basta con tener experiencia en la materia y Begoña Gómez la tenía desde el 2012. Sobre la presunta apropiación indebida de un software para el máster de la cátedra que Begoña Gómez codirigía, el rector ha asegurado que no sabía nada al respecto pero ha sido un tema que se ha abordado tangencialmente.

Recursos contra la citación

Esta citación de Begoña Gómez ha sido objeto de varios recursos por parte de su defensa (dirigida por el exministro Antonio Camacho) y por parte de la Fiscalía. Ambos entendían que, tras la decisión de la Fiscalía Europea de quedarse con la parte de la causa relativa a adjudicaciones de Red.es a una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés -que contaba con cartas de recomendación de Gómez-, el juez debía especificar qué hechos mantenían viva la investigación.

Peinado, en un auto firmado esta misma semana, respondía a esas dudas señalando que investiga «todos los actos, conductas y comportamientos» llevados a cabo por Begoña Gómez «desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial» presentada por el sindicato Manos Limpias, en relación con sus presuntos vínculos con Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.

El juez no daba mayor detalle de esos contratos a los que aludía en su auto, pero sumaba además que también se debían tener en cuenta los hechos incluidos en la querella que presentó con posterioridad Hazte Oír -aunque tampoco los detallaba-.

Además, Peinado indicaba en su último auto que no tenía obligación de informar a la defensa antes de tomarle declaración como investigada. Este viernes, Begoña Gómez podrá acogerse a su derecho a no declarar, contestar solo a las preguntas de su letrado o responder al juez y al resto de partes del procedimiento; es decir, Fiscalía y la acusación popular que dirige Vox en representación también de Manos Limpias, Hazte Oír, Movimiento de Regeneración Política de España, Iustitia Europa, aunque el eurodiputado Jorge Buxadé se quedó fuera por orden del juez.

El juez ha accedido a que todas las acusaciones populares estén presentes en el interrogatorio, pero ha insistido en que Vox será la única que podrá tomar la palabra. Está previsto que tras la declaración de Gómez comparezca como testigo el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, a las 13.00 horas.

Manos Limpias señala los contratos con Barrabés

Ocurra lo que ocurra, lo evidente es que sobre la mesa del juez puede haber hasta tres escritos que giren en torno a la figura y posibles actividades de la esposa de Pedro Sánchez: la denuncia transformada en querella de Manos Limpias, la querella de Hazte Oír -que contó con una ampliación- y una tercera querella de Vox que, de momento, se desconoce si por reparto ha caído en otro juzgado distinto al suyo.

En la denuncia que provocó la apertura de la causa, Manos Limpias, el sindicato dirigido por Miguel Bernad, se acusaba a Gómez de actuar «prevaliéndose de su estatus personal» como esposa del presidente del Gobierno: «Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».

Desde el sindicato aseguraban que uno de los empresarios «beneficiados por esas recomendaciones o avales» de Gómez es Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. «Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada», sostenía la denuncia, que añadía que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.

Por otro lado, apuntaba que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del caso Koldo, era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara «el rescate (...) de la compañía».

A esto sumaba que Air Europa «pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada» y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.

El 29 de mayo, informa Europa Pres, al tiempo que la Audiencia Provincial de Madrid avalaba la investigación del juez -si bien acotaba que se debía centrar en los contratos públicos con los que se hizo Barrabés-, la plataforma Hazte Oír presentaba una nueva querella contra Gómez.

La asociación atribuye a la esposa del presidente un presunto delito de tráfico de influencias al asegurar que «las empresas que de algún modo han tenido relación o vínculo» con Gómez desde que Sánchez fue nombrado presidente del Gobierno «han mejorado su facturación, alguna casi en un 4.000%».

Hazte Oír subraya que Gómez «ha comparecido en distintos foros y eventos empresariales, en ocasiones junto a altos cargos del Gobierno», y ha «realizado viajes oficiales en acompañamiento de su esposo, a lugares en los que ella tenía sus propios intereses laborales/profesionales/comerciales».

En su escrito, la asociación pone el foco en un «contrato de adjudicación directa concedido por el Gobierno de Sánchez a Inmark Europa, de la que es accionista Begoña Gómez». Destaca también la «relación» de la investigada con el Grupo Globalia y los rescates del Ejecutivo a diversas empresas del Grupo. Y añade «las reuniones» en las que «se presenta como esposa del presidente».

Asimismo, Hazte Oír denuncia que la Universidad Complutense de Madrid «contrató el desarrollo de una web para captar datos de potenciales clientes bajo la marca Transforma TSC»,de la que Gómez es administradora única, según la querella.

Vox pone el foco en el software patentado cuando estaba en la UCM

Vox, por su parte, presentó una querella contra Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el software que patentó en el marco del máster de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía.

La formación sostiene que Gómez «prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno y de su condición privilegiada en la UCM (...) habría desarrollado un software para empresas a través de recursos de naturaleza pública; cuando las empresas Telefónica, Google e Indra, esta última participada en un 28% por la SEPI, declinaron la continuación del proyecto software de la querellada».

Señala además que la esposa del presidente del Gobierno, tras conseguir el correspondiente registro de la patente, «utilizó el canal de contratación de la UCM para lograr la financiación restante para la finalización de dicho aplicativo».

Vox considera que «existen pruebas» que acreditan «la dudosa adecuación a la legalidad de la creación y desarrollo de la cátedra analizada» y «la utilización de esta cátedra para fines espurios propios y personales».

El partido asegura que desde la cátedra, «y por tanto con fondos públicos», se «ha hecho provecho de los contactos, visibilidad e intervenciones desde un ámbito institucional como la Universidad Complutense para facilitar de forma subrepticia la actividad empresarial, encubierta y propia de la sociedad de la querellada».

Jocosidad de la oposición

En lo que respecta al ámbito político, el PP ya se ha pronunciado en redes por el caso y ha publicado un mensaje a través de X con la etiqueta #FreeBego a modo de burla. Por otro lado, el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, indicó que «es extraordinariamente grave la falta de ética y estética de la mujer de Sánchez con el conocimiento del presidente del Gobierno», y defendió la libertad de los tribunales y su vocación de aplicar el derecho.

Denunció además que Sánchez conocía que su mujer tenía negocios en los que aprovechaba su condición para obtener fondos públicos, con intereses en contratos de la administración pública: «Es lamentable a todo lo que estamos asistiendo», agregó a la par que destacó que Gómez declara ante el juez pero es Sánchez quien debe comparecer ante los españoles para explicar los negocios de su mujer».

Además, fuentes oficiales del PP señalaron que «Begoña Gómez y su defensa no parecen estar por la labor de facilitar la acción de la justicia, de la misma forma que no han dado una sola explicación a la opinión pública hasta ahora». Las mismas fuentes añadieron que «toda España sabe qué hechos y conductas se están investigando; toda España menos, al parecer, Begoña Gómez y su abogado. Y eso que ayer el dispositivo de seguridad de Moncloa organizó la declaración de Gómez . El gobierno socialista no solo amnistía e indulta su corrupción, sino que además intenta obstruir la acción de los que investigan la que no pueden tapar».

Por parte del Ejecutivo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha destacado la «tranquilidad» con la que asumen desde el Partido Socialista la declaración de la mujer del presidente porque «no hay nada» de lo que culpar a Begoña Gómez, y ha subrayado además que su imputación se debe a una «denuncia falsa» de Hazte Oír y Manos Limpias.

Y por otro lado, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha insistido este viernes en que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dicho que «no hay nada» contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, y ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de atacar a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Lobato ha recalcado que respeta la justicia y que «el sistema funciona», aunque «siempre puede haber un juez que se equivoque» y que para eso están «las vías de recurso». También ha valorado la presencia de manifestantes fuera de los Juzgados de Plaza de Castilla, remarcando que no tienen autorización de la Delegación de Gobierno y que «va contra la norma».

Preguntado por la comisión de investigación sobre la Universidad Complutense de Madrid y Begoña Gómez registrada por el PP en la Asamblea, ha puesto el foco en la «autonomía universitaria para decidir sus temas de gestión y fiscalizar y controlar su propia acción de gobierno». «Nosotros hemos presentado nuestro escrito de oposición creemos que ya fue un error que la Mesa lo calificara porque la autonomía es evidente que debía haber operado e impedido que la Asamblea vaya a entrar en eso y ahora hemos presentado ese escrito de oposición y habrá que debatirlo en un Pleno y tendrá que dar el PP las razones», ha expuesto Juan Lobato, quien ha cuestionado la «utilidad para los madrileños» de esta comisión.

Vox y el resto de acusaciones cargan contra el aplazamiento: «Es un trato que no se da a ningún otro investigado»

El eurodiputado y coordinador nacional jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha lamentado que Begoña Gómez «se niegue a dar explicaciones» ante el juez y a los españoles «que siguen esperando su declaración». Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras la suspensión de la comparecencia. «Los españoles siguen esperando esa declaración de Begoña Gómez y que dé explicaciones de las acusaciones suficientemente graves que nos han llevado a la apertura de una causa», ha subrayado el eurodiputado de Vox.

Ha considerado que la esposa de Sánchez «no puede ser tratada de forma diferente, con un privilegio respecto del resto de los españoles que tienen que acudir a declarar ante un juez de instrucción», y ha criticado también las medidas «de opacidad», la «falta de transparencia», algo que «ni siquiera tuvo la Casa Real en sus declaraciones en los procesos judiciales en los que se ha visto envuelta».

Ha calificado de «circo mediático» lo sucedido este viernes en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla: «Hemos visto aquí yo creo que al menos 20 furgones policiales, los mismos números que en un partido de alto riesgo en el Bernabéu y, por supuesto, esos policías no están donde deberían estar, protegiendo la seguridad de los españoles».

Cree Buxadé que la esposa del presidente del Gobierno se ha aprovechado de los derechos que se reconocen en la Constitución, «con una falta de respeto evidente al juez, al Poder Judicial, a las acusaciones personadas en la causa y a todos los españoles». «Lo hace porque está envalentonada con la posición política de su marido que, a su vez, está envalentonado con el acuerdo que ha alcanzado con el PP para el Consejo General del Poder Judicial», ha afirmado.

Por su parte, Luis María Pardo, abogado de una las acusaciones populares, y Carlos Perales, abogado de Manos Limpias, se han mostrado sorprendidos de que Begoña Gómez haya argumentado que no sabía de qué se le acusaba y han criticado el «circo» de seguridad que se ha desplegado a su alrededor.

El presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y su abogado, Javier Pérez Roldán, han lamentado también «el gasto que se ha hecho en policías», y han calificado de «abuso» y «mala fe procesal» el decir que no conocen la querella. «Es un trato que no se da a ningún otro investigado», ha denunciado Pérez Roldán.