Gobierno y PP se retan a otro gran pacto para el reparto de menores inmigrantes
ESPAÑA
Feijoo, que afronta la presión de Vox, garantiza su apoyo a la cumbre del miércoles
08 jul 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El miércoles, Gobierno y comunidades autónomas se dan cita en Tenerife para buscar una solución para acoger a miles de menores extranjeros no acompañados (menas). Estos niños y adolescentes no pueden ser expulsados del territorio nacional tras llegar a España, algo que la inmensa mayoría de ellos lograron tras arriesgar sus vidas en el mar a bordo de una patera o un cayuco. Según zanjó el Tribunal Supremo en una sentencia de abril del 2023 y que marcó jurisprudencia, «la ausencia de autorización de residencia no impedirá el reconocimiento y disfrute de todos los derechos que le correspondan por su condición de menor». Es decir, que ninguna persona que no haya cumplido los 18 años puede ser devuelta a su país de nacimiento sin una petición expresa de sus familiares que atestigüe ante la Justicia española el origen del menor a repatriar. La sentencia del Supremo, aplaudida por las oenegés dedicadas a la asistencia migratoria y de la infancia, ha acabado derivando en un grave problema de saturación en las áreas sometidas a una mayor presión de arribadas; especialmente, en Canarias, Ceuta, Melilla y Andalucía.
Gobierno y PP se muestran dispuestos a dialogar para encauzar el desafío y aprobar una reforma de la ley de extranjería que permita distribuir a los menores de forma solidaria entre todas las comunidades, aunque los Gobiernos populares de algunas de ellas plantean objeciones, sometidos en paralelo a la presión de Vox. Este es el contexto que enmarca la decisiva cita de este 10 de julio, en la que el Gobierno y el PP se retan a un nuevo pacto tras desbloquear el CGPJ.
Colapso en Canarias
El archipiélago acoge hoy a 6.000 menores no acompañados, lo que supone casi la mitad de los que están registrados por el Ministerio del Interior en toda España. El Gobierno canario, que tiene solo capacidad para asistir a 2.000 menores, alerta que de seguir el ritmo actual de llegada de cayucos a sus costas la cifra a final de año podría alcanzar los 11.000 niños y jóvenes inmigrantes de ambos sexos a los que atender en su territorio.
La propuesta del Gobierno
El Ejecutivo central y el Gobierno de las islas, presidido por Coalición Canaria en coalición con el PP, han alcanzado un acuerdo para proponer al Congreso una reforma del artículo 35 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros y su Integración Social, aprobada en el 2000 por el Ejecutivo de José María Aznar. En concreto, se pretende establecer por ley que cuando una comunidad autónoma vea sobrepasados en un 150 % sus servicios de asistencia, el resto de ellas deban acoger por obligación a parte de estos menores. La distribución entre territorios se establecería en función del PIB y la población de cada territorio.
La intención del Gobierno central es aprobar la reforma antes del final de este mes de julio. El ministro de Política Territorial, el expresidente canario Víctor Ángel Torres, mantiene que con el apoyo del PP la modificación legislativa sería cuestión de días.
El PP tiene la llave
La propuesta de reforma de la ley de extranjería no tiene de momento los votos para ser aprobada por la Cámara Baja, pese a requerir de una mayoría simple. Será el PP el que decida en última instancia si sale adelante. La dirección nacional de los populares ha insistido durante la última semana que el partido apoya la solidaridad entre los territorios para acoger a los menores no acompañados. Eso sí, reclama que, pese a que las competencias de asistencia a esos chicos pertenecen a las comunidades autónomas, el Gobierno debe aportar los fondos para que la distribución de estos niños y jóvenes se pueda llevar a cabo con las garantías necesarias. El PP reclama a transferencia de 500 millones desde las arcas del Estado a los ejecutivos regionales.
Abascal amenaza a Feijoo
Vox amaga con la ruptura de recibirse a un solo menor no acompañado en los territorios en los que la derecha radical está coaligada con los populares: Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y Extremadura. La formación de Santiago Abascal llevará iniciativas en todos los Parlamentos regionales en los que cuenta con representación para que se cierren los centros públicos que acogen a los menores inmigrantes y su inmediata repatriación de todos ellos a sus países de origen, lo que significaría saltarse la resolución del Tribunal Supremo. La primera proposición no de ley de Vox fue presentada el martes en la Asamblea de la Comunidad de Madrid ante «el peligro que supondría» la llegada de esos menores para la ciudadanía. «Esperamos que esos Gobiernos regionales de los que formamos parte hagan todo lo que esté en su mano para evitar el reparto de inmigrantes ilegales en su territorio», ha avisado Abascal a Feijoo, que ha garantizado la solidaridad interterritorial aunque endureciendo el discurso. El partido ha emulado a Vox al sugerir la intervención de la Armada para intentar refrenar la inmigración ilegal.
Junts no quiere acoger menores
Al rechazo de Vox a la distribución de los menores se suma el de Junts. La formación de Carles Puigdemont, acosada por su flanco derecho por la formación independentista y xenófoba Aliança Catalana, ya ha adelantado que no permitirá con los votos de sus siete diputados en el Congreso que lleguen menores inmigrantes a Cataluña. Su posición hace imprescindible el apoyo o la abstención del PP a la reforma propuesta por el Gobierno de la ley de extranjería, dada la aritmética parlamentaria.