El Supremo archiva el caso Tsunami en el que se acusó a Puigdemont de terrorismo

La jueza del Tribunal Supremo Susana Polo, instructora del caso Tsunami Democràtic en el alto tribunal, archivó ayer la causa abierta contra los aforados Carles Puigdemont y el diputado de ERC, Ruben Wagensberg, por un delito de terrorismo, que era un obstáculo para la aplicación de la amnistía. Pocas horas después, el juez de Barcelona Joaquín Aguirre envió una exposición razonada al Supremo contra Carles Puigdemont, y otras 11 personas por caso Voloh, las presuntas conexiones de altos cargos de la Generalitat con las injerencias de Rusia en el independentismo catalán. En su escrito, recoge la posible comisión de los delitos de alta traición, —que no tiene encaje en la ley de amnistía—, organización criminal y malversación, y dirige la causa contra el también expresidente Artur Mas, el abogado Gonzalo Boye, el diputado autonómico de Junts Francesc d' Asís Dalmases, la exdiputada Elsa Artadi, el director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, los empresarios Jordi Sardà y Aleksander Dmitrenko y Zeus Borrel, y los periodistas Carles Porta y Natàlia Boronat.

En cuanto al archivo del caso Tsunami por la magistrada Susana Polo, de la Sala Segunda (Penal), esta confirma así la decisión tomada el lunes por su colega de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que vio cómo la Sala de Apelación anuló la práctica totalidad de su instrucción por un error del propio juez al prorrogar la investigación en el 2021 fuera de plazo.

La jueza Polo explica que toma esta decisión tras la resolución del tribunal de apelación presidido por Alfonso Guevara, que el lunes declaró nulas las diligencias acordadas por García-Castellón en los últimos tres años por haber dictado fuera de plazo (exactamente por un día) la extensión de la causa el 29 de julio del 2021. Ese pronunciamiento llevó a que el juez instructor tirara la toalla y decretara el sobreseimiento de las actuaciones respecto a las diez personas que investigaba en su juzgado.

La magistrada del Supremo responde ahora que antes del 29 de julio del 2021, que es el límite temporal para haber realizado diligencias de investigación según lo acordado por la Audiencia Nacional, «no se llevó a efecto ninguna investigación de la causa determinante de la participación de los investigados en los hechos que se le imputa [...], lo que impide que las actuaciones puedan continuar».

Por tanto, acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones para Puigdemont y Wagensberg. Contra esta resolución cabe recurso de apelación. La Fiscalía del alto tribunal, además, no acusa a los investigados por un delito de terrorismo, sino que mantuvo que a lo sumo pudieron cometer un delito de desórdenes públicos agravados por las protestas callejeras en respuesta a la sentencia del procés de octubre del 2019.

El terremoto procesal en el caso Tsunami, que ha acabado con el archivo de la dos causas abiertas, tiene un efecto directo sobre los doce encausados, quienes ya no tendrán que esperar a conocer si los hechos tenían encaje o no en la ley de amnistía. 

«El pánico de Puigdemont»

Por su parte, en al caso Voloh, el juez Aguirre señala que «poco antes de la Declaración Unilateral de Independencia, el 27 de octubre del 2017, la injerencia rusa estuvo a un paso de dar sus frutos. Si no llegó a hacerse efectiva ese día, según la persona que estuvo presente y que urdió la injerencia rusa, Víctor Tarradellas, fue porque el expresidente Puigdemont tuvo pánico». El magistrado considera que «sí hubo una amenaza (en el sentido de «peligro») real y efectiva de que una potencia extranjera [Rusia] ejecutara actos perjudiciales para la integridad territorial nacional», y coloca en la cúspide de la trama a Puigdemont y a Mas.

En suma, el escrito recoge tres reuniones en octubre del 2017 que colaboradores de Puigdemont mantuvieron con supuestos emisarios rusos traídos por el exdirigente de CDC Víctor Tarradellas.

Marta Rovira planea volver el sábado desde Suiza a España tras el archivo del caso Tsunami 

Xavier gual 

Archivada la causa por la que huyó a Suiza hace seis años, la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, se plantea volver a Cataluña cuanto antes. Si puede ser, este sábado. Así lo aseguró ayer en una entrevista en la emisora catalana RAC1, en la que la dirigente independentista no ocultó su satisfacción por el archivo de las diligencias ordenado por la Audiencia Nacional.

«Estoy muy emocionada, es un momento muy especial. Me tuve que pellizcar varias veces, lo tenemos que celebrar», señaló Rovira, quien calificó de «justicia poética» el error procesal cometido por el juez Manuel García-Castellón, que dinamitó la causa de Tsunami, por la que estaba siendo investigada por un presunto delito de terrorismo. Según el magistrado, Rovira era la cabecilla de la plataforma anónima que organizó los disturbios callejeros posteriores a la sentencia del procés en el 2019. Antes de tomar la decisión de regresar a España, Rovira esperará a ver las reacciones de las acusaciones particulares.

La intención de la número dos de los republicanos (hasta la salida de Oriol Junqueras en junio), que confirmó que dejará su cargo en el congreso de ERC en noviembre, es participar este mismo sábado en la asamblea de mujeres que celebrará el partido. Antes pasará por su localidad natal, Vich, para visitar a sus padres, «si todo concuerda y es posible hacerlo». Aún no ha decidido si mantendrá su residencia en Ginebra, donde vive junto a su marido y su hija. En un mensaje en X, Junqueras celebró la decisión de Rovira y recordó que juntos han compartido «muchos años de vida política, truncada, desgraciadamente, por la represión de la cárcel y el exilio».

El portavoz del PP en el Parlamento catalán, Juan Fernández, expresó ayer su «decepción» por el archivo de la causa del Tsunami Democràtic y el hecho de que los investigados, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se vayan «de rositas». 

El pacto con el PSC, más cerca

Sobre las negociaciones con el PSC para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat, Rovira se mostró más optimista que en otras ocasiones. Aseguró que los contactos «van bien», que por el momento «no han encontrado ningún obstáculo», y que esta semana es «clave» para Esquerra de cara a obtener el compromiso de los socialistas sobre el nuevo modelo de financiación para Cataluña. Aunque el acuerdo para ungir al líder de los socialistas catalanes parece más cerca que nunca, en Junts mantienen la presión sobre sus exsocios. El secretario general de la formación, Jordi Turull, insistió ayer en que los neoconvergentes trabajan para «reactivar la unidad de acción» del independentismo. Turull detalló que el pasado lunes se reunió con Rovira en Suiza y que las conversaciones con ERC son «muy profundas». También advirtió de que si Puigdemont vuelve a Cataluña en agosto y es detenido podría haber movilizaciones en las calles.

La Audiencia Nacional duda si perdonar a los CDR procesados por terrorismo 

x.g.

La Audiencia Nacional ha preguntado a las partes personadas sobre si procede consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la posible amnistía de 12 activistas independentistas de los CDR, ante las dudas de que la ley del perdón pueda «contravenir gravemente la firme lucha» europea contra el terrorismo. Sin entrar a valorar el fondo del asunto, los magistrados exponen que en la causa de los CDR se investigan hechos que las acusaciones tipifican como 12 delitos de pertenencia a organización terrorista; 8 de tenencia, depósito, así como fabricación de sustancias o aparatos explosivos; y otros ocho de estragos en grado de tentativa. Según su escrito, la ley de amnistía resulta «en cierta forma contradictoria». Tras analizar la norma estatal y la directiva europea, los magistrados tienen «serias dudas acerca de si la ley de amnistía, al excluir solamente determinadas formas de terrorismo […] ello no suponga, en cierta forma, una derogación tácita de una parte esencial de la directiva comunitaria».

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también ha consultado a las partes si debe elevar una cuestión prejudicial al TJUE antes de conceder la amnistía a los arquitectos del procés, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, imputados por malversación, desobediencia y prevaricación.

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