Cuca Gamarra y Ortega Smith estaban en la Comisión de Justicia que aprobó la rebaja de penas a los etarras

Mercedes Lodeiro REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante su intervención en la sede del partido en la calle Génova.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante su intervención en la sede del partido en la calle Génova. FERNANDO ALVARADO / EFE

El proceso legislativo fue iniciado en marzo, hubo tres meses para presentar enmiendas, y en él participaron magistrados, catedráticos de Derecho y otros diputados

09 oct 2024 . Actualizado a las 10:56 h.

Tal cual La chica ye ye que cantaba Concha Velasco y su «no te quieres enterar ye ye ye ye...» es lo que acaba de suceder en las Cortes con la reforma de ley sobre intercambio de información de antecedentes para trasponer una directiva europea y que resulta favorable a los presos de ETA, ya que a las condenas en España se le restará el cumplimiento en otros países.

Parece que solo se enteró de la letra Macarena Olona, diputada de Vox en el 2022 cuando el Gobierno de coalición, entonces formado por PSOE y Unidas Podemos, iba a reformar el Código Penal y la citada ley orgánica. Ella advirtió que con el cambio podrían beneficiarse más de medio centenar de condenados por terrorismo. Ahí quedó la cosa porque aunque el texto ya tenía los informes del Consejo de Estado, Consejo Fiscal, CGPJ y de los Ministerios de Interior y Justicia llegó el final de la legislatura, el 31 de mayo de 2023.

En marzo del 2024, el Gobierno, de PSOE y Sumar, retomó la propuesta. La iniciativa fue calificada por la Mesa del Congreso a mediados de marzo y los grupos dispusieron de tres meses para registrar sus enmiendas ante la Comisión de Justicia. Por el Grupo Popular participaron en el estudio el magistrado y exvicepresidente del CGPJ Fernando de Rosa; la secretaria general del PP, Cuca Gamarra; y la portavoz en la comisión, María Jesús Moro, entre otros. En representación de Vox, Javier Ortega Smith (portavoz), y el catedrático en Derecho Constitucional Carlos Flores.

Los grupos presentaron solo 13 enmiendas, de ellas, dos fueron de Sumar, las de la polémica. Desde julio, los ponentes de cada grupo trabajaron en la redacción de un informe conjunto. Por el PP, los elegidos fueron Rafael Benigno Belmonte, José Manuel Velasco Retamosa y la portavoz de Interior, Ana Belén Vázquez Blanco (ninguno era miembro de la comisión), mientras que Vox designó a Emilio del Valle y a Pedro Fernández Hernández. Velasco defendió la posición del PP en la comisión, a la que Vázquez no pudo asistir y la sustituyó María Jesús Moro.

El informe propuesto por mayoría incorpora las polémicas enmiendas de Sumar. Todos votaron a favor, excepto los tres diputados de Vox, que se abstuvieron.

Una semana más tarde, el 18 de septiembre, el Congreso validó la reforma con 346 votos a favor y ninguno en contra (faltaron Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijoo y el secretario por Sumar en la Mesa, Gerardo Pisarello) tras un debate en el que el portavoz de Vox, Del Valle Rodríguez, manifestó su apoyo a «un proyecto de ley de carácter técnico que no hace más que adaptar nuestra legislación a la normativa europea». Sectores del PP consideran que la responsabilidad es de los letrados de la Comisión de Justicia, pero también de los diputados del PP que forman parte de la comisión.