Dos de las tres asociaciones de fiscales instan al Supremo a apartar a García Ortiz
ESPAÑA
El grupo mayoritario de jueces avala el registro en el despacho del fiscal general del Estado
01 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El registro policial del despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la causa por la presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, generó este jueves alguna controversia en el sector judicial sobre la «proporcionalidad» de la medida y sus consecuencias para el investigado, aunque la mayoría de los colectivos salieron en defensa del instructor. Las diez horas que estuvo la UCO en las dependencias del Ministerio Público, un hecho sin precedentes, por mandato del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, llevaron a dos asociaciones de fiscales a reiterar la dimisión de García Ortiz.
La dos más beligerantes son la Asociación de Fiscales (AF), de carácter conservador, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). La primera exigió a sus colegas «reacción» para exigir la dimisión del máximo responsable de la carrera tras consumarse «un hito que tardará muchos años en borrarse de nuestra memoria colectiva». La APIF, que ejerce la acusación popular en la causa que se sigue en el Supremo, pidió al juez Hurtado que proceda a la «suspensión temporal de empleo» de García Ortiz durante la investigación por la presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de Ayuso. Lo justifican para evitar cualquier injerencia en el procedimiento con respecto a la postura que adopte la propia Fiscalía, cuya teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez Conde no ve delito.
«Si a cualquier fiscal que se encontrase en esta situación debería suspendérsele provisionalmente de empleo —por eso también hemos solicitado que se aparte a María Pilar Rodríguez Fernández—, cuando el afectado es el fiscal general del Estado la adopción de esta medida deviene obligatoria», apuntan desde la APIF.
«Eliminación intencionada»
Los cuatro agentes de la UCO que se personaron este miércoles en el edificio de la calle Fortuny de Madrid se llevaron una copia del contenido de los dispositivos y correos electrónicos del fiscal general a fin de evitar una «eliminación intencionada», según el juez. Se procedió al volcado íntegro del contenido de los dos teléfonos móviles de García Ortiz, el oficial y el personal, un ordenador de mesa y otro portátil, una tableta y multitud de memorias USB. La «proporcionalidad» de esta medida también provocó reacciones en la carrera judicial. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), de izquierdas, pidió «reflexionar» sobre una decisión judicial que afecta a los derechos fundamentales. Este colectivo considera que en estos casos «debe procurarse la menor afectación de los mismos si existen otras medidas que suponen menos injerencia, pero son igualmente útiles para el esclarecimiento de los hechos que son objeto de investigación», más si cabe al tratarse de un delito menos grave.
Apoyo de los jueces
El juez instructor del caso recibió también el respaldo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, que defendió el magistrado del Tribunal Supremo «sabe las decisiones que debe adoptar» al tiempo que alabó «su criterio, su prudencia y la mesura» de la medida adoptada este miércoles: la entrada y registro en la Fiscalía General del Estado.
En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, mostró su «respeto absoluto a la independencia judicial» y afirmó que no se puede «valorar la decisión del juez instructor» porque solo el «conoce el procedimiento y sabe las decisiones que para la investigación de la causa debe adoptar».
Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz Sergio Olivas indicó que «la medida acordada por el juez instructor del Tribunal Supremo debe enmarcarse en el contexto de una instrucción reservada» en una causa que se encuentra bajo secreto. «Esto es fundamental, ya que asegura que se preserven las garantías del proceso y la confidencialidad necesaria en esta etapa. Es importante resaltar que esta medida, habitual en las instrucciones de nuestro país, no supone merma alguna en la presunción de inocencia del investigado», al tiempo que dice que sería deseable respetar el devenir procesal en cualquier proceso penal.