La ley contó con el apoyo del bloque de la investidura (178 votos), mientras que PP, Vox y UPN votaron en contra (171)
21 nov 2024 . Actualizado a las 21:38 h.El Gobierno consiguió este jueves salvar en el último momento su paquete fiscal con un acuerdo sobre la bocina con Podemos, que apoyó la reforma tributaria a cambio del compromiso del Ejecutivo de presentar una proposición de ley sobre el impuesto a las empresas energéticas. Con ese fin, se constituirá una comisión negociadora en la que participarán todos los socios de investidura de Sánchez para conseguir el acuerdo necesario para aprobar la norma. En caso de que no fuera posible aprobarla antes del 31 de diciembre, el Gobierno se compromete a aprobará un decreto que prorrogaría el impuesto a las energéticas para el año 2025, aunque Junts no garantiza su apoyo a ese decreto.
El acuerdo respeta sin embargo el pacto al que el Gobierno llegó con Junts, para que no fueran gravadas aquellas compañías que inviertan en la descarbonización, por lo que en la práctica la ley no afectaría a casi ninguna empresa. El pacto con el partido morado, cuyos cuatro votos eran imprescindibles para aprobar el paquete fiscal que el Gobierno hizo colgar de la trasposición de la directiva europea para situar en el 15 % el impuesto mínimo a las multinacionales desatasco la votación. El dictamen fue aprobado 178 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria» y 171 en contra (PP, Vox y UPN). El exministro José Luis Ábalos no votó.
Pacto en el último minuto
El pacto con Podemos llegó con la sesión ya comenzada oro y en el se habrían implicado, además de ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Acababan así unas negociaciones que han mantenido en vilo la aprobación de la reforma fiscal durante las últimas semanas. El pacto respeta también el acuerdo del Gobierno con ERC, EH Bildu y BNG alcanzado en la Comisión de Hacienda por el que el Ejecutivo se compromete a prorrogar por un año el gravamen especial a las energéticas, aunque sea con condiciones.
Podemos hizo público el acuerdo inmediatamente después de que su líder, Ione Belarra, interviniera desde la tribuna del Congreso. Belarra criticó sin embargo la forma de negociar del Ejecutivo, que pactó primero con Junts y luego buscó el apoyo del resto de grupos de la mayoría de investidura. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, criticó también ese método y advirtió de que un día alguien acabará poniendo «pie en pared» y entonces todos tendrán un «problema».
Finalmente, el Congreso añadió también a la reforma el impuesto a la banca, que había sido rechazado en la Comisión de Hacienda el pasado lunes por la abstención de ERC y de EH Bildu. Ese gravamen a la banca, que se creó con un decreto de medidas por la guerra de Ucrania, caducaba el 31 de diciembre y ahora se convierte en un impuesto que podrán gestionar las haciendas forales y las comunidades, tal y como exigía Junts. En concreto, esa recaudación será repartida en función del PIB. Es decir, que Madrid y Cataluña serán las más favorecidas.
El impuesto al diésel no subirá
«Queremos remarcar que en medio de todos los titulares la realidad es que lo único que hoy se aprobará es el acuerdo de Junts», dijo la portavoz de este partido, Míriam Nogueras. El PNV dijo que analizará su posición en esa comisión. Por su parte, Belarra señaló que Podemos tiene garantías «de que en esa negociación va a haber impuesto y se va a negociar por parte de los grupos que forman la mayoría plurinacional y democrática».
Se aprobó también el impuesto al tabaco y a los cigarrillos electrónicos o vapeadores. Sin embargo, el Gobierno no sacó adelante el incremento del impuesto al diésel. La subida habría tenido un efecto fiscal importante para las rentas medias y bajas, ya que hay más de 12 millones de vehículos que utilizan este carburante. Y tampoco fueron aprobados el incremento de los impuestos a los seguros privados de salud, las alzas fiscales a las socimis, el 21% del IVA a los pisos turísticos o el incremento de la tributación para los seguros de salud y el de los bienes de lujo.