Los Mossos certifican que el móvil de Aragonès fue espiado con Pegasus sin aval judicial

El móvil del expresidente catalán Pere Aragonès estuvo infectado con el programa espía Pegasus durante un año desde 2018 sin contar con el aval del Tribunal Supremo, que no autorizó al CNI a espiarlo hasta julio del 2019, según concluyen los Mossos d'Esquadra tras analizar su teléfono por encargo del juez.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la policía catalana ha entregado al titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, un informe sobre el análisis forense efectuado al móvil de Aragonès, que el pasado mes de septiembre facilitó su teléfono para que fuera analizado.

Las conclusiones del análisis del móvil, según las mismas fuentes, coinciden con las de la pericial informática que Aragonès aportó al juzgado junto a la querella que presentó por el ataque con Pegasus, que revela que el exdirigente de ERC tuvo el móvil infectado entre julio de 2018 y marzo de 2020, más allá del período en el que el espionaje del CNI contaba con cobertura judicial.

Sanz Roldán, director en el 2018

En esta causa permanece imputada la exdirectora del CNI Paz Esteban, quien fue destituida a raíz del escándalo por el espionaje masivo al independentismo con Pegasus. Tras comparecer ante la justicia el pasado mes de enero, pidió que se archivara el caso, pero el juez lo descartó alegando que era necesario aclarar si todos los ataques al móvil de Aragonès contaban con aval judicial.

En su declaración como investigada ante el juez, Esteban no aportó dato alguno sobre los ataques con Pegasus al móvil del expresidente, más allá de los autos del Tribunal Supremo que avalaron el uso del software, escudándose en que afectaba a información protegida por secretos oficiales.

De acuerdo con esos autos, que el Gobierno remitió al juez con fragmentos suprimidos alegando que contenían información reservada, el juez del Supremo encargado del control del CNI avaló el espionaje del móvil de Aragonès de julio a octubre de 2019 -con dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 a enero de 2020 y de enero a marzo de 2020-, después de que los servicios secretos adujeran que coordinaba las acciones de los CDR.

Por lo tanto, las infecciones detectadas desde julio del 2018 con Pegasus, un software que la empresa israelí NSO comercializa en principio solo a Estados, quedarían fuera de esa cobertura legal, han apuntado las mismas fuentes.

En julio de 2018, el director del CNI era Félix Sanz Roldán -cuya imputación ya ha puesto sobre la mesa Andreu Van Den Eynde, el abogado de Aragonès- y Esteban, que lo sucedió en febrero del 2020, era la secretaria general de los servicios secretos. Tampoco estarían amparados legalmente los ataques detectados los días 4, 5, 6 y 7 de julio de 2019, cuando Paz Esteban ya era directora interina del CNI, dado que el primer auto del Supremo que avala el espionaje es del 24 de ese mes.

Tras entregar el informe, el juez instructor ha preguntado a las acusaciones y a la defensa -a cargo de la Abogacía del Estado- si quieren plantear nuevas diligencias antes de finalizar la investigación del caso, que está prorrogada hasta el próximo mes de abril, con el criterio favorable de la Fiscalía.

Espionaje a diputados de la CUP

Por otra parte, el juez que investiga el espionaje con Pegasus a los móviles de los exdiputados de la CUP Albert Botran, Carles Riera y David Fernàndez, ha pedido al CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional que aporten toda la información de que dispongan sobre el caso, después de que un informe de Mossos haya corroborado que sus teléfonos fueron atacados con el software malicioso.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, José Antonio Cruz, ha acordado además librar una orden europea de investigación a las autoridades de Luxemburgo, tal y como solicitaba la Fiscalía, para que identifiquen las cuentas bancarias a nombre de las empresas del grupo NSO.

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