Algo ha avanzado España en esta última década. Hace un par de lustros, todo el país, salvo unos pocos, se escandalizaban por un titular que llenó todos los medios y las pujantes redes sociales. «El PP borró hasta 51 veces los discos duros de los ordenadores de Génova», decía sobre las unidades de almacenamiento en los que la Justicia esperaba encontrar pruebas de la corrupción de Luis Bárcenas —y otros altos cargos del PP. Meses después trascendió que, no contentos con esa medida, los «expertos informáticos» del PP habían completado su tarea destrozando a martillazos las cajas negras de aquellos años marcados por la corrupción.
Entre los muchos que se escandalizaban de aquella chusca medida estaba Pedro Sánchez. El ahora azote de la ultraderecha salía raudo a atacar a Mariano Rajoy con cada titular que manchaba a los altos cargos y colaboradores del entonces presidente del Gobierno. Incluso en un debate televisado que fue uno de los más vistos de la historia, el socialista, que ahora se queja de lo mucho que le insultan sus rivales —y algunos compañeros de partido— atacó a su adversario: «Usted no es una persona decente».
Pero, unos años y una moción de censura después, la tortilla ha dado la vuelta y los argumentos se reproducen con ligeras modificaciones. Ahora, por ejemplo, hemos sabido que no hace falta machacar a golpes los discos duros. Basta con cambiar el teléfono habitual por uno nuevo cuya memoria no se pueda rastrear y eliminar de paso los archivos más engorrosos. Y con eso, que suena a ocultación de pruebas de manual, vale para atacar a quienes denunciaron la mala praxis del fiscal general, Álvaro García Ortiz, el que debería ser el primer defensor de la legalidad.
Lástima que el rastro de las maniobras de García Ortiz haya quedado diseminado en decenas de correos y mensajes como los que llevó al notario el madrileño Juan Lobato para protegerse de unas consecuencias penales que llegarán más pronto que tarde. Por mucho que se desgañiten los altavoces habituales del PSOE, la actitud del fiscal general no hace más que disparar las dudas sobre su comportamiento. Ahora cobra especial relevancia la denuncia de un compañero de carrera que lo vio manejando un móvil en compañía de su segunda, que debería velar también por el interés de la justicia, durante el registro de su despacho.
A García Ortiz no le han hecho falta los martillazos. Pero su credibilidad ha quedado más que tocada por mucho que se aferre a un puesto al que ya no honra.