El fiscal general justifica que borró su teléfono móvil por «imposición legal»
ESPAÑA
García Ortiz desmiente a Almudena Lastra y la acusa de obrar con animadversión hacia él
05 feb 2025 . Actualizado a las 22:37 h.«No, rotundamente no». Hasta en cinco ocasiones negó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el Tribunal Supremo haber divulgado la denuncia por fraude tributario, el expediente o correos electrónicos sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Así consta en las 71 páginas de la transcripción de su declaración del pasado 29 de enero ante el juez Ángel Hurtado conocida este miércoles —la primera de un jefe del ministerio público como imputado en nuestro país—, en la que defendió que no intentó ocultar pruebas sino que borró su teléfono móvil por «imposición legal»; desmintió a la fiscala superior de Madrid, Almudena Lastra, que lo responsabiliza de la filtración, y la acusó de obrar con «desafecto» hacia él; y reconoció un solo error: no haber emitido una nota informativa el 7 de marzo, cuando se enteró por su jefa de prensa —dijo— de que el denunciado era pareja de la baronesa popular.
«Borro todo, pero no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera, borro todo porque es una imposición legal. Borro todo, absolutamente todo, de una manera regular», insistió García Ortiz, que comunicó al magistrado que solo respondería a las preguntas de su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, y a las de la representante del Ministerio Fiscal, aunque esta se negó a interrogarlo tras denunciar la nulidad de la causa. «Mi teléfono móvil alberga información que, por supuesto, puede afectar a la seguridad de este país [...]. Los datos de mi terminal son datos ultrasensibles. Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga», añadió el investigado por un presunto delito de revelación de secretos.
Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que intervino su dispositivo, el declarante no solo eliminó los datos del mismo sino que cambió de móvil una semana después de que el alto tribunal le abriera la causa. Una explicación que el aludido tachó de «inferencia ilógica» ya que era «absolutamente impensable que se entrara en el despacho de un fiscal general y que se le incautara el dispositivo». De hecho, indicó que había pedido uno nuevo en mayo y que desde que fue nombrado fiscal de sala de la Secretaría Técnica hasta hoy ha cambiado seis veces de terminal.
También desmintió a Lastra, su testigo de cargo, quien declaró que le habría preguntado «¿Álvaro, habéis filtrado vosotros el correo?», y él le habría respondido «eso ahora no importa», después de que el 14 de marzo se publicara un correo íntegro donde el letrado de González Amador reconocía dos delitos tributarios de su cliente. «Dudo mucho de que un fiscal de este país se dirija al fiscal general en esos términos. Lo sabe toda la curia fiscal y judicial, hay un desafecto de la señora Lastra a quienes dirigimos la Fiscalía Española», lamentó García Ortiz, que negó haber revelado el asunto a personas vinculadas al Gobierno.
El jefe de los fiscales se negó a contestar al abogado de González Amador por «no ser leal con los tribunales y omitir hechos fundamentales», como que este le envió el correo de la denuncia al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien habría enviado un wasap a periodistas asegurando que era la Fiscalía la que ofrecía un pacto, pero que se había retirado por órdenes desde arriba. El novio de Ayuso «pudo perfectamente desmentir la mentira que se estaba transmitiendo en redes, pero no lo hizo», censuró García Ortiz, que decidió emitir una nota, de la que se hizo único responsable, para desdecir este bulo y defender la actuación «impecable y transparente» de la Fiscalía. El imputado negó, además, haber intentado perjudicar a la pareja de la popular: «En absoluto. El señor Amador es un ciudadano como todos, con la plenitud de sus derechos legales y constitucionales». Y la fiscala provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada, apuntó que no se concertó «con nadie para hacer nada, simplemente recibo órdenes y las ejecuto».
La próxima semana, el PP intentará, por segunda vez, que el Congreso repruebe a García Ortiz, quien presentará la memoria de la Fiscalía del año 2023 en el Senado el 18 de febrero.