Junts lanza un plan antiokupa en el Congreso y pide al PSOE que lo respalde
ESPAÑA
El Pleno del martes incluirá el debate sobre una moción de confianza a Sánchez
19 feb 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Mano dura contra la okupación. Junts ha lanzado esta semana una ofensiva legal con medidas para frenar las okupaciones delincuenciales, un fenómeno al alza en toda España, en paralelo a los problemas de acceso a la vivienda. El plan de los nacionalistas catalanes incluye como plato principal una proposición de ley registrada el pasado lunes en el Congreso de los Diputados para acelerar la recuperación de la vivienda por su legítimo propietario, de manera que un juez pueda autorizar la expulsión en un máximo de 48 horas. La portavoz de la formación en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, defendió la iniciativa con el argumento de que «en ningún país del mundo existe el derecho a okupar, la vivienda digna es un derecho, lo recogen muchas normas, y es la administración quien tiene la obligación de garantizar este derecho; y el derecho a la propiedad privada también lo es». Aunque aseguran contar con el compromiso del PSOE para sacar el plan adelante, Nogueras avisa: «Si el Gobierno de Sánchez, de Illa y de Collboni y sus socios, Comunes, Colaus, Sumar, Podemos y Esquerra, no respetan todos los derechos, nos encontrarán de cara». Según el número dos del partido, Jordi Turull, «hay formaciones políticas a las que les cae más simpático un okupa que un propietario».
En concreto, la iniciativa apuesta por reformar la ley de Enjuiciamiento criminal (Lecrim), entre otras normas, de forma que ante una okupación ilegal se puedan adoptar medidas cautelares en las primeras 48 horas, y que para seguir en el inmueble los ocupantes tengan que exhibir un título jurídico habilitante, como un contrato de alquiler o una escritura de propiedad. En caso contrario, se autoriza a la policía a expulsarlos. Si son personas vulnerables, la proposición de ley señala que sea la administración quien se haga cargo de ellas, pero que en cualquier caso sean expulsadas para preservar el derecho a la propiedad.
El partido de Puigdemont ha trabajado codo con codo en los últimos meses con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). De las 10.220 okupaciones que se registraron en España durante el primer semestre del 2022 casi la mitad (4.341) se dieron en Cataluña. Según los datos que maneja el Ministerio del Interior, las denuncias por okupación de inmuebles han pasado de 10.619 en el 2017 a 17.274 en el 2021, un 62 % más. Solo en esta comunidad, la cifra se ha triplicado en los últimos diez años, pasando de los 2.186 casos del 2013 a casi 7.000 en el 2022.
La abogada y coordinadora de Formación de ICAB, Cristina Vallejo, explica que la propuesta impulsada por la abogacía propone modificar la Lecrim en relación con el concepto de flagrancia. Hasta ahora, la «vocación de permanencia» impedía desalojar al okupa, afirma Vallejo, por eso «se tiene que considerar un delito flagrante tanto la okupación como el allanamiento de morada». Vallejo aporta otro dato relevante: el propietario tarda una media de 20 meses en poder recuperar su piso o casa okupada ilegalmente «porque no hay mecanismos ágiles y eficaces en la legislación actual española». En cambio, en otros países la recuperación se lleva a cabo en un plazo de 24 a 48 horas.
Las organizaciones del sector celebran la iniciativa. Para Ana González Alonso, abogada y vicesecretaria de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana, que aglutina a más de 160.000 propietarios en España, «la okupación no puede ser un derecho, ni ser tratado como tal; no puede ser que el tique de la pizza pueda servir para mantenerse meses y meses ocupando una vivienda o un local».
La proposición no de ley que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una moción de confianza se debatirá en el Pleno del Congreso el próximo martes. Así lo decidió ayer Junts, que tenía reservado cupo en el orden del día. La votación tendrá lugar al día siguiente.