PP, PNV, Vox y Junts iban a rechazarla y los socialistas optaron por retirarla
26 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno pretendía utilizar la ley orgánica reguladora del Derecho de Asociación para introducir un cambio legal que nada tenía que ver con la norma y que consistía en dificultar los procesos judiciales contra la okupación ilegal, sacando de la vía rápida los juicios contra el delito de allanamiento de morada y usurpación. Esos delitos fueron introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal gracias a una enmienda que introdujo el PNV en la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y que llegó a ser aprobada gracias al error en el voto de los diputados de ERC y EH Bildu.
Se logró así poner cerco a la okupación ilegal de viviendas, ya que los detenidos por este tipo de delito deberán ser juzgados en un plazo máximo de quince días desde su puesta a disposición judicial. La enmienda se aprobó finalmente con el apoyo del PP, ERC, Junts, EH Bildu, UPN y Coalición Canaria. Desde ERC y EH Bildu reconocieron su error y prometieron hacer todo lo posible para corregirlo.
Sin relación con la ley
Ahora, según publicó el diario Abc, el PSOE pretendía aprovechar una proposición de ley para ilegalizar las asociaciones que hagan apología del franquismo para introducir en ella un cambio legal que no guarda relación con la norma y que buscaba satisfacer a sus aliados de izquierda.
En la ponencia, los socialistas utilizaron como base una enmienda de Podemos para transaccionar una modificación a favor de la okupación ilegal. La enmienda la firmaban el PSOE , Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos. El PSOE ya intentó introducirla en la ponencia pero ante la oposición de PP, Vox y PNV, con mayoría en la Comisión Constitucional, desistieron, aunque mantuvieron viva la enmienda. El letrado Carlos Gutiérrez, adscrito a la comisión, advirtió de la falta de conexión entre la modificación y la norma.
Este martes, la Comisión Constitucional aprobó finalmente la reforma de la ley que regula el derecho de asociación, impulsada por el PSOE para abrir la puerta a la disolución de entidades que hagan apología del franquismo. El dictamen salió adelante con el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y EH Bildu, mientras que el PP y UPN se abstuvieron y Vox votó en contra.
En el debate de la comisión no se mencionó finalmente la enmienda transaccional que el PSOE intentó añadir en la fase de ponencia para que los delitos de usurpación y allanamiento de morada no se dirimieran en juicios rápidos.
Su idea era utilizar esta reforma, de carácter orgánico, para corregir la enmienda del PNV que, con el voto en contra del PSOE y Sumar, se incluyó el pasado mes de noviembre en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que ya está en vigor y que permite agilizar los desahucios en casos de ocupación por allanamiento de morada. Al carecer de apoyos para poder corregir ese asunto en la Comisión Constitucional, los socialistas no volvieron a intentar introducir la citada enmienda transaccional que llegaron a sellar con Podemos.
Debilidad del PSOE
El Gobierno intentaba así una vez más meter una medida en una ley que no guarda relación con ella a pesar de la doctrina en contra del Tribunal Constitucional sobre esta práctica legislativa. Sin embargo, se vieron obligados a retirar la enmienda al comprobar que la iban a perder a manos del PP, Vox, el PNV y Junts, que sumaban mayoría. Una nueva demostración de la debilidad en la que se encuentra el PSOE, que no cuenta ya con la mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez, y de que los socialistas ya ven resentida su mayoría de Gobierno también en los trabajos del Congreso previos a la celebración de los plenos, no solo en las votaciones finales.