El Gobierno incluye a los mil menores que piden asilo en Canarias en el reparto autonómico
ESPAÑA
El Supremo dio al Ejecutivo un plazo de diez días para hacerse cargo del millar de niños y adolescentes no acompañados
27 mar 2025 . Actualizado a las 17:28 h.La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado que los mil menores solicitantes de asilo de los que el Supremo le ha exigido hacerse cargo al Gobierno forman parte de los 4.400 que se derivarán a las comunidades autónomas por el decreto aprobado por el Ejecutivo. Rego ha hecho estas declaraciones a los periodistas con motivo del acto de entrega de los Premios Injuve de Periodismo y Comunicación 2024, organizado por Instituto de la Juventud (Injuve).
La ministra ha explicado que esta misma tarde habrá una reunión de técnicos de distintos ministerios para coordinar la respuesta ante la medida impuesta por el Supremo, que este miércoles dio al Ejecutivo un plazo de diez días para hacerse cargo del millar de menores no acompañados solicitantes de asilo que están actualmente a cargo de los servicios de protección de menores de Canarias.
Rego ha defendido que el real decreto aprobado para que las comunidades autónomas no puedan rechazar la acogida de esos menores -esos 4.400 en el primer año- es una propuesta «seria» y «rigurosa» que tienen como finalidad atender a esos niños y «dimensionar correctamente el sistema de acogida».
Preguntada por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el que recurso que ha presentado ante el Tribunal Constitucional, la ministra ha considerado que se trata de su opinión está «alineada con las posiciones racistas de Vox».
«Nosotros pretendemos mantener una línea de cooperación con las comunidades autónomas. Yo lo que rogaría es que haya colaboración para que podamos ser lo más diligentes posibles en la resolución de algo que tiene que ver con preservar los derechos de los niños y de las niñas», ha instado Rego.
A su juicio, las diferentes administraciones no pueden continuar en la dinámica de la «confrontación» usando los derechos de la infancia. «No es aceptable. Estamos trabajando para cumplir con el mandato de la de la sentencia del Tribunal Supremo», ha apostillado.