El Gobierno acepta otra exigencia de Junts y retira al Seprona de Cataluña

El Seprona de la Guardia Civil tiene los días contados en Cataluña. El Servicio de Protección de la Naturaleza, la unidad encargada de perseguir los delitos contra el medio ambiente, quedará reducida a la mínima expresión a «corto o medio plazo». A falta solo de poner una fecha, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto ya ha comunicado su decisión a los mandos regionales de la Benemérita. De hecho, este es uno de los acuerdos adoptados en la última Junta de Seguridad de Cataluña, celebrada en diciembre, presidida por Salvador Illa y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Las competencias medioambientales pasarán ahora a manos de los Mossos d'Esquadra y el cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, de manera que el medio centenar de efectivos del Seprona que todavía quedan en la comunidad deberán ser reubicados en otras unidades. De estos, apenas permanecerán en sus puestos alrededor de media docena para hacer frente a los delitos interregionales. Muchos ya han pedido el traslado para no perder el trabajo. El servicio ha sufrido una reducción progresiva en los últimos años, sin reposición de plazas ni coberturas de bajas. Para el sindicato Jucil, se trata del «principio del fin» de la presencia de la Guardia Civil en Cataluña, a merced de los acuerdos entre el Gobierno y los partidos separatistas.

El Seprona es una de las unidades más prestigiosas del cuerpo, como evidencian las decenas de premios y condecoraciones, también internacionales, recibidas a lo largo de su existencia. Entre estos, destaca el premio ECA Ozone Protection Award for Customs & Enforcement Officers, concedido en el 2016 por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Aunque su actividad será asumida por la policía catalana y los agentes rurales, existe un obstáculo importante. Los agentes rurales no gozan del estatus de policía judicial, por lo que la investigación de los delitos contra la naturaleza tendrá que ser asumida en exclusiva por los Mossos. Sin embargo, estos apenas cuentan con unas pocas unidades regionales de protección del medio ambiente (URMA), que son muy pequeñas y con una reducida capacidad de acción. La situación es alarmante incluso para los propios municipios del interior de Cataluña, los más afectados a priori. Tanto es así que una veintena de alcaldes independentistas han llegado a escribir a la dirección general de la Guardia Civil para que el Seprona siga operando en la región, haciendo caso omiso a las directrices de las cúpulas de Junts y Esquerra, que los quieren fuera.

Otro de los acuerdos alcanzados en la Junta de Seguridad de diciembre, la integración de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el servicio de emergencias de Cataluña, el 112, todavía duerme en un cajón de la consejería de Interior. La decisión suscitó entonces el rechazo frontal tanto de Esquerra como de Junts. Para los independentistas, se trata de una «nueva cesión españolista» al Estado por parte de la Generalitat del PSC. En cualquier caso, la reunión de la Junta de Seguridad anunciada por Illa sigue sin celebrarse, y en ella debe discutirse otro asunto que enfrenta a los socialistas con sus socios de investidura: el control de la seguridad en las áreas críticas de puertos y aeropuertos, una medida pactada por el anterior Ejecutivo de Esquerra, que la Generalitat socialista dejó en suspenso, en teoría por falta de efectivos para ponerla en práctica. Los sindicatos policiales ya han anunciado que batallarán en los tribunales para evitar que también se les aparte de unas infraestructuras fundamentales para la seguridad nacional.

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