Bolaños se desvincula de la contratación de la asesora de Moncloa que trabajó para Begoña Gómez
ESPAÑA
El ministro declaró como testigo, aseguró que todo se hizo de forma legal y que es normal que todas las esposas de los presidentes tengan un asistente
16 abr 2025 . Actualizado a las 18:34 h.El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, declaró este miércoles en la Moncloa durante más de dos horas ante el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. El ministro aseguró que no tuvo nada que ver en la contratación de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez, pero que esa contratación llevada a cabo en julio de 2018, nada más llegar Sánchez a la Moncloa, se realizó conforme fija la ley de contratación de personal eventual.
Bolaños, que respondió a todas las preguntas que se le formularon, aseguró también que desconocía de quién partió la orden de designar a Cristina Álvarez, pero precisó que es habitual que la esposa del presidente del Gobierno cuente con un asistente de libre designación para ayudarla en su agenda. Indicó en todo caso que él nunca fue el superior jerárquico de Álvarez. Ante ello, el juez Peinado detuvo la declaración para que Bolaños fuera a buscar el nombre del responsable de la contratación de Álvarez. El ministro salió de la sala y tras efectuar algunas llamadas regresó asegurando que el encargado fue Alfredo González, que ya declaró en esta misma causa y que era vicesecretario general de la Presidencia en julio de 2018 cuando se llevó a cabo el contrato.
González prestó declaración como testigo en el juzgado de Peinado y afirmó que la contratación le vino impuesta por su superior jerárquico que, en ese momento, era Bolaños. Pero declaró que él no llegó a conocer nunca a Cristina Álvarez y tampoco recordaba quién le envió sus datos para nombrarla. Bolaños declaró este miércoles que no conoció a Álvarez hasta «semanas después» de comenzar a trabajar en Moncloa.
Peinado tomaba declaración a Bolaños como consecuencia de su anterior puesto como secretario general de Presidencia, antes de ser ministro. El juez indaga las circunstancias de la contratación de la asistente de Gómez para determinar si hubo malversación de caudales públicos, ya que Álvarez realizó también tareas de ayuda para las actividades personales de la esposa del presidente del Gobierno. En concreto, se conoce que ayudó a buscar financiación para la cátedra que la esposa de Sánchez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
El PP pide la dimisión
La portavoz adjunta del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo exigió la dimisión de Bolaños, por haber «devaluado» hasta «tres ministerios» al haber tenido que declarar como testigo ante el juez. Añadió que, dada su condición de testigo, Bolaños habrá tenido que hacer un «esfuerzo gigantesco» para cumplir con su obligación de no mentir, puesto que le achaca una «relación de íntima hostilidad con la verdad».
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuestionó la actuación del magistrado y dijo que le parece «curioso» que el juez citara como testigo a Bolaños cuando no lo ha pedido «ninguna de las partes». El ministro de Agricultura, Luis Planas, ironizó por su parte diciendo que a Peinado «todavía le quedan 48,5 millones de españoles por interrogar» para «encontrar algo».
Multan a los abogados de Begoña Gómez, Vox y Hazte Oír por hablar a la prensa
El juez Juan Carlos Peinado ha impuesto una multa de 5.000 euros al abogado de Begoña Gómez y sendas multas de 500 euros a los abogados de dos de las acusaciones populares —Vox y Hazte Oír— por informar a los medios de comunicación sobre las declaraciones celebradas en el juzgado por la causa abierta a la esposa del presidente del Gobierno.
El juez que investiga a Begoña Gómez abrió el pasado 20 de diciembre una pieza separada para determinar si multaba a los letrados que habían informado sobre las declaraciones celebradas en el juzgado, en concreto tras la declaración de la mujer del presidente Pedro Sánchez como investigada el pasado 18 de diciembre.
En su auto, el juez recuerda haberles advertido del contenido del artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que habla del deber de sigilo de las diligencias judiciales.
Camacho no recurrió
Esto dio lugar —recuerda— a que se acordara la presente pieza separada de posible imposición de multa, coercitiva, que podía alcanzar los 10.000 euros.
Explica que, tras informar de esto a los abogados, los representantes de las acusaciones populares (Vox y Hazte Oír) reconocieron que habían realizado declaraciones a los medios de comunicación, si bien argumentaron que fue después de que lo hiciera el abogado de Begoña Gómez.
Añade Peinado que el letrado de Gómez, Antonio Camacho, «tras haber concluido sobradamente el plazo que se otorgó para ello, y con total desinterés o huérfano de argumentos para exponer en la presente pieza separada, no ha presentado escrito alguno en su descargo justificación». Así, y tras visionar las grabaciones remitidas por distintos medios a los que se requirió que enviaran los programas o fragmentos de programas en los que aparecían los abogados, «se ha comprobado que en los mismos tan solo aparecen manifestaciones del letrado Antonio Camacho». «El letrado expone con detalle lo manifestado por su defendida, la investigada Begoña Gómez, contestando a las preguntas que le ha formulado dicho letrado, y añadiendo su percepción subjetiva del curso de la instrucción», indica el juez.