El Supremo pide a la Audiencia Nacional imputar a la expresidenta de ADIF por la contratación fraudulenta de la exnovia de Ábalos
ESPAÑA
El alto tribunal apunta que Pardo de Vera pudo tener «una participación relevante en el fichaje «irregular y caprichoso» de Jéssica Rodríguez en Ineco y Tragsatec
23 abr 2025 . Actualizado a las 14:49 h.El Supremo pide a la Audiencia Nacional que valore imputar ya a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera por supuestamente haber movido los hilos para contratar de manera fraudulenta a Jéssica Rodríguez, la exnovia de José Luis Ábalos. Rodríguez confesó el pasado febrero ante el alto tribunal que cobró sin trabajar un solo día de dos empresas de la Administración Central siempre para bajo el paraguas de ADIF: primero desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero del 2021 en Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) dentro del ministerio de su examante y, luego, desde 2 de marzo del 2021 hasta el 1 de septiembre de ese año en Tragsatec, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aunque bajo la tutela de Agricultura.
El magistrado de la Sala de lo Penal Leopoldo Puente, que instruye la causa abierta al exministro José Luis Ábalos y otras personas por la supuesta contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, ha dictado un auto en el que acuerda remitir al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional las actuaciones relacionadas con la contratación de Jéssica Rodríguez en dos empresas públicas para que valore la existencia de posibles indicios de criminalidad en la actuación de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera en dichas contrataciones, y acuerde, en su caso, tomarle declaración como investigada, asumiendo la competencia de los hechos que se le atribuyen.
En su auto, el instructor envía a la Audiencia Nacional los documentos elaborados por las entidades INECO y TRAGSATEC en relación con estos dos contratos, así como parte del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la declaración que prestó como testigo Jessica Rodríguez ante el magistrado.
Según el magistrado, existen indicios bastantes para considerar que Isabel Pardo de Vera «habría podido tener una participación relevante en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida liberalmente por el Sr. Ábalos Meco, quien habría contado para ello con la participación relevante del también investigado en esta causa Sr. García Izaguirre, sin que, además, aquella, durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna. Resultan, en este sentido, particularmente reveladoras las comunicaciones mantenidas entre doña Isabel y don Koldo con este motivo, cuya descripción se contiene en el referido informe de la UCO»
El instructor recuerda la doctrina de la Sala Segunda sobre la competencia para investigar causas de aforados, que debe estar presidida por criterios particularmente restrictivos. Por ello, señala que el alcance de la competencia del alto tribunal solo deberá extenderse, además de a los hechos que se atribuyen directamente al aforado, cuando se aprecia una conexión material inescindible, en relación con los que pudieron haber llevado a término otras personas.
En el mismo auto, Leopoldo Puente ordena a la UCO que investigue la adjudicación de las obras y rectificados que aparecen destacados en fluorescente en los documentos aportados por Víctor de Aldama y que identifique a la empresa que finalmente resultará adjudicataria de cada una de esas obras y fiscalice el procedimiento de adjudicación de estas.
Además, el instructor acuerda citar como testigos a Claudia Montes y César Moreno. Respecto a la primera, a la vista del contenido de un informe emitido por la UCO señala que «habida cuenta de que la misma podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Lorogirail SME SA, vinculada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (en adelante Mitma), por la influencia del investigado en esta causa don José Luis Ábalos Meco y con la relevante colaboración del también investigado don Koldo García Izaguirre, formando aquella parte del «círculo personal» del primeramente citado, declaración que se recibirá al efecto de que contribuya a esclarecer las circunstancias de dicha contratación».
En cuanto al segundo, César Moreno, se le cita en la medida en que puede aportar conocimiento sobre «las pretendidas entregas periódicas de diez mil euros mensuales» de Aldama, o personas que actuaron por su encargo, a Koldo García. El magistrado explica que, aunque es citado como testigo, deberá comparar con abogado al figurar como investigado en la causa que instruye al juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.
Por último, rechaza porque no resultan «pertinentes, útiles ni necesarios a los fines de la investigación» todas las diligencias solicitadas por la defensa de José Luis Ábalos, entre ellas la citación como testigos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del secretario de Estado de este Ministerio, Rafael Pérez Ruiz.