Teófilo, el Pelicot catalán, pone en jaque el modelo de tutela a menores de la Generalitat
ESPAÑA
El caso de la niña de 12 años violada por una red de pederastas destapa los fallos del sistema vigente en Cataluña
19 may 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Teófilo L. M., conocido tristemente como el Pelicot catalán, pasará a la historia por ser el cabecilla de una de las mayores redes de pederastia desarticuladas hasta la fecha en España. Este electricista de 45 años y nacionalidad española ya era conocido por su oscuro pasado en Valencia, su lugar de origen, donde regentó un prostíbulo para hombres con chicos menores de edad como reclamo. En el año 2016 decidió cambiar de escenario de operaciones para instalarse en Barcelona, desde donde perfeccionó su modus operandi. También sus técnicas de captación. Los agentes de la unidad central de cibercrimen de los Mossos d'Esquadra lo describen como un «agresor sexual poliédrico».
Desde un piso del barrio del Raval, Teófilo se dedicaba a captar menores de edad, tanto chicos como chicas, muchos bajo la tutela de la Generalitat, a través de redes sociales como Instagram o Facebook. Luego los «ofrecía» a otros hombres en aplicaciones de citas legales, para convertirlos en objetos de abuso sexual. Una red de prostitución infantil encubierta que (y esto es lo que más sorprende a la policía) nadie se atrevió a denunciar. Ni quienes rechazaron participar en este tipo de prácticas. La mayoría de las agresiones se perpetraban en ese piso de la calle Unió con licencia turística. El inmueble disponía de habitaciones separadas y se había acondicionado como si de un plató de televisión se tratara: contaba con cámaras, algunas ocultas, y al mismo se podía acceder mediante un simple código numérico, como un apartamento turístico. El acusado se encargaba presuntamente de filmar las agresiones cometidas por sus clientes (o por él mismo) para luego vender el material pedófilo resultante al mejor postor en canales prohibidos en internet.
Los Mossos han contabilizado unos 250 clips de vídeo con otras tantas agresiones, además de 2.000 conversaciones de contenido sexual, aunque resulta difícil para los investigadores distinguir entre verdaderas y falsas, tal es el nivel de depravación de las mentes de sus autores. Al menos 120 tienen «relevancia policial»: intercambio de vídeos, explotación de menores, comisión de agresiones sexuales, algunas en grupo, escenas con criaturas atadas y en posiciones degradantes…
Una de las víctimas es una niña de 12 años, en situación de extrema vulnerabilidad, que residía en un piso tutelado por la Generalitat en L'Hospitalet de Llobregat, y a la que violó de forma reiterada, él y otros hombres, en el apartamento de Barcelona.
Denuncia en el 2021
La menor denunció el caso en el 2021, después de que uno de los educadores sociales del centro descubriera fotos y vídeos incriminatorios en su móvil. El acusado fue detenido en tres ocasiones. La última, en abril del año pasado, y desde entonces permanece en prisión preventiva. La Fiscalía pide hasta 107 años de prisión. Pero no es la única de las causas abiertas contra él en el juzgado número siete de la capital catalana. Tiene otras dos en fase de instrucción, en las que el ministerio público espera poder reunir pruebas suficientes para acusar a otra docena de «depredadores sexuales» de agredir a una docena de niños y niñas. Aunque los Mossos advierten que lo investigado podría ser solo la punta del iceberg.
El caso recuerda al que hace casi una década tuvo como epicentro Tortosa, al sur de Cataluña. En agosto del 2016, Mossos y Guardia Civil desarticularon una red que producía material audiovisual de contenido sexual en el que participaron hasta 80 menores de entre 12 y 17 años, destinado a la venta a pedófilos de todo el mundo. La dirigía un productor francés de cine porno para adultos que decidió pasarse al lado oscuro, la pederastia, un negocio mucho más lucrativo. A Jean Luc A. le incautaron más de un millón de fotografías y vídeos, mil discos (DVD), 12 terabytes de información y 28 dominios de internet. Ninguna de las víctimas, todas menores en situación de riesgo social, algunos bajo tutela de la Generalitat, denunciaron a sus abusadores o a quienes los filmaron.
A raíz de este caso, el Gobierno catalán creó la figura del delegado de protección contra la victimización: un experto en cada centro de menores con formación en la materia, con el fin de detectar y prevenir «de forma discreta» situaciones de riesgo. Hoy, el caso de la niña violada, del que se informó por primera vez en junio del 2024, pone de manifiesto que el modelo tiene fallos. La Generalitat ha abierto un expediente informativo para aclarar cómo actuó la dirección general de atención a la infancia y la adolescencia (DGAIA) en este asunto, mientras el Parlamento ha anunciado una comisión de investigación para depurar responsabilidades y evitar que casos como estos se vuelvan a repetir en el futuro.