Jueces y fiscales irán a la huelga contra la reforma judicial diseñada por Bolaños
ESPAÑA
La oposición ve en el nuevo acceso a la carrera un «coladero de izquierdistas» y un proceso «arbitrario»
24 may 2025 . Actualizado a las 14:00 h.Mientras el ministro de Justicia, Félix Bolaños, comparecía ayer a petición propia, y del PP y Vox, en una comisión del Senado para defender la reforma de la carrera judicial y fiscal ante las duras intervenciones de los grupos de la oposición, jueces y fiscales convocaban un paro para el 11 de junio en protesta por esos cambios. No afectará mucho al atasco en sus juzgados. Serán diez minutos a las puertas de los mismos. Pero el simple hecho de llevar a cabo esa huelga evidencia la desaprobación a la renovación. Bolaños la atribuye a «temores infundados». Pero las cinco asociaciones conservadoras de jueces y fiscales, discrepando de las dos progresistas, solicitan que se retire el proyecto.
Según el Gobierno, será la mayor reforma en 40 años y facilita y moderniza el acceso a esas carreras al tiempo que se impulsa una modificación del Ministerio Fiscal, —que se incorporará a Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal— para fortalecer su autonomía y convertirlo en el encargado de instruir los procesos penales, como en el resto de Europa, en lugar de que lo hagan los jueces.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales entienden que los textos nuevos pueden afectar gravemente a la independencia judicial, no responden a una demanda social y no contribuyen a solucionar los problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta el Estado de derecho. Además, estos colectivos anunciaron otras medidas: la impugnación del proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos y enviar al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa los informes que hicieron sobre los cambios en la ley.
Las discrepancias de estos profesionales se tradujeron en choques dialécticos altisonantes en la Comisión de Justicia en el Senado entre el ministro y los grupos de la oposición que coinciden con jueces y fiscales. La senadora del PP María José Pardo acusó al Gobierno de declarar «la guerra a los jueces» con leyes que suponen activar la «máquina de generar impunidad» y que todo es «fruto de un Gobierno débil y que está acorralado por la corrupción».
«Acceso arbitrario»
El principal problema de la Justicia es que cuenta con estructuras del siglo XIX, defendió Bolaños, quien alertó del riesgo del «inmovilismo, que es la vía segura al fracaso», por lo que defendió la Ley Orgánica de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial y Fiscal y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Pardo cargó contra la reforma de la carrera judicial porque «cercena la independencia judicial, promueve el acceso arbitrario y no respeta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad»
La senadora de Vox Paloma Gómez acusó al Ejecutivo de «establecer mecanismos que permitan incorporar a leguleyos de izquierda que no sean capaces de aprobar una oposición», «un tipo de coladero de perfiles afines», un servicio «dispuesto a complacer las demandas sanchistas». Bolaños le requirió que pidiera disculpas a los jueces del cuarto turno —los juristas que acceden por reconocido prestigio— por haberlos denigrado y le recordó que la candidata de Vox al Ayuntamiento de Valladolid pertenece a ese grupo, a la «categoría de leguleyos de izquierdas». Gómez advirtió de una crisis institucional, cargó contra el Tribunal Constitucional, «una lavadora de despropósitos jurídicos», dijo, y llegó a ser lacerante con su presidente, Cándido Conde-Pumpido, al decir que «nadie se fía» de su imparcialidad.
Eduardo Pujol (Junts) no fue menos insolente. Aseguró que no es suficiente con aprobar «cuatro leyes de maquillaje» o actuar «con cierto miedo para quedar bien con los capos de un poder judicial que no merecen tanto respeto». Bolaños le reclamó que rectificase esas palabras «tan injuriosas para los altos magistrados» e incluso que las retirara del acta. «Retiraré mis palabras el día que lo más alto del poder judicial deje de prevaricar y aplique la ley de amnistía a Puigdemont», soltó Pujol. Joan Josep Queralt (ERC) se centró en subrayar la falta del uso del catalán en la administración de justicia y la escasez de jueces. «Hagamos un esfuerzo compartido», invitó Bolaños.