El Gobierno español ha cambiado su propuesta inicial para introducir los idiomas por fases y asumir los costes de traducción de la legislación, estimados en 132 millones de euros
27 may 2025 . Actualizado a las 18:32 h.La oficialidad del gallego, el catalán, y el euskera en la Unión Europea tendrá que esperar. Los 27 han decidido aplazar el debate y continuar con la negociación después de que países como Italia, Alemania o Finlandia expresasen sus dudas por la falta de eventuales garantías jurídicas que respaldasen la decisión.
La propuesta impulsada por el Gobierno español era clave para la legislatura, ya que era una exigencia fundamental de Junts y del PNV cuyo apoyo es clave para el presidente Pedro Sánchez. El margen para aprobar la iniciativa era estrecho, ya que necesitaba de unanimidad y bastaba con el no de uno de los veintisiete Estados miembros para que no saliese adelante.
«Hoy espero que no tengamos que votar porque la cuestión no está madura», dijo el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakim Strand, a su llegada al Consejo de Asuntos Generales de la UE, que se celebra en Bruselas. En este sentido, apuntó que hay que tomarse «muy seriamente» las «dudas legales» que han expresado oralmente los servicios jurídicos del Consejo de la UE conforme a la adecuación de la cuestión con el artículo 55 del Tratado de Lisboa referente a las lenguas originarias en las que está redactado.
En la misma línea, la ministra sueca de Asuntos de la UE, Jessica Rosencrantz, aseguró que «Suecia y varios otros países han mostrado dudas durante este proceso, sobre la evaluación jurídica y sobre la evaluación de los costes». También la ministra de Austria para Europa, Claudia Plakolm, subrayó que «aún hay cuestiones legales y sobre los costes».
La ministra de Asuntos Europeos danesa, Marie Bjerre, ha reconocido a su llegada a la cita que «es una cuestión muy importante para España» y que ha tenido ocasión de abordarla con el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, que es quien representa a España en esta cita. «Dinamarca no se interpondrá en el camino para alcanzar un consenso en el Consejo sobre esta cuestión», ha adelantado la ministra danesa. Para que la petición española salga adelante tiene que ser aprobada por unanimidad o al menos no cosechar ningún veto de ninguno del resto de 26 Estados miembros.
En las últimas semanas, el Gobierno de Pedro Sánchez había intensificado los contactos con sus socios europeos para intentar conseguir el respaldo unánime que necesita su petición, según dijo este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Para tratar de vencer las reticencias que a día de hoy siguen teniendo varios socios para que la UE pase de 24 a 27 lenguas oficiales, el Gobierno ha introducido cambios en su propuesta inicial, que se remonta a agosto del 2023. Así, España prevé que la traducción de la legislación de la UE a los tres idiomas se haga por fases, a partir del 2027, empezando primero por los reglamentos desde el año 2017 y dejando para más adelante el resto de decisiones, como las directivas comunitarias. España, además, insiste en que asumirá el coste que supondría traducir la legislación comunitaria al catalán, el euskera y el gallego, que según una estimación preliminar de la Comisión Europea, basada precisamente en la experiencia del gaélico, ascendería a los 132 millones de euros.
El Gobierno alega también que los tres idiomas están reconocidos como lenguas cooficiales en la Constitución española y que se pueden utilizar ya en las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el Senado, por lo que la UE debe aceptar su oficialidad, una demanda que el Ejecutivo elevó a Bruselas a petición de Junts per Catalunya.
El ministro polaco de Asuntos Europeos, Adam Szlapka, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la UE y organiza, por tanto, las reuniones de ministros, aseguró a su llegada hoy al Consejo de Asuntos Generales de la UE que habrá «una decisión» sobre la cuestión, lo que no implica que se vaya a votar la propuesta. Los ministros pueden debatir este martes la cuestión sin llegar a una conclusión definitiva sobre la oficialidad de las lenguas y dejar el asunto para más adelante, como ha ocurrido hasta ahora.