El PP endurecerá su política migratoria y pactará sin «cordones arbitrarios»

El Partido Popular actualiza su corpus ideológico ocho años después de aprobar su última ponencia política. El congreso nacional de los días 4 a 6 de julio, en Madrid, ratificará a Alberto Núñez Feijoo como presidente y trazará los ejes sobre los que pivotará su acción política como preludio a unas elecciones generales que, con el Gobierno al borde del colapso por los casos de corrupción, apuntan a celebrarse antes del 2027. Para ello, el PP aspira a «obtener una mayoría suficiente que le permita gobernar», como recoge el ideario que se debatirá en el congreso, aplicando su programa «sobre la base de la Constitución y la defensa del interés general como únicas guías».

De no alcanzarse esa mayoría parlamentaria en las urnas, los populares advierten que no entrarán «en subastas políticas», pero no se cierran a posibles pactos. También endurecen su discurso migratorio frente a la última ponencia, cargan contra los nacionalismos, defienden una reforma del sistema judicial, la simplificación de la burocracia o la rebaja de las cargas fiscales.

Pactos

Sin mayorías «incoherentes». Con esa expresión se refiere el PP a lo que en el día a día denominan «Gobierno fránkenstein». Rechazan apoyarse en numerosos socios para gobernar, y limitan sus apoyos a todos aquellos que cumplan con la Constitución. Esto dejaría fuera de juego a Junts, y las críticas a las tesis nacionalistas y a los privilegios territoriales alejarían a un socio tradicional como el PNV. En cambio, sí abre la puerta a Vox al rechazar que se impongan «cordones arbitrarios». «El socialismo actual lleva años queriendo elegir a quiénes debe excluirse del diálogo democrático», advierten. El partido de Santiago Abascal ha sido vetado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en cualquier ronda de diálogo.

Plan territorial y fiscal

Sin privilegios. «Los Estatutos no pueden convertirse en espacios de negociación paralela ni fuente de privilegios», avisan los populares, críticos con el bilateralismo, los privilegios y el sistema de concesiones. Enarbolan la defensa de la «unidad de la nación», denuncian que los nacionalismos «nacen del supremacismo y de una visión egoísta de la patria», y ponen una línea roja en que el marco competencial se convierta en «un zoco en el que se compran mayorías parlamentarias». Se apuesta por un estado de las autonomías «racional y viable», y por una financiación «transparente y equitativa», con un nuevo sistema de reparto ajustado a la Constitución y aparejado con una nueva financiación local «moderna» para prestar «servicios de calidad».

En materia fiscal, se apuesta por desregulación y rebajas: «Por cada nueva regulación que se apruebe, suprimiremos tres».

Justicia

Los jueces eligen a jueces. Si en la ponencia del 2017 no había menciones al sistema judicial, en esta ocasión se avisa sobre la «colonización» de las instituciones: «Defendemos la modificación del sistema de elección del Consejo del Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces». Además, el PP se compromete a recuperar el delito de sedición —eliminado por la actual mayoría parlamentaria— y a tipificar el referendo ilegal como delito penal. También se comprometen a reformar el sistema de indultos para prohibirlos en los delitos de corrupción, terrorismo o contra el Estado sin autorización previa del Congreso.

INMIGRACIÓN

Mayor regulación. Otro elemento prácticamente omitido en el anterior congreso. El ideario propuesto plantea una mayor regulación ante una política migratoria «inexistente», reforzando el control de fronteras y priorizando la llegada de aquellas personas «culturalmente cercanas y que cubren necesidades en el mercado laboral». «Tolerancia cero con aquellos que cometen delitos, especialmente los reincidentes, y con los que no se quieren integrar», concluye.

Los populares argumentan que el vínculo entre empadronamiento y acceso a ayudas sociales debe ser eliminado para evitar que «la irregularidad» pueda «generar derechos», y se condicionará la residencia de larga duración a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social, al conocimiento del idioma y de la cultura españoles. Además, la regularización por arraigo o reagrupación familiar será «excepcional» para limitar la «regularización masiva de inmigrantes irregulares».

VIvienda y familia

Prioridades. El PP convierte la vivienda en «una emergencia nacional» y rechaza las soluciones intervencionistas. Frente a propuestas más técnicas en la anterior ponencia, la dirección actual apuesta por la liberalización y la propiedad, ampliando el suelo edificable, eliminando burocracia, reduciendo impuestos y protegiendo la vivienda privada frente a la okupación. En cuanto a la familia, se identifica como «institución imprescindible», y la defiende «sin dogmatismos» con esta definición: «Familia es la que cada uno forma libremente, como cada uno elige, para desarrollar su propio proyecto vital».

Aporta medidas como las ayudas para la maternidad (incluida congelación de óvulos) y la gratuidad de escuelas infantiles, dos asuntos ya implantados en Galicia y en los que fue pionera. La gratuidad llegó con Feijoo como presidente de la Xunta.

Cultura y libertades

Sin censura ideológica. Los populares se hacen eco de la cultura de la cancelación para oponerse frontalmente a ella y reivindicar la diversidad de ideas y la expresión artística alejada de censuras ideológicas que conducen a la «autocensura» y la «colectivización de los ciudadanos». También recoge la defensa de la tauromaquia o la preocupación por el cambio climático.

Ideología

Un partido centro-reformista de tradición liberal y democristiana. El PP se define en la ponencia como una formación política centro-reformista sostenida sobre unos principios de tradición de ideología liberal, democristiana y conservadora. Es una descripción que en la ponencia del congreso del 2017 solo se iba desprendiendo a lo largo del texto. Dicen asumir el rol de representar a «todos los españoles que creen en la democracia liberal» y en la «economía social de mercado» dentro de una España «unida y plural».

Génova elimina las primarias y elegirá a sus dirigentes con compromisarios

Una vez publicada la ponencia política, quedaba por conocer el apartado de los estatutos que regirán las normas del partido. Estos reglamentos habían sido hasta ahora el principal foco de debate, con la dirección de Alberto Núñez Feijoo favorable a eliminar el actual sistema de primarias, frente a líderes como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, defensora de que cada afiliado decida con su voto quién debe ser el presidente del partido. Triunfó la primera opción, según el documento presentado ayer bajo la dirección del presidente de Murcia, Fernando López Miras, su homóloga de Extremadura, María Guardiola, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el portavoz del PP en Barcelona, Dani Sirera.

El nuevo modelo permitirá que cada afiliado vote en una única lista al candidato a presidente junto a los compromisarios, que serán los que después elegirán en el congreso nacional al líder del partido. Según la formación, se trata de unas primarias participativas basadas en un sistema «muy similar» a la «democracia representativa» que hay en España con la elección de diputados al Congreso, que son los que luego invisten al presidente del Gobierno.

El proceso se simplificará al eliminar la doble urna y el requisito de inscribirse para participar en el proceso. Bastará con llevar afiliado los últimos 12 meses y estar al corriente de pagos.

Vuelta al sistema anterior

En la práctica es un regreso al sistema anterior, cuando eran los compromisarios del partido quienes escogían al presidente. Un modelo que había cambiado en el congreso del 2017, cuando se implantó un sistema de doble vuelta para que votasen primero los afiliados. La dirección de Mariano Rajoy atendió entonces a las exigencias desde el PP de Madrid y Valencia, adaptándose al procedimiento que seguían entonces el resto de partidos.

Ese sistema condujo a que, en el congreso extraordinario que el PP celebró en julio de 2018 tras la moción de censura contra Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ganase las primarias en primera vuelta con el apoyo de la militancia. Sin embargo, Pablo Casado se impuso en la segunda vuelta gracias al voto de los compromisarios.

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