Las asociaciones de jueces y fiscales mantienen la huelga convocada pese a que el CGPJ no la reconoce
ESPAÑA
Los cinco colectivos convocantes defienden que el paro de la semana que viene es un derecho fundamental y anuncian que fijarán los servicios mínimos
27 jun 2025 . Actualizado a las 18:27 h.Las asociaciones de jueces y fiscales siguen adelante con la huelga anunciada para la próxima semana (1, 2 y 3 de julio) pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este jueves por unanimidad que el paro convocado no tiene sustento legal. En un comunicado conjunto conocido este viernes, las cinco asociaciones que impulsan la protesta (todas menos las dos progresistas) justifican que el ejercicio de huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española.
«La huelga constituye una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de nuestras condiciones profesionales», recoge el comunicado de los convocantes. «Como derecho fundamental, no cabe una interpretación restrictiva de su reconocimiento, que no excluye a jueces y magistrados de manera individual, y la ausencia de una normativa específica de desarrollo no supone su exclusión», explica.
Ante la negativa del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado a fijar servicios mínimos al considerar que no son competentes para ello, las asociaciones han anunciado que los fijarán ellas, como ha ocurrido en huelgas anteriores, y avanzan que, frente a los que consideran que este paro carece de efectos económicos, «el ejercicio de este derecho sí conlleva una pérdida de retribución proporcional».
En contra de la reforma Bolaños
La convocatoria parte de tres colectivos de jueces y dos de fiscales en protesta por las dos reformas anunciadas por el Ministerio de Justicia: la que prevé cambios en la forma de acceso a ambas carreras y la que modifica el estatuto que regula a la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales.
Las asociaciones afirman en su comunicado que «cualquier intento por parte del empleador de condicionar, obstaculizar o condicionar» la decisión de un trabajador respecto a su participación en una huelga «constituye una infracción muy grave».
El comunicado responde al acuerdo del pleno del CGPJ del pasado jueves, a quien Justicia pidió que informara de si reconocía la huelga y, en caso de que sí, fijara unos servicios mínimos. El pronunciamiento es similar al acordado por este mismo órgano con motivo de la primera huelga de jueces de la democracia, en 2009, y reiterado en convocatorias posteriores. «El ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el Consejo General del Poder Judicial de competencia para ello, fijar servicios mínimos», indica.