«Este muerto está muy vivo», repiten la manida broma, otro año más, en el Parlamento
28 jun 2025 . Actualizado a las 18:42 h.La ley mordaza, a la que el Gobierno y sus socios han dado por muerta mil y una veces desde la llegada de Pedro Sánchez al poder en junio del 2018, cumplirá este martes, 1 de julio, diez años en vigor. La oficialmente Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, nacida al calor de la mayoría de Mariano Rajoy y con la llamada «nueva política» en ebullición, alcanza una década de vida con mucho más recorrido (siete años) bajo el mandato socialista que los tres que extendió sus efectos durante el último Gobierno del PP.
«Este muerto está muy vivo», repiten la manida broma, otro año más, en el Parlamento tanto los diputados a favor como los contrarios a esta controvertida normativa. Una ley que, a pesar de que la coalición PSOE-Sumar la denuesta, el Ministerio del Interior que comanda Fernando Grande-Marlaska ha utilizado sin complejos para sancionar durante los estados de alarma de la pandemia o ante las manifestaciones en Ferraz a cuenta de la aprobación de la ley de amnistía.
Lo cierto es que la promesa formal de Sánchez —en su discurso en la moción de censura contra Rajoy— de que derogaría la ley mordaza nunca ha llegado siquiera a plantearse. En esta década, los grupos parlamentarios, con los socialistas a la cabeza, han trabajado exclusivamente en «reformar» la normativa, pero nunca en abolirla. Esta semana, coincidiendo con la víspera del décimo aniversario, los partidos con grupo propio en el Congreso favorables a la reforma —PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PN— han retomado los contactos para impulsar, sin aparentemente mucha fe, los trabajos de modificación de esta norma. Una actualización que en esta legislatura no ha figurado en el centro de una agenda política desbordada por la convulsa actualidad judicial y complicada todavía más por la difícil aritmética parlamentaria.
La situación en la Cámara —admiten todas las fuentes consultadas— desde luego no ayuda. Solo especular con la «letra pequeña» que puede incluir a última hora el partido de Puigdemont para apoyar cualquier texto provoca «escalofríos» en los negociadores del resto de los partidos, según reconoce uno de ellos. Tampoco hay sintonía con Podemos. Al no tener grupo propio ni se le ha comunicado la ronda de toma de temperatura de esta semana, pero sus cuatro votos, llegado el momento, serían indispensables.
Estos contactos de última hora han sido en realidad el único tímido avance —más bien simbólico— hacia la reforma desde que el PSOE, Sumar y Bildu anunciaran el pasado octubre un acuerdo (al que luego se incorporaron Esquerra, PNV y BNG) para retomar el cambio legislativo. Aquel pacto para tratar de resucitar los trabajos de reforma se basó en cuatro compromisos para desbloquear la negociación que naufragó en marzo del 2023, la única intentona real en una década que anduvo cerca de fructificar en una nueva ley.
El acuerdo con los de Arnaldo Otegi pasaba por avanzar hacia la prohibición del uso de pelotas de goma y de las expulsiones en caliente en las vallas de Ceuta (cuestiones ambas que, en realidad, no son materia de la ley de seguridad ciudadana), además de dulcificar los artículos sobre las faltas de respeto y la desobediencia a los agentes de la autoridad.
El fracaso de hace dos años
Al margen de este preacuerdo con Bildu, todo lo demás ha sido ruido. Como cuando hace un año, sin encomendarse a nadie, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció a bombo y platillo que la ley mordaza iba a ser derogada, tras «cerrar» un supuesto acuerdo con el PSOE. La realidad era otra. Sumar y los socialistas ni siquiera se habían sentado a negociar. Los contactos se referían exclusivamente al plan de regeneración democrática que Sánchez iba a anunciar el día después.
Así las cosas, hoy por hoy, el único cimiento para una futura reforma es ese pacto con Bildu, que trata de de recuperar lo máximo del fallido texto del 2023. Entonces, los seis partidos favorables a la reforma en la pasada legislatura —PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts— llegaron a acuerdos en 36 artículos de los 54 preceptos de la norma. Incluso hubo pacto en dos puntos que crearon controversia hasta el último minuto: las sanciones por falta de respeto a los agentes y por «la desobediencia o resistencia a la autoridad». Todo parecía hecho. Pero el 14 de marzo del 2023 la Comisión de Interior del Congreso firmó el acta de defunción de aquella reforma por disenso de última hora. Y eso que el intento era, en realidad, un cambio bastante acotado, muy alejado de la derogación. Todo naufragó por la negativa de ERC y EH Bildu a apoyar lo que calificaron entonces de «simples retoques cosméticos».