Jueces y fiscales están llamados desde este martes a la huelga contra la ley de Bolaños
ESPAÑA
El Gobierno ha pedido al CGPJ que tome medidas para restar el salario correspondiente a quienes participen en las protestas
30 jun 2025 . Actualizado a las 22:50 h.El seguimiento de la huelga convocada para este martes, el miércoles y el jueves por cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales —solo se autoexcluyen las dos de orientación progresista— permitirá calibrar el grado de descontento en juzgados y tribunales ante las dos reformas promovidas por el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños: la del acceso a ambas carreras profesionales y la del Estatuto Orgánico del Ministerio Público.
Con el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General remarcando que el ordenamiento vigente no ampara el parón de quienes ejercen como servidores del Estado, los organizadores han previsto unos servicios mínimos que garanticen, entre otros menesteres, las guardias, las actuaciones con detenido, las medidas cautelares urgentes, los levantamientos de cadáveres, los registros o los casos que afecten a personas vulnerables.
Lejos de cambiar una sola coma de sus anteproyectos para tratar de alcanzar un acuerdo con las asociaciones profesionales convocantes de estos paros, lo que el Gobierno ha hecho ha sido reclamar al CGPJ que tome medidas para restar el salario correspondiente a aquellos jueces y fiscales que participen en esas protestas, apoyándose para ello en el propio criterio del Consejo que viene defendiendo que no tendrían derecho a ir a la huelga.
Cambios imposibles
En su informe sobre una de esas polémicas reformas del Ejecutivo, en este caso la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el CGPJ realiza varias objeciones importantes. Entre ellas, que la policía judicial —por ejemplo, la UCO— pase a depender de la Fiscalía (e indirectamente, del Gobierno), algo que el órgano considera que supera «el ámbito propio de un estatuto orgánico». Es decir, que no se puede cambiar el funcionamiento de la policía judicial simplemente reformando el estatuto del Ministerio Fiscal.
Dicho anteproyecto, junto al de la ley para reformar las carreras judicial y fiscal, ya han sido bautizados como leyes Bolaños y, según sus críticos, contribuirán de forma decidida a reducir la independencia judicial, amén de no resolver los problemas «reales» de la justicia.