El PSOE se apresta a contentar a sus aliados para atornillar la mayoría

Paula de las Heras MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe los aplausos de la bancada socialista tras intervenir durante el pleno del Congreso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe los aplausos de la bancada socialista tras intervenir durante el pleno del Congreso. MARISCAL / EFE

Busca evitar derrotas y solo prevé llevar al último pleno asuntos que tienen la aprobación casi garantizada

13 jul 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

«Ahora estamos un poco eufóricos, pero hay que aprobar leyes», admitían este miércoles en el Gobierno. Los socialistas son conscientes de que viven en tiempo de prórroga tras el bombazo que supuso, hace ya casi un mes, el informe de la UCO que provocó la dimisión del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, por presunta corrupción. El debate parlamentario sirvió, pese a los discursos previos, para dar oxígeno al jefe del Ejecutivo en su momento más difícil, pero los socios de investidura también dejaron claro que su apoyo, y más aún en este contexto, no puede salir gratis.

Si la legislatura siempre caminó sobre el alambre, ahora esa precariedad se ha agudizado no ya para el PSOE sino para los propios grupos parlamentarios que le dan soporte. La urgencia por amarrar los frutos de unas negociaciones afrontadas por todos ellos desde una posición de fuerza que, muy posiblemente, no volverá a repetirse, se ha acrecentado. Nadie quiere elecciones, pero formaciones como el PNV o ERC ya advirtieron el miércoles de que su respaldo tiene un límite y este depende de cómo evolucione el caso Cerdán. Incluso Sumar ha asegurado que romperá si se demuestra que ha existido financiación irregular.

La presión sobre Sánchez para cumplir sus acuerdos pendientes es pues, dada la situación, tan clara como su necesidad de atornillar la frágil y heterogénea mayoría exhibida de nuevo esta semana frente a Alberto Núñez Feijoo. Y ese es el clima en el que tendrán lugar este lunes la comisión bilateral entre Estado y Generalitat para empezar a concretar el polémico acuerdo sellado hace un año con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa y por el que se pretende que la Generalitat recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña. Y, el martes, un encuentro entre Sánchez y el lendakari Imanol Pradales en el que el Gobierno vasco aspira a cerrar al menos la primera pata del traspaso de la gestión de la Seguridad Social.

El viernes el Gobierno volverá también a llevar al Consejo de Asuntos Generales de la UE la petición de que el catalán, el euskera y el gallego sean consideradas como lenguas oficiales. 

Último pleno el 22 de julio

Todos estos asuntos son susceptibles de alimentar los discursos de agravio no solo en las filas de la oposición. También en el propio PSOE, en el que la «financiación singular» genera unos recelos compartidos por otros socios como Compromís o la Chunta. Pero la filosofía del Gobierno es la de «partido a partido».

Aún pasará un tiempo hasta que esos pactos tengan que pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera o por el Congreso. Y entre tanto, lo que Sánchez necesita es apaciguar a sus aliados potencialmente más conflictivos para poder cerrar el curso político en la cámara baja sin nuevos sobresaltos. De aquí a las vacaciones de agosto solo queda ya un pleno, el 22 de julio, en el que en el Ejecutivo no quiere sobresaltos. Por eso, se plantea someter a votación únicamente asuntos que tienen la aprobación casi garantizada. Su intención es que la jornada sirva para ofrecer una imagen de estabilidad.

No se votará la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la ley estrella de Yolanda Díaz. Pero la vicepresidenta segunda empuja para incorporarla, aunque sea para perder. Esgrime que retrataría a la derecha.