El Gobierno no compromete que vaya a encauzar durante este año la nueva ley de secretos oficiales
ESPAÑA
Los periodistas publiquen asuntos clasificados como alto secreto podrán ser sancionados en una horquilla de 800.000 a 2,5 millones
13 jul 2025 . Actualizado a las 19:18 h.«Cuente con que esta legislatura vamos a modificar la ley de secretos oficiales». Así, con esa promesa, despidió el pasado 26 de febrero el presidente Sánchez a Aitor Esteban en la que era la última sesión de control en el Congreso para el portavoz parlamentario del PNV antes de asumir la presidencia de su partido. Esteban aprovechó aquella intervención del adiós para volver a la carga con una reivindicación —que se ponga fin a las limitaciones de acceso a la información reservada del Estado vigentes desde la reglamentación franquista de 1968— que los nacionalistas vascos, socios esenciales del Ejecutivo, consideran irrenunciable. Por ahora —y sin que se hayan producido más contactos, según fuentes peneuvistas—, el Gobierno no compromete que vaya a aprobar la reforma ya elaborada y trasladarla a las Cortes en lo que queda de año.
Como telón de fondo aparece no solo el delicado trance que atraviesa el mandato de Sánchez tras el reventón del caso Cerdán, sino también —o sobre todo— que el anteproyecto de la futura ley, denominada en su caso de información clasificada, ya tropezó en la pasada legislatura con el rechazo de los propios socios, algunos de los cuales, como el PNV y Podemos, la encuentran demasiado restrictiva. El Consejo de Ministros aprobó el citado anteproyecto hace ahora casi tres años, pero decayó al adelantar Sánchez las generales al 23 de julio de 2023.
Multas de hasta 2,5 millones
Ahora, el texto está siendo revisado por el Consejo de Estado En el Gobierno no descartan que ese dictamen pueda estar listo antes de vacaciones, pero en todo caso no comprometen cuándo lo ratificará en segunda vuelta. «No tenemos plazo», responden fuentes conocedoras de la tramitación, que subrayan que el Consejo de Ministros tendrá aún que «trabajar la ley» cuando se conozca el parecer del Consejo de Estado y otros informes obligados. El anteproyecto de ley apenas introduce modificaciones con respecto al que aprobó el Consejo de Ministros en agosto del 2022. Los asuntos clasificados como alto secreto estarán blindados 45 años prorrogables diez más y los secretos, 35 y 10; una protección equiparable a países de la UE y la OTAN como Francia o Alemania. Y los periodistas que los publiquen podrán ser sancionados en una horquilla de 800.000 a 2,5 millones, aunque la ley antepone el derecho fundamental a la libertad de expresión.