La Comisión Europea niega ante el TJUE que la amnistía responda al «interés general»
ESPAÑA
La corte de Luxemburgo continúa abordando las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas español
15 jul 2025 . Actualizado a las 22:29 h.La Comisión Europea no se cree uno de los principales argumentos del Gobierno español para justificar la ley de amnistía a los líderes del proceso independentista catalán. En la primera vista que celebraron los 15 magistrados de la Gran Sala del TJUE para examinar la polémica norma, el abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca, cuestionó los principios de seguridad jurídica y de igualdad de la amnistía, así como que esta «responda a un objetivo de interés general».
La corte de Luxemburgo debe determinar si los gastos del 1-O afectaron a los intereses financieros de la UE, en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas contra 35 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, a los que se les reclama un total de 5,3 millones de euros. En concreto, se les acusa de usar fondos públicos para financiar los referendos ilegales del 1-O y el 9N, y la acción exterior propagandística de la causa separatista.
«No parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España», señaló Urraca. Para el abogado de la Comisión, la ley del olvido penal del procés es en realidad una «autoamnistía», tal como consta en el escrito de alegaciones presentado en diciembre pasado ante el alto tribunal europeo, donde se argumenta que la amnistía fue parte de un «acuerdo político» para la investidura de Pedro Sánchez y que los votos de los beneficiarios eran necesarios para aprobar la ley. Urraca añadió que su tramitación por la vía de urgencia ha provocado una «división profunda en la clase política, las instituciones y la sociedad española», pese a las recomendaciones de órganos consultivos como la Comisión de Venecia, que pedía una ley «más clara y precisa» y un «diálogo significativo» con tiempo para conseguir una mayoría más amplia.
Los argumentos del letrado de la Comisión fueron compartidos por Juan Chapapría, de Sociedad Civil Catalana, como parte demandante, pero no por el Ejecutivo español, representado por la abogada general del Estado, Andrea Gavela, ni por las defensas de los encausados. Chapapría negó que la amnistía sea «fruto de una reconciliación», sino que se trató de «un pacto político entre un prófugo de la Justicia y un dirigente socialista hoy en prisión [en referencia a Santos Cerdán] para garantizar la impunidad de quienes participaron en un golpe de Estado».
Debate constitucional
En su turno, Gavela defendió ante el TJUE que este es un debate «constitucional» que se tiene que abordar en España. Precisamente, el Tribunal Constitucional tiene sobre su mesa una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo por vulneración del derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica. «En ningún caso la ley puede ser calificada de autoamnistía», dijo la letrada del Estado, completamente alineada con las defensas de los independentistas. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, declaró que los hechos ocurridos en el 2017 «no fueron crímenes de Estado, sino manifestaciones de un conflicto político», y que «la ley de amnistía es un problema en España, no en Europa».
Las defensas de los CDR rechazan que el olvido legal perjudique la lucha antiterrorista
En la segunda vista sobre la ley de amnistía, la Gran Sala del TJUE examinó otra de las cuatro prejudiciales presentadas por tribunales españoles, en este caso la de los magistrados de la Audiencia Nacional encargados de juzgar a los 12 activistas de los CDR (Comité de Defensa de la República) acusados de terrorismo. El tribunal español detuvo la aplicación de su amnistía al considerar que vulneraba la directiva europea sobre terrorismo, aprobada en el 2017 y que España traspuso en febrero del 2019, días después de los hechos imputados. Los abogados de la entidad independentista Alerta Solidaria defendieron que la ley del olvido penal del procés es «respetuosa» con la norma europea, y que no pone en riesgo la lucha antiterrorista ni en España ni en Europa. También adujeron que no es discriminatoria, al ser aplicada tanto a policías como a otras personas no independentistas. Tal como ocurrió por la mañana, el término autoamnistía dominó la vista. «Naturalmente que es una autoamnistía, fue una condición sine qua non de los grupos independentistas», aseguró el abogado José María Fuster Fabra, en nombre de la asociación catalana de víctimas del terrorismo Acvot.