España no logra los apoyos necesarios para la cooficialidad del gallego, el catalán y el euskera y la UE pospone otra vez la votación
ESPAÑA
Las dudas sobre el encaje legal y la financiación impiden el respaldo unánime que exige la decisión
18 jul 2025 . Actualizado a las 16:15 h.Los gobiernos europeos han frenado de nuevo este viernes la petición española para que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos como lenguas oficiales de la Unión Europea por las dudas legales y financieras sin resolver sobre el impacto que tendría tal reforma en el conjunto de la Unión Europea, a pesar de que España sostiene que ha respondido ya a «todas las dudas» expresadas por sus socios.
Así ha quedado patente en el debate de algo menos de una hora que los ministros han dedicado al asunto durante el Consejo de Asuntos Generales celebrado en Bruselas, en donde la oficialidad de las lenguas cooficiales ha chocado por séptima vez desde que España la puso sobre la mesa en el 2023 con el rechazo de cerca de una decena de países y las reservas de los servicios legales del Consejo.
La discusión ha sido por momentos tensa, según han descrito fuentes europeas a Europa Press, por la opinión de países como Alemania de que la reforma en los términos en que plantea España no es compatible con los Tratados, tal y como también sostienen los servicios legales del Consejo.
Aunque España sugirió que buscaría también este viernes someter la cuestión a votación, la presidencia de turno de la UE, que este semestre ejerce Dinamarca, avisó de que no contemplaba que la cuestión se sometiera a votación este viernes, dado que persisten las dudas para un asunto que requiere unanimidad para salir adelante.
Ya antes de que comenzara la reunión, varios ministros expresaron sus dudas en declaraciones a la prensa y avisaron de que era demasiado pronto para tomar ninguna decisión, ante la falta de evaluaciones de impacto que respondieran a sus inquietudes. Las mismas reservas mostradas en público por los representantes de países como Polonia o Austria fueron repetidas en el debate a puerta cerrada, según han indicado fuentes diplomáticas.
Desde que el Gobierno pactó con Junts en agosto del 2023 defender la oficialidad del catalán en la UE como condición para la investidura de Pedro Sánchez, el asunto se había incluido hasta ahora en la agenda de otras seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE; cuatro bajo la presidencia de turno de España, cuando el Gobierno fijaba la agenda, una cuando la presidencia rotatoria la ejerció Bélgica y otra, con Polonia.
Antes de la reunión, la ministra danesa de Asuntos Europeos y presidencia de turno del Consejo de la UE, Marie Bjerre, indicaba que «España quiere poner el caso de las lenguas en la agenda de nuevo y como presidencia vamos a facilitar el debate», para apuntar después que es consciente de que hay «muchas dudas planteadas por parte de los Estados miembro».
«Hay muchas dudas sobre este asunto entre los Estados miembro y creo que hay ciertas dudas legales», ha indicado el ministro de Asuntos Europeos de Polonia, Adam Szlapka, cuyo país ejerció hasta el pasado junio la presidencia de turno del Consejo de la UE.
«Creo que los Estados miembro necesitan algo más de tiempo, así que no creo que haya ninguna decisión hoy», ha remachado, antes de aclarar que no es solo Polonia sino «la mayoría de los Estados miembro» necesitan «algo más de tiempo» para resolver las cuestiones pendientes, en especial en cuanto a las «preocupaciones legales».
El ex primer ministro luxemburgués y actual ministro de Exteriores, Xavier Bettel, ha avisado también a su llegada de que «realmente no es el momento adecuado» para que los Veintisiete busquen un acuerdo sobre la cuestión de las lenguas cuando tiene sobre la mesa negociaciones complejas sobre las sanciones a Rusia o para lograr un alto el fuego en Palestina.
«Creo que el momento realmente no es el adecuado ahora mismo, si no eres capaz de acordar otras cosas», ha razonado Bettel, quien ha querido dejar claro que entiende «plenamente» que el «multilingüismo y las tradiciones» son «muy importantes» para los españoles.
En este contexto, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha pedido este viernes a sus socios europeos «no secuestrar o retrasar innecesariamente» la demanda española para reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, una petición sobre la que varios Estados miembros han expresado «dudas» legales y financieras pero que el Gobierno considera que han sido aclaradas.
De este modo, Sampedro se ha mostrado dispuesto al «diálogo» para dar todas las explicaciones que le pidan el resto de ministros durante el debate que mantendrán en torno al mediodía en el Consejo de Asuntos Generales de la UE que se celebra en Bruselas, pero ha avisado de que «lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente».
Sampedro ha defendido que España ha presentado información solvente para atender a todas las preguntas de sus socios e incluso se ha modificado la última propuesta sobre la mesa para reforzar en su articulado el compromiso del Gobierno de asumir todos los costes que implique la oficialidad de las lenguas cooficiales, aunque no ha puesto una cifra a ese compromiso.
La Comisión Europea presentó a finales del 2023 una evaluación «preliminar» basada en la experiencia del gaélico que apuntaba a que el reconocimiento del catalán, euskera y gallego tendría un coste de 132 millones anuales (44 millones por lengua), pero dijo que abordaría una evaluación específica y en detalle si así se lo pedía España o el Consejo.
«Está claro que no hace falta una revisión de los Tratados», ha ahondado el secretario de Estado, en alusión a la opinión negativa de los servicios legales del Consejo que, de manera oral, ha expresado en las reuniones previas sus reservas sobre la base legal de la reforma que se plantea del reglamento de lenguas y avisado de que podría hacer falta una reforma de los Tratados. Varios países piden un informe legal por escrito para aclarar este asunto.
«No se trata de confrontar, se trata de dialogar», ha insistido Sampedro, quien ha puesto en valor que el Gobierno reaccionó de inmediato tras escuchar a sus socios en el debate de mayo y, desde entonces, preparó un memorando de cuatro páginas que circuló entre las capitales días antes de este Consejo para aclarar las cuestiones pendientes.
España también ha aportado un informe jurídico de la Abogacía General del Estado, ha añadido, para después recalcar que «todos los Estados miembro saben cómo de importante es esta iniciativa para España» y que se trata de «acabar con una discriminación» hacia «20 millones de europeos».
Críticas de Pontón a Rueda
La líder del BNG, Ana Pontón, ha tildado de «esperpento» que sean el presidente catalán, Salvador Illa, y el lehendakari, Imanol Pradales, los que defiendan la oficialidad del gallego en el Consejo de Asuntos Generales mientras la Xunta se niega. «Parécenos moi preocupante que o señor Rueda esté poñendo paus nas rodas no recoñecemiento do galego en Europa», ha denunciado la líder del Bloque después de que el presidente de la Xunta rechazase sumarse a la carta enviada por sus homólogos para defender una posible oficialidad del gallego en las instituciones europeas. Pontón ha preguntado al mandatario gallego qué problema encontró a la hora de sumarse a esta carta y por qué siempre le sobra el gallego, dado que con actuaciones como esta evidencia, a su entender, que está empeñado en hacer del gallego una lengua de segunda, una lengua residual. «O que vivimos hoxe é un auténtico despropósito e unha vergoña», ha dicho la líder del BNG.
Por su parte, Salvador Illa, de visita en Santiago donde se ha reunido con Besteiro, ha ha destacado que el Gobierno de Cataluña y los socialistas «no pararán» hasta lograr la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en las instituciones de la Unión Europea. «No vamos a parar y esto va a acabar saliendo por la sencilla razón de que la razón está de nuestra parte», ha trasladado el también líder de los socialistas catalanes este viernes en una comparecencia en Santiago de Compostela y después de que se conociese que el debate de la oficialidad de las lenguas fue frenado de nuevo por las «dudas» mostradas por varios países. En su intervención, Illa ha trasladado que en España hay 20 millones de ciudadanos que viven en territorios donde una de estas tres lenguas, el catalán, el gallego y el esukera son lenguas oficiales y ha subrayado que su oficialidad en Europa «no hace daño a nadie» y supone el «reconocimiento de un elemento de identidad para 20 millones de personas».