El abogado del líder de Junts ya pidió suspender la orden de detención al concluir que esta «carece del respaldo de una condena firme»
22 jul 2025 . Actualizado a las 08:33 h.Uno de los asuntos centrales del mandato salido de las urnas el 23J pasa por las relaciones con el independentismo catalán. Si en el anterior período Pedro Sánchez accedió a modificar el Código Penal para eliminar delitos como el de sedición o aminorar la carga punitiva contra el de malversación, esta legislatura estuvo dominada desde el primer minuto por la aplicación de la amnistía a los principales referentes del proceso separatista.
La ley, fabricada a medida por los independentistas, según la impresión de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, no se ha acabado de desencallar por la insistencia del Tribunal Supremo de mantener las peticiones de prisión para los autores de delitos de malversación, conforme al derecho comunitario.
Entre los perjudicados de la postura del Supremo está Carles Puigdemont, cuya defensa decidió la semana pasada intentar acelerar los plazos durante el mes de agosto para buscar una suspensión cautelarísima de la orden de búsqueda y captura dictada contra él por los encargados de juzgar el desafío separatista.
Competencias
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) que se celebra este martes incluirá en su orden del día los recursos de amparo presentados por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Lluís Puig y Antoni Comín, pero no decidirá hasta septiembre si suspende o no su orden de detención.
Puigdemont presentó un recurso de amparo ante el TC en el que pedía que se le aplicara la amnistía que le denegó el Supremo y, de forma cautelarísima, que se suspenda la orden de detención nacional que sigue teniendo vigente por el procés.
En su recurso, Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán, solicita al TC que acuerde suspender la orden de detención al concluir que esta «carece del respaldo de una condena firme», en un contexto en el que el legislador «ha expresado su voluntad de extinguir la responsabilidad penal» del expresidente mediante «una norma orgánica cuya constitucionalidad ya ha sido confirmada». Y todo ello, a expensas de lo que decida la justicia comunitaria.