El fiscal general será juzgado por filtrar los datos del proceso contra la pareja de Ayuso
ESPAÑA
El Tribunal Supremo desestima por mayoría el recurso de García Ortiz, que se niega a dimitir
30 jul 2025 . Actualizado a las 09:14 h.Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado se sentará en el banquillo de los acusados. La sala de apelaciones del Tribunal Supremo ratificó por mayoría la decisión del instructor del caso de procesar a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos al estimar que coordinó e impulsó «personalmente» la filtración de datos de la investigación por fraude tributario contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. La sala desestimó así los recursos presentados por el jefe del ministerio público y por la Fiscalía, aunque no lo hizo por unanimidad, ya que uno de los tres magistrados que la conforman firmó un voto discrepante al considerar que el imputado no reveló ningún dato que no fuese ya público. Sí hubo consenso para exonerar a la fiscala jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, porque se limitó a obedecer a su superior, y para desvincular a Presidencia del Gobierno de los hechos: dos enmiendas a la actuación del juez Ángel Hurtado. Este martes, tras el despacho veraniego con el rey en el palacio de Marivent, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez respaldó a García Ortiz: «Creemos en su inocencia. Cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España».
primer jefe del ministerio público, en el banquillo
Las acusaciones solicitan hasta seis años de prisión. El auto no puede ser impugnado y se prevé que en los próximos meses el Supremo juzgue al fiscal general, que insiste en su inocencia, se niega a dimitir y afronta peticiones de pena de hasta seis años de cárcel —la solicitada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— que se elevarán a definitivas tras la vista oral.
el correo electrónico del 2 de febrero del 2024
García Ortiz lo recibió «dos horas antes» de su filtración. Los magistrados coinciden con el instructor en que el mail que el abogado de González Amador envió el 2 de febrero del año pasado a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid reconociendo dos delitos y ofreciendo un acuerdo fue reclamado por García Ortiz «dos horas antes de su publicación para su difusión», y sostienen que fue una noticia de El Mundo divulgada a las 21.29 horas del 13 de marzo, que decía que era el ministerio público el que ofertaba el pacto, la que desencadenó «la actividad del fiscal general para desmentirla». Este recibió copia del correo a las 21.59 de esa noche, y la Cadena Ser avanzó su contenido en antena a las 23.25 y lo amplió en su web a las 23.51. De hecho, la sala califica de «suficiente» el tiempo entre ambos hechos y tacha de «completamente irrazonable» que la filtración procediera de otros funcionarios con acceso al buzón.
la nota de prensa del 14 de marzo del 2024
«Para realizar la réplica informativa no era necesario revelar información reservada». Los magistrados no cuestionan que la nota de prensa elaborada por García Ortiz y emitida por la Fiscalía a las 10.20 horas del 14 de marzo «pretendiera legítimamente salir al paso de informaciones que consideraba inveraces», pero no justifican la comisión de un delito y estiman que «no se puede revelar un dato confidencial para rebatir un hecho que se considera incierto». El texto incluía el intercambio detallado de mails entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto.
rechaza el testimonio de cuatro periodistas
Conocían la información 24 horas antes. La sala define como «sorprendente» que los cuatro redactores de El País que testificaron que conocían el correo filtrado un día antes que García Ortiz no la hubieran publicado dado «su interés informativo», y concluye que si no lo hicieron es porque su información era fragmentaria.
el borrado de mensajes
La destrucción de pruebas. «A pesar de su posición institucional, borró los correos electrónicos de su cuenta personal y también todos los mensajes de WhatsApp», censuran los magistrados, que apuntan que el objetivo del fiscal general era « ocultar información ante una posible investigación», aunque este defendió que los eliminaba de forma habitual «por imposición legal».
el papel del entorno de gonzález amador y ayuso
«Ninguna evidencia». La sala reconoce que es «incuestionable» que el letrado de González Amador y el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, conocían el correo, pero «no hay ninguna evidencia de que lo filtraran».
Desvincula a presidencia
«No ha sido acreditado». También señala que «no ha sido acreditado con suficiencia» que García Ortiz actuara por indicaciones de Presidencia del Gobierno, como indicaba el instructor, e incluso considera «prescindible» esta afirmación dado que no se ha imputado «a ninguna persona vinculada con esta institución».
un voto particular
La coincidencia cronológica es «harto insuficiente». El magistrado Andrés Palomo firmó un voto particular en contra de 39 páginas ya que «no existe un fundamento indiciario suficiente que posibilite racionalmente una condena». Frente a su colegas, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar, estimó «harto insuficiente» la coincidencia cronológica entre el momento en que García Ortiz recibió el correo y este fue publicado.
la fiscala provinciaL
Exonerada por unanimidad. La sala da por cierto que Pilar Rodríguez «no intervino en la redacción» de la nota de prensa, «no tenía capacidad de supervisión ni de impedir la iniciativa del fiscal general» y se limitó a obedecer órdenes de un superior jerárquico, por lo que revoca su procesamiento.