La oposición pide la dimisión del fiscal general y el Gobierno le muestra su apoyo

Tan solo un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, echara el candado al curso político, la arena política volvió a agitarse ayer tras conocerse que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, será procesado por presunta revelación de secretos. Una resolución que la oposición y socios eventuales del Gobierno no dudaron en recoger para seguir desgastando al Ejecutivo de coalición.

Desde el Partido Popular, todas las primeras espadas se posicionaron en favor de pedir la dimisión de García Ortiz. «Es sencillo. Quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos. El fiscal general debe dimitir inmediatamente. No puede seguir ni un minuto más», escribió el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo. Su número dos, Miguel Tellado, también aseguró que «García Ortiz, como su patrón [Pedro Sánchez], intenta sobrevivir haciendo trampas y colocando afines en puestos clave. Se ha saltado todas las líneas rojas y ha dinamitado la imagen de la Fiscalía. El Estado de derecho seguirá plantando cara a la deriva autocrática de Sánchez y su banda».

En la misma línea, la portavoz del partido, Ester Muñoz, soslayó que la imputación de García Ortiz es una «auténtica vergüenza». «Esto no pasa en ningún país democrático», aseveró.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recogió en redes un vídeo en el que Pedro Sánchez recordaba que corrían «ríos de tinta» para pedir la dimisión de García Ortiz y aseguraba que «no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición nada más, y nada menos, que a la reputación del fiscal general». «¿Entonces le pedimos perdón o cómo hacemos?», comentó el regidor.

Los populares fueron, junto con Vox, los únicos que formularon críticas públicamente contra García Ortiz. De las otras formaciones, se esperaba silencio y lo hubo. Los socios de investidura de Sánchez quieren que su mandato dure lo máximo posible, y no quisieron abrir más grietas en la coalición de Gobierno.

Múltiples divisiones

Sin embargo, los reproches de la formación que dirige Santiago Abascal fueron encauzados tanto a los socialistas como a los populares. La portavoz parlamentaria del partido, Pepa Millán, escribió a través de la red social X que «unos y otros llevan décadas asaltando la Justicia y las instituciones, y este es el resultado. No dimitirá ni será cesado, todos los que están detentando el poder vinieron a esto; a colonizarlo todo y a servirse. Los Jueces son el último dique frente a la mafia».

Fuentes de Moncloa trasladaron a varios medios que el Ejecutivo mantiene su confianza en el fiscal general y le seguirán brindando apoyo, aunque los ministros Pilar Alegría (Educación) y Félix Bolaños (Justicia), que ayer protagonizaron el último Consejo de Ministros del curso, guardaron silencio ante la imputación de García Ortiz, ya que la rueda de prensa posterior coincidió con el anuncio.

Además, varias asociaciones de jueces también invitaron a García Ortiz a «reflexionar» sobre su continuidad en el cargo, ya que podría acarrear un «daño constitucional» considerable que permaneciera como fiscal general. Como contrapunto positivo, Francisco Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI)», apuntó a Europa Press que «el hecho de que podamos estar sentando en el banquillo a todo un fiscal general pone de manifiesto que el sistema de justicia español aun con todos sus deficiencias funciona, no hay nadie excluido de la aplicación de la ley».

Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJPD), declaró que el recorrido de la causa judicial se quedará en nada. «Tendrá que dilucidarse en el juicio oral si el fiscal se limitó a cumplir con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que le encomienda informar a la opinión pública de asuntos de relevancia social, como la investigación por delito fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid», agregó.

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