El Ejecutivo ignora los avisos de la UE y Estado Unidos y suma a Huawei al organismo que supervisa el 5G
ESPAÑA
La tecnológica china tendrá un rol consultivo en el ente público
14 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Pese al veto de la Administración Trump y a la recomendación de Bruselas de no contratar con Huawei, el Gobierno de coalición ha sumado a esta empresa tecnológica china al organismo público nacional encargado de supervisar y certificar la seguridad de todos los dispositivos y comunicaciones de la nueva generación de telefonía móvil en España. La multinacional asiática pasará a formar parte del consejo consultivo del Centro de Operaciones de Seguridad 5G (SOC 5G, por sus siglas en inglés), junto a la finlandesa Nokia y la sueca Ericsson, según publicó ayer El País.
De momento, Huawei jugará un papel secundario, por lo que no tendrá poder de decisión ni acceso a información sensible, según confirmaron fuentes del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, que todavía no ha emitido ningún comunicado al respecto.
Responsables de esta empresa con sede central en Shenzhen se reunieron ya en varias ocasiones con el resto de fabricantes y operadores que conforman este ente constituido en mayo del 2024, con una dotación presupuestaria de 15 millones de euros, provenientes de los fondos europeos Next Generation, y que aún no se ha presentado públicamente.
Esta es la segunda polémica que protagoniza la asiática, después de que el pasado 7 de julio The Objective publicase que el Ministerio del Interior había adjudicado contratos por valor de 12,3 millones de euros a Huawei para gestionar y almacenar la escuchas realizadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado con autorización judicial.
El titular de Exteriores, José Manuel Albares, dijo entonces que «la seguridad de las comunicaciones y la ciberseguridad en España están totalmente garantizadas»; y el de Economía, Carlos Cuerpo, insistió en situar a China como un «socio estratégico». Sin embargo, el portavoz del PP, Miguel Tellado, denunció que este contrato comprometía «la seguridad nacional», pese a que la Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid, ambas gobernadas por los populares, habían cerrado anteriormente acuerdos con Huawei.
El veto a la asiática —que tiene su origen en el 2019, cuando la primera Administración Trump acusó a Pekín de acceder a datos de las redes y móviles comercializados por esta multinacional— llegó a Bruselas en el 2023, año en el que la Comisión Europea advirtió de los «riesgos sustancialmente más altos» que se corrían al contratar a este proveedor, que está prohibido en seis Estados miembros.