La Fiscalía investiga si los municipios arrasados tenían planes de prevención
ESPAÑA
Pidió información al Seprona y puso sobre aviso a los fiscales provinciales
21 ago 2025 . Actualizado a las 22:16 h.La Ley de Montes obliga a los municipios que estén en zonas de alto riesgo de incendio a elaborar planes de prevención. Es decir, listas de medidas para evitar los fuegos y para, en el caso de que ocurran, minimizar sus efectos negativos protegiendo vidas, propiedades y el medio ambiente. «Es evidente que la situación que estamos sufriendo es debida a la ausencia o, en su caso, a la aplicación improcedente de dichos planes», escribió ayer Antonio Vercher, director de la Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo. Está indagando hasta qué punto la ola de fuegos ha tenido que ver con la falta de estos documentos, y por eso ha pedido al Seprona —el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil— que recabe información sobre si las áreas más afectadas contaban con ellos.
Sin ir más lejos, la organización ecologista Greenpeace ha denunciado públicamente que Tres Cantos, el municipio madrileño que fue pasto de las llamas hace una semana, no contaba con ningún plan. En ese sentido, Vercher escribió también a los fiscales provinciales. Les comunicó que, en los casos más peligrosos, por el riesgo del terreno o por el contexto en que se haya producido el incendio, podrán exigir la responsabilidad penal de quienes no hayan elaborado «los citados planes» teniendo la obligación de hacerlo.
Greenpeace viene denunciando desde el 2018 la poca seriedad de los ayuntamientos a la hora de redactar estos documentos preventivos. También la Fiscalía de Medio Ambiente, y de hecho es un tema que ya ha motivado la apertura de algunos procesos judiciales en el pasado, explicó Vercher a El País. Él mismo trasladó a Pedro Sánchez su preocupación durante las reuniones del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) del Plan Estatal de Emergencias.
También las comunidades
Pero el director de la Fiscalía ambiental no quiere centrarse solo en los ayuntamientos, sino también en las comunidades autónomas. Los Ejecutivos regionales están obligados, desde el 2022, a redactar sus propios planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales en todo su territorio. La norma se estableció como una modificación de la Ley de Montes, un texto que ya advertía de que el calentamiento global, «junto con el proceso de transformación social, económica y ecológica del medio rural», provocaría la aparición de «situaciones de emergencia de mayor complejidad».
No hizo falta un gran ejercicio de adivinación para intuir esa tendencia peligrosa. Cuando se redactó aquel decreto y se adaptó la ley, hace tres años, reinaba el caos en España por otra ola de incendios que ya había batido todos los récords. En ese contexto, el Gobierno entendió necesario ir más allá de las zonas de alto riesgo y ampliar los planes de prevención a todo el territorio. Las comunidades quedaron obligadas, por lo tanto, a actualizar sus medidas contra el fuego con la suficiente antelación y a aplicarlas de manera continua durante todo el año. El Ejecutivo central, por su parte, se comprometió a aprobar otro decreto con «las directrices y criterios comunes precisos para la elaboración de los referidos planes».
Pero el Gobierno todavía no ha aprobado esos criterios comunes. Existen para los municipios, pero no para las autonomías. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica comentaron que estarán listos en unas semanas, que se complicó el proceso de alegaciones al ser una competencia compartida. Según dijeron, algunas comunidades insinuaron que podría tratarse de un ejercicio de fiscalización por parte del ministerio; otras, que el Gobierno no podía meterse en competencias autonómicas; otras pidieron que los planes se actualizasen cada cinco años, en vez de anualmente... Aunque la falta de directrices no se puede usar como excusa para no redactar los planes, añadieron.
La ola de incendios no ha pillado a nadie por sorpresa. «Ya ocurrió en el 2022», comentan desde el ministerio, y rechazan el discurso de que «no se podía prever».