Las acusaciones populares reclaman entre cuatro y seis años de prisión por un delito de revelación de secretos
09 sep 2025 . Actualizado a las 22:47 h.Siete magistrados de la Sala Segunda del Supremo serán los integrantes del tribunal que juzgará, previsiblemente a mediados de noviembre, al fiscal general del Estado. El presidente será el máximo responsable de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, que estará acompañado en estrados de su antecesor en el cargo, Manuel Marchena, y de sus compañeros Antonio del Moral, Susana Polo, Ana Ferrer, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela.
La ponencia de la sentencia debería recaer en Polo, de sensibilidad progresista, que ya redactó el auto que admitió a trámite por unanimidad la exposición razonada remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para abrir una causa a García Ortiz. Esta sala tendrá que analizar los hechos plasmados en el auto de apertura de juicio oral conocido ayer y en los escritos de las acusaciones populares, quienes reclaman entre cuatro y seis años de prisión por un delito de revelación de secretos. A esto se añade una solicitud de doce años de inhabilitación para el cargo de jefe del ministerio público que reclama una de las partes, que le atribuye un delito de prevaricación en concurso medial con otro de revelación de secretos.
La resolución de este martes avisa de que podrían imponerse otros delitos, como el de infidelidad en la custodia de documentos públicos. La acusación que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) es la que reclama una mayor condena, seis años de cárcel. El resto se quedan en los cuatro años, caso de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír y Vox.
Por su parte, la acusación particular que ejerce Alberto González Amador solicita cuatro años de prisión, que se le suspenda de empleo y sueldo por tres años, una pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, y una multa de 108.000 euros. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, que ejerce de acusación popular, solicita la misma condena, pero deja la multa en 81.000 euros. Finalmente, el seudosindicato Manos Limpias solicita cuatro años de cárcel para García Ortiz, así como su suspensión del cargo durante tres años y 216.000 euros de multa.