Igualdad anuncia que investiga el fallo de las pulseras antimaltrato medio mes después
ESPAÑA
Redondo pide perdón a las víctimas por el «ruido» generado en torno a su seguridad
01 oct 2025 . Actualizado a las 22:04 h.Tarde, mal y casi a rastras, obligada por la oposición. Ha tenido que pasar medio mes para que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidiera perdón a las 4.730 mujeres cuya vida y protección depende de las pulseras antimaltrato, un sistema telemático en el que se han detectado fallos —advirtió la Fiscalía General del Estado en su última memoria anual—, que ahora son objeto de una investigación interna «exhaustiva», según anunció la socialista durante su comparecencia ante el Pleno del Senado solicitada por el Grupo Popular.
«Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura a diario», declaró la política, que fue doblemente reprobada por el Legislativo. Después de que el Congreso lo hiciera la semana pasada, la Cámara Alta reclamó este miércoles al Gobierno su cese por la gestión de esta crisis en una moción que contó con los apoyos del PP y UPN, los votos en contra del PSOE, sus socios y Vox, y ninguna abstención.
Redondo defendió que el sistema Cometa, que permite comprobar a través de geolocalizaciones que se cumplen las órdenes de alejamiento impuestas a maltratadores y violadores, «salva vidas cada día y constituye una referencia en el ámbito de protección internacional», pero reconoció que pudieron «surgir incidencias técnicas» durante la migración de datos cuando Telefónica dejó de ser la empresa prestataria del servicio, que fue asumido por una UTE de Vodafone y Securitas. Aunque apuntó que este «se realizó sin interrupciones», explicó que la investigación, ya en curso, podrá derivar en «exigencias de responsabilidades si las cláusulas del contrato no han sido finalmente respetadas».
Esta transición de plataformas provocó un fallo que impidió durante unos meses conocer los movimientos de los agresores previos al 20 de marzo del 2024, lo que causó «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios» según el ministerio público. La ministra, sin embargo, indicó a los senadores que no le constan excarcelaciones como consecuencia de esta deficiencia y que actualmente el sistema opera «con total normalidad y sin incidencias relevantes». De hecho, lo calificó como «estable, seguro y mejorado respecto al modelo anterior», y añadió que su departamento ya trabaja en los pliegos del próximo concurso —el contrato vigente expira en mayo del 2026—, que exigirán una aplicación de consulta en tiempo real, un módulo de gestión de quejas y el refuerzo del personal especializado.
Desde el Grupo Popular reclamaron una auditoría independiente para «depurar responsabilidades», desde Vox culparon al Ejecutivo de poner «en peligro» a las mujeres maltratadas, y aunque la mayoría de grupos parlamentarios criticaron a la ministra por su falta de transparencia, desde el bloque de investidura acusaron a la derecha y la ultraderecha de extender bulos y falsedades, e «instrumentalizar» a las víctimas de la violencia machista por intereses partidistas.
La socialista, que no estuvo acompañada por ningún miembro del Gobierno, apeló al Pacto de Estado contra la Violencia de Género para no usar a sus supervivientes como arma arrojadiza en la batalla política, y desmintió que las pulseras se compren en AliExpress, que alguna protegida por este sistema haya sido asesinada en el 2024 y que los datos estuviesen almacenados en una empresa israelí.
«No ha dado ninguna explicación de lo que ha pasado», se quejó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien llamó «mentirosa e incompetente» a la ministra, y anunció que llevará una moción a ayuntamientos y diputaciones pidiendo su cese.