El juez, entre duros reproches de Anticorrupción al exministro, les manda a Soto del Real ante el «extremo» del riesgo de fuga por las elevadas penas a las que se enfrentan en el primer juicio
27 nov 2025 . Actualizado a las 18:40 h.A Soto del Real. El mayor de los miedos de José Luis Ábalos desde que en febrero del 2024 estalló el caso Koldo se hizo realidad este jueves a mediodía. El juez Leopoldo Puente, esta vez sí, decretó el ingreso incondicional y sin fianza del exministro y de su exasesor, Koldo García, después de que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón —por primera vez en este procedimiento y entre duros reproches al diputado— pidiera al alto tribunal el encarcelamiento preventivo de ambos.
Y ello, según argumentó la Fiscalía, porque las circunstancias ha cambiado radicalmente, ya que ya que entiende que el riesgo de fuga del diputado y su exmano derecha se ha incrementado de manera significativa después de que el Ministerio Público haya solicitado contra ellos unas condenas de 24 y 19 años, respectivamente, en la primera de las piezas del caso Koldo que va a llegar a juicio, los supuestos amaños en las adjudicaciones de la compra de la mascarillas.
Durante la vistilla, el exministro de Transportes mostró un tono «lastimero» según varias de las personas presentes en ese momento clave, e insistió en que en sus planes nunca ha estado el de fugarse ni evitar la acción de la justicia, entre otros motivos, porque no tiene dinero ni un patrimonio que le garantice poder vivir en el extranjero. «No voy a huir, no tengo ni siquiera dónde ir», ha apuntado Ábalos.
La defensa de Ábalos, ejercida por el exfiscal Carlos Bautista, menos pasional que su cliente poco antes también había insistido en que no existe ese riesgo de fuga, insistiendo en el arraigo de su cliente (que tiene cinco hijos de tres exmujeres residentes en España), en el hecho de que es diputado y de que, en el caso de encarcelamiento, se vulnera el artículo 23 de la Constitución, que es el derecho a la representación política.
Más allá de su alegato en la vista, el extitular de Transportes, en una comunicación con la Cadena Ser mientras esperaba el fallo del juez, denunció la decisión «política» de la Fiscalía de pedirle prisión preventiva con el objetivo de «conseguir una declaración colaborativa».
El letrado del exministro ha señalado además que la petición de ingreso en prisión por parte del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no es más que una «profecía autocumplida». En este sentido ha argumentado que el escrito de acusación de la Fiscalía es un «corta pega» de los atestados de la UCO de la Guardia Civil a los que ha unido la calificación de una serie de delitos y les ha puesto la máxima pena para luego plantear que hay riesgo de fuga, fruto de su propia actividad procesal.
Riesgo de fuga agravado
El jefe de Anticorrupción se mostró especialmente contundente ante las críticas de Ábalos de con su encarcelamiento se estaba vulnerando el derecho la representación política. Luzón le recordó que fue precisamente faceta de político, en concreto su pertenencia a un Gobierno, lo que le permitió cometer los delitos que se le atribuyen, para luego incidir en que «ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal». «Ningún poder del Estado puede esgrimirlo para eludir la responsabilidad penal y, por eso, la Justicia se representa con una venda en los ojos», remachó.
Según fuentes presentes en la denominada vistilla del artículo 505 para la revisión de las medidas cautelares, la posición de Anticorrupción ha sido casi idéntica a la de las acusaciones populares, que están unificadas en la representación legal del PP, y que igualmente han pedido prisión incondicional para el extitular de Transportes. Hasta la fecha, las cautelares que pesan contra Ábalos son comparecencias quincenales, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte que, según fuentes próximas a su defensa, han funcionado correctamente en su caso.
Éstas consideran —al igual que la Fiscalía— que el riesgo de fuga del investigado se ha agravado tras los escritos provisionales de acusación en el citado procedimiento de los contratos de material sanitario, que fueron adjudicados por Transportes a una empresa vinculada a Aldama, Soluciones de Gestión, en plena pandemia por 53 millones de euros.
José Luis Ábalos ha llegado esta mañana poco después de las nueve de la mañana al Supremo para comparecer en la vista convocada por el juez instructor para revisar sus medidas cautelares. Ábalos ha entrado a la sede del alto tribunal con una pequeña mochila al hombro. Las únicas pertenencias con las que, si le envían a la cárcel, llegaría hoy mismo al módulo de ingresos.
Su exasesor en el Ministerio de Transportes Koldo García podría correr la misma suerte que su exjefe. Koldo ha sido citado a partir de las 12.30 horas una vez que su abogada concluya su presencia en la declaración del empresario Víctor Aldama, que tendrá lugar a menos de 200 metros en el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga las ramificaciones del caso Koldo.
Las citaciones de ambos, no obstante, fueron acordadas después de que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, abriera la puerta a la posibilidad de que Ábalos y Koldo acabaran en prisión preventiva a la espera de juicio dentro de pocos meses. Tras el auto de procesamiento, Luzón pidió 24 y 19 años y medio de cárcel para ambos, respectivamente, por cinco delitos. Una solicitud que oscurece sobremanera su futuro procesal. Tras este escrito y con una hora de diferencia, el fiscal registró la petición urgente de la vista para modificar las medidas cautelares vigentes: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.
Ábalos, exministro entre el 2018 y el 2021, y Koldo, exconsejero de Renfe y Puertos del Estado, están procesados por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también pide que se les condene a pagar una multa de unos 3,9 millones de euros. Por su parte, las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para ambos. Les atribuye los mismos delitos que señala la Fiscalía y añade otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.