Ultimátum del Gobierno a cuatro comunidades para crear el registro de objetores al aborto
ESPAÑA
Aragón, Asturias, Baleares y Madrid tendrán tres meses para contar con este requerimiento. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que las cuatro «incumplen sistemáticamente» este derecho
06 oct 2025 . Actualizado a las 15:06 h.Pedro Sánchez ha enviado este lunes un requerimiento formal a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que creen y regulen, «con la mayor celeridad posible», el Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto. Para ello, el presidente del Gobierno les ha impuesto un plazo de tres meses.
Su existencia es una obligación desde el 2023, según dicta la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Por ello, el Ejecutivo avisa de que, en caso de no crearlo antes de que finalice el plazo, «se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento».
«La falta de este registro limita, de facto, el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley. El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres», explican las fuentes del Gobierno consultadas por Europa Press.
Con este requerimiento, el Gobierno «da un paso más» para garantizar que «todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad».
Igualdad denuncia un incumplimiento sistemático de la ley
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha denunciado que hay comunidades autónomas que «incumplen sistemáticamente» el derecho al aborto porque ni han puesto en marcha el registro de objetores de conciencia ni tienen un hospital público de referencia en cada provincia que permita a las mujeres interrumpir el embarazo. «Se está requiriendo a las comunidades autónomas para que cumplan con el registro de objetores, pero también los requisitos legales que permiten realizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y con todas las garantías. Pretendemos que no haya mujeres de primera y de segunda en el territorio español», ha defendido Redondo en RNE, según recoge Efe.
Redondo ha destacado que son muchas las mujeres que tienen que interrumpir el embarazo en la sanidad privada: «No se está cumpliendo la ley, esa es la dura realidad y hay muchas mujeres que tienen dificultades. (...) Se trata de homologar el derecho, de permitir que todas las mujeres puedan ejercerlo con libertad y en condiciones de igualdad en todo el territorio», ha añadido.
A su juicio, la ley aún necesita un impulso para su desarrollo completo y ha señalado que el derecho a la objeción de conciencia no puede conculcar totalmente el derecho al aborto, sino que ambos deben conciliarse. De ahí, la necesidad de poner en marcha los registros de objetores de conciencia. En cuanto al anuncio de Sánchez de blindar el derecho al aborto en la Constitución, Redondo ha sostenido que «es el momento de dar un paso más» ante la ola reaccionaria que se «está llevando por delante los derechos de las mujeres, empezando por el de interrupción voluntaria del embarazo».
Es, ha dicho, «un ataque furibundo a los derechos de las mujeres». La reforma constitucional para blindar este derecho, ha afirmado, no requeriría referendo, pero sí el apoyo de tres quintas partes de las Cámaras y para ello será necesario el apoyo del PP. Redondo espera que los populares, «a pesar de sus meteduras de pata», cambien su actitud después de lo sucedido en el Ayuntamiento de Madrid con el supuesto síndrome postaborto y apoyen la reforma. «Hay que pedirle al PP que se aclare con dónde quiere estar: avanzando en igualdad o mimetizándose absolutamente con Vox», ha apuntado, con la ultraderecha o siendo un partido de Estado. La ministra ha criticado que el PP está «desnortado», ha perdido la centralidad y la capacidad de conectar con las mujeres.
Resistencia de Ayuso
Los gobiernos autonómicos de Baleares, Aragón y Asturias se han comprometido este lunes a elaborar el registro de objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, pero la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que esta herramienta solo sirve para «estigmatizar» a los sanitarios.
Los representantes políticos de estas regiones han hecho estas declaraciones tras recibir la carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde les exige poner en marcha dicho registro, obligatorio desde 2024, para garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.
Ayuso, ha afirmado que se tomará un tiempo para ser «certera» en su respuesta a Sánchez y ha asegurado que no es partidaria de que se persiga o se señale a ningún profesional sanitario por «practicar o no querer practicar un aborto».
La presidenta madrileña ha expuesto que esta carta forma parte de «una campaña para tapar todos los escándalos que rodean al presidente» y aunque no ha aclarado qué contestará a la misiva de Sánchez, sí ha dejad clara su postura contraria a «estigmatizar» al personal sanitario.
Más Madrid propone prohibir por ley dar información sanitaria no avalada por la ciencia
Más Madrid ha propuesto prohibir por ley que se de información sanitaria que no esté avalada por la ciencia tras la polémica surgida por la iniciativa aprobada por PP y Vox en el Ayuntamiento de la capital sobre el «síndrome post aborto».
La formación ha registrado en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley contra la «desinformación sanitaria institucional» para que ninguna administración pública de la Comunidad de Madrid, «incluidos ayuntamientos», pueda« difundir, por cualquier medio, información sanitaria que no esté avalada por evidencia científica suficiente, reconocida en los protocolos y guías de práctica clínica de organismos oficiales o en la literatura científica de referencia y consenso internacional».
Reclama la formación regionalista que para garantizar que no suceda, la autoridad sanitaria «establecerá los procedimientos de control y supervisión y, en su caso, régimen sancionador». De esta manera, responde Más Madrid a la polémica surgida por la iniciativa de Vox aprobada por el PP en la que se hablaba de este «síndrome post aborto» y que la concejala de Vox, Carla Toscano, vinculó con «alcoholismo» o con tasas de suicidio «siete veces mayores» a las del resto de mujeres.
Aunque inicialmente el PP del Ayuntamiento de Madrid apoyase la iniciativa, este jueves el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, reconocía que no era una «categoría científica» e insistía este viernes en que no se obligará a las mujeres a recibir información sobre el aborto.
El tema escaló y llegó a la esfera nacional, dado que el Gobierno de España anunció recientemente que estudiaba medidas legales contra esta propuesta y el presidente, Pedro Sánchez, aprovechaba la coyuntura para proponer blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución Española --propuesta hecha hace año y medio por Sumar--, algo para lo que el PP ha negado su apoyo, imprescindible para que saliera adelante.
Por su parte, la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, cargaba esta semana contra una «derecha y ultraderecha indistinguibles» que intentan «atacar el derecho de las mujeres para decidir sobre su vida, su maternidad y su propio cuerpo».
El Ministerio solicitaba este viernes formalmente a Almeida que explicase cómo pretende informar a las mujeres que decidan abortar sobre el síndrome post aborto, concretamente quiere saber cómo garantiza que esa información sea científica, «y no un burdo intento del PP y Vox para coartar la libertad de las mujeres y coaccionarlas a la hora de ejercer sus derechos».
En una carta firmada por la ministra de Sanidad, Mónica García, con fecha de este viernes, 3 de octubre, se recuerda que «el denominado síndrome post aborto no existe como entidad clínica reconocida ni cuenta con evidencia científica». En consecuencia, advierten a Martínez-Almeida de que cualquier mensaje institucional que haga referencia vulnera la obligación de ofrecer a las pacientes información objetiva e «induce a la desinformación y contribuye a la estigmatización».
Asimismo, el PP de Madrid ha afirmado que no se puede «obligar a los médicos a que practiquen un aborto» igual que no se puede «prohibir» que se ejerza «en los términos que establece la ley», mientras que el PSOE madrileño ha exigido a la Comunidad que «cumpla la ley» y presente el registro de objetores de conciencia ante las interrupciones voluntarias del embarazo.
«Simplemente decir que no se puede prohibir el aborto en los términos que establece la ley. Tampoco se puede obligar a los médicos a que practiquen un aborto», han sintetizado. Ha sido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces después de que el Gobierno central haya dado tres meses a Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para crear este registro. Este viernes la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, afirmaba que la lista de objetores «es inútil» y para «lo único que sirve es para señalar».
El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha expuesto que en 2024 hubo en España «más de 106.000 abortos», por lo que «no se puede decir que esté restringido de ninguna manera» y ha tachado de «desgracia» el número de interrupciones voluntarias del embarazo. «No vamos a contribuir a la campaña de propaganda que está haciendo Sánchez, a las cortinas de humo que quiera plantear», ha zanjado.
Por su parte, su homóloga de PSOE, Mar Espinar, ha indicado que pedirán este jueves a Matute que publique el registro de objetores y ha advertido de que no se va a «dar ni un paso atrás en los derechos que tanto ha costado conquistar a las mujeres». «Es un mensaje que la señora Ayuso y el señor Almeida tienen que tener clarísimo. El PSOE aquí en la Asamblea de Madrid, en el Ayuntamiento y desde el Gobierno de España, no va a permitir que el Partido Popular, por no hallar su lugar, hagan que las mujeres retrocedamos a más de 50 años atrás», ha advertido.
Asimismo, ha reivindicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha «tomado las riendas» ante la situación provocada por la «simbiosis del PP con Vox» y ha propuesto blindar el «derecho de la mujer al aborto» en la Constitución Española. Por último, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha indicado que la Comunidad de Madrid «debe cumplir la ley» aportando este registro de objetores y también «garantizando el derecho al aborto» en la Sanidad Pública.
Azcón, sobre el registro de objetores al aborto: «Cumpliremos la ley. Sánchez lo que no quiere es hablar de los sobres»
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que su ejecutivo cumplirá «sin problemas» con el requerimiento del Gobierno de España para crear y regular un Registro de Personas Objetoras al aborto, cuestión que, a su juicio, Pedro Sánchez «quiere poner en el centro del debate para que no hablemos de los sobres», en referencia al informe de la UCO que apunta a una posible financiación ilegal del PSOE y por el que el TS ha citado este lunes como imputados a José Luis Ábalos y Koldo García.
Azcón se ha referido a esta cuestión respondiendo a preguntas de los medios de comunicación durante su visita este lunes al campus de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EUTIZ) de la Universidad de Zaragoza. «Es una ley del 2010. Quince años después, ahora Sánchez se acuerda de que hay algunas comunidades autónomas que no han cumplido con una parte de esa ley», ha recordado Azcón, en referencia al requerimiento formal enviado por el presidente del Gobierno de España a Aragón, Asturias, Islas Baleares y Comunidad de Madrid para cumplir con el mandato recogido en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Jorge Azcón ha señalado que se trata de un texto legal aprobado hace tres lustros que «nadie cuestiona», tras permanecer vigente con sucesivos gobiernos de distintos colores. «Vamos a seguir defendiendo a las mujeres como no lo hace el Partido Socialista, pero la verdad de lo que hay detrás de eso es otra, vamos a exigir que toda la información que tiene que ver con esos sobres llenos de dinero que repartía el PSOE la conteste de forma inmediata», ha insistido Azcón, que ha apuntado a los «indicios más que evidentes, casi concluyentes, de que el Partido Socialista se está financiando de forma ilegal».
«A Sánchez no le importan las mujeres, ha criticado, a Sánchez lo que le importa son sus problemas de corrupción, de su mujer y su hermano y los sobres repletos de dinero que se les entregaban a los más altos dirigentes del partido».
Baleares garantiza la asistencia y cumple la ley del aborto
La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado que en Baleares está garantizada la prestación del aborto en la sanidad pública aunque todavía no cuente con un registro de médicos objetores: «La asistencia está asegurada en cualquiera de los hospitales de la salud pública de Baleares con lo que nosotros estamos cumpliendo la ley».
García ha incidido en que el aborto, en Baleares, «está absolutamente garantizado en todos los centros sanitarios públicos, que es lo que se busca», ha dicho en respuesta a la carta remitida este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los presidentes autonómicos de Baleares, Asturias, Aragón y Madrid exigiéndoles que garanticen el derecho al aborto en la sanidad pública y que, para ello, pongan en marcha el registro de objetores de conciencia, como marca la ley.
La consellera ha admitido que Baleares no cuenta todavía con dicho registro, pero está trabajando en el decreto para hacerlo posible, que «está en vías de desarrollo, tiene que pasar por el Consultiu, por el Institut Balear de la Dona, y contar con los informes pertinentes», en declaraciones realizadas durante un acto público y facilitadas por la Conselleria. «Lo tendremos», ha respondido sobre el plazo de 3 meses que ha fijado el presidente para cumplir con ese trámite legal. Asimismo, la consellera ha incidido en que Baleares cumple la ley del aborto: «Somos muy transparentes, tenemos datos y se han expuesto».
Asturias asegura que el derecho al aborto está «absolutamente garantizado»
El Gobierno del Principado ha afirmado este lunes que el derecho al aborto en la comunidad está «absolutamente garantizado» a través de un sistema «accesible» y que asegura la «confidencialidad» de las mujeres, a pesar de no contar aún con un registro de personas objetoras de conciencia, como marca la ley, que se creará «a la mayor brevedad».
Así lo ha confirmado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Peláez, después de que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, haya remitido este lunes una carta a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Madrid y Baleares exigiéndoles que garanticen el derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública y que, para ello, pongan en marcha el registro de objetores de conciencia.
En el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubiera hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento, ha advertido el presidente en la misiva. Según ha asegurado Pelaéz, el Gobierno del Principado está trabajando para crear «a la mayor brevedad» el registro de personas objetoras de conciencia, como marca el mandato establecido en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Así, ha explicado que el Servicio de Salud del Principado ya ha dictado las instrucciones a todas las áreas sanitarias para llevar a cabo este registro -obligatorio desde 2024- y, en estos momentos, el Gobierno asturiano está trabajando para aprobarlo «a la mayor brevedad» a través de un decreto. El portavoz del Gobierno asturiano ha llamado a la «absoluta tranquilidad», porque en Asturias el derecho al aborto está «absolutamente garantizado» a través de un sistema «accesible» y que «garantiza la confidencialidad» de las mujeres.
Peláez ha explicado que en la comunidad existe desde 2010 un protocolo que habilita clínicas concertadas para garantizar el acceso antes de la semana 14 de embarazo y partir de esa semana se practica en los hospitales públicos. En este punto, ha asegurado que se trata de un modelo «que funciona» y que es utilizado por mujeres de otras comunidades autónomas.