El proyecto de ley recoge que si la mujer se niega a recibir esta práctica el médico está obligado a no realizar la interrupción del embarazo y a dejar por escrito los hechos en el historial clínico de la paciente
Tendrá que pagar 720 euros de multa por interrumpir el proceso a las 27 semanas ingiriendo unas pastillas. Ella lamenta el trato recibido en el hospital y acepta su responsabilidad
El texto continúa ahora su tramitación parlamentaria y requerirá una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para ser aprobado. El Gobierno también ha recibido las críticas de sus socios por esta iniciativa
El dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias determina que quedó «constatado que no se pusieron a disposición de la paciente todos los medios diagnósticos adecuados al estado gestacional y a la clínica que presentaba»
El proyecto de ley, que necesita una amplia mayoría en el Congreso y el Senado, busca «proteger» el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública
La Fiscalía pide 3.600 euros de multa para ella al apreciar que tomó unos medicamentos para interrumpir el embarazo después de que los sanitarios le dijesen que no había ya posibilidad de hacerlo por la vía legal
La propuesta del Gobierno plantea añadir un nuevo apartado 4 al artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud, para consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo