El Gobierno aprueba el proyecto de ley que da a los fiscales la investigación penal sin el aval de Sumar y sin garantías en el Congreso
ESPAÑA
Lanza la norma en puertas del juicio a García Ortiz y ya en minoría por la ruptura de Junts. Los de Díaz se niegan a restringir la acusación popular
28 oct 2025 . Actualizado a las 16:31 h.El día «histórico», en expresión de Félix Bolaños, en el que un Gobierno ha dado el paso de aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que busca «agilizar, modernizar y europeizar» el proceso penal vigente desde 1882, amenaza con quedarse en agua de borrajas en un Congreso en el que el Ejecutivo está ya formalmente en minoría tras la ruptura de Carles Puigdemont con Pedro Sánchez. Aun cuando el Ejecutivo lleva trabajando en su iniciativa desde la legislatura pasada, las circunstancias y la necesidad de seguir dando pedales a su trabajoso programa legislativo han hecho que el refrendo de este martes se consume justo después del divorcio de Junts y en puertas del juicio, este 3 de noviembre, al fiscal general del Estado por supuesta revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero es que el PSOE no cuenta, tan siquiera, con el aval de Sumar, socio de coalición.
Un encausamiento inédito que ha sobrevolado una ley que confiere a los fiscales las investigaciones penales ahora en manos de los jueces, establece un mandato de cinco años para el jefe del Ministerio Público desligándolo así de la duración de las legislaturas y restringe la acusación popular, una figura constitucional que ha sido clave en los últimos meses para imputar a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez y a cuya limitación se ha opuesto Sumar en la Mesa del Congreso, que Junts ya dijo en su día que no iba a respaldar y reticencias entre el resto de los socios. Bolaños, el titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes encargado de desgranar la iniciativa legislativa, se ha afanado en recalcar, a fin de desmontar «bulos», la fecha de entrada en vigor de la norma si logra los apoyos suficientes está fijada para el 1 de enero del 2028. Es decir, afectará a las causas que se incoen a partir de entonces y cuando el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya habrá cumplido los dos mandatos permitidos.
Bolaños se ha esforzado por contextualizar el calado de la reforma del Enjuiciamiento Criminal vigente en España desde hace siglo y medio —ha hecho recuento, gráficamente, de los 12 papas, cuatro reyes, dos presidentes de la República, dos dictadores, 44 presidente del Gobierno y 106 ministros de Justicia— y por recordar que aunque este es el primer Ejecutivo que llega tan lejos, los intentos de actualizar el proceso penal otorgando a la Fiscalía las investigaciones parten del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se extendieron después de Mariano Rajoy.