Un informe de la Guardia Civil deja a la multinacional al borde de la imputación
18 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluye indicios que sitúan al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, hoy en prisión preventiva, en la cúspide de una trama que cobraba el 2 % por amañar concursos de infraestructuras en todo el territorio nacional. Una tarifa estándar que abonaron muchas compañías, aunque la principal pagadora fue Acciona, según El Confidencial, que habría abonado casi seis millones de euros del 2015 al 2024 a Servinabar 2000 S. L., una mercantil en la que participaba el exsocialista, que posee el 45 % de sus acciones.
La mayoría de los sobornos que se pagaban para lograr la concesión de la construcción de edificios, carreteras y líneas de ferrocarril de alta velocidad los recibía esta sociedad —concluyen los investigadores del instituto armado—, que usó dos cooperativas opacas para desviar hasta un millón de euros: Noran y Erkolan. A la primera, dirigida por el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Joseba Antxon Alonso, habría transferido 732.000 euros; y a la segunda, que tenía contratada como administrativa a la hermana de Cerdán, Belén, 258.000.
Tras la entrada y registro de las oficinas de Acciona en Madrid y Bilbao el pasado viernes —unas diligencias ordenadas por el Tribunal Supremo—, fuentes de la investigación apuntaron que el grupo acabará siendo imputado como persona jurídica, informa El Mundo. La multinacional presidida por José Manuel Entrecanales accedió a numerosos contratos en solitario, a través de su filial Acciona Construcción, y formando una Unidad Temporal de Empresas (UTE) con otras compañías, como la de Cerdán. Hasta ahora, solo se investigaba a Fernando Merino, exdirector del departamento de Navarra y La Rioja de Acciona, pero el último informe de la UCO apunta a su exdirector de Construcciones Justo Vicente Pelegrini —despedido solo días después de que estallara el caso que llevó al exsocialista a la cárcel—, cuya vivienda fue registrada la semana pasada por los agentes, que clonaron su ordenador personal. Este trabajador ya había asegurado el pasado julio, ante el juez Leopoldo Puente, que carecía de capacidad decisoria en la empresa, apuntando a sus superiores. Pese a esta acusación y a las últimas diligencias, fuentes de la constructora señalaron que los registros «no suponen ninguna irregularidad» y añadieron que han colaborado «en todo momento» con la Guardia Civil.
El magistrado también ordenó incautarse de material de Manuel José García Alconchel, director de Zona Sur y África de Acciona Construcción, y de tres empresas que ganaron licitaciones en UTE con esta multinacional. Se trata de Aquaterra Servicios Infraestructuras —que logró un tramo de la A-68 en La Rioja por 123,4 millones—, y de Tecade y Freyssinet —que consiguieron la reforma del Puente del V Centenario de Sevilla, por 88 millones—. El juez Puente considera que una parte de la trama cobraba las comisiones y otra amañaba los concursos. Esta última era liderada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, con la presunta colaboración del exdirector de Carreteras Javier Herrero y la expresidenta del ADIF Isabel Pardo de Vera.
El PP apunta a la Moncloa
Tras estas revelaciones, el vicesecretario de hacienda, vivienda e infraestructuras del PP, Juan Bravo, aseguró que «la imagen de corrupción está adosada» al Partido Socialista y al jefe del Ejecutivo. «Parece claro que Sánchez necesitaba a Cerdán para blindar su investidura y Cerdán necesitaba a Sánchez para blindar sus mordidas y las del PSOE», denunció en rueda de prensa en la sede de su formación.
La portavoz del PSN-PSOE en el parlamento navarro, Ainhoa Unzu, sostuvo que viven con «absoluta tranquilidad y normalidad» los nuevos registros realizados por la UCO y destacó que desean conocer la verdad. Sin embargo, su homólogo en UPN, Javier Esparza, señaló que ve a los socialistas «cada vez más nerviosos porque el círculo de va cerrando».
Y desde Geroa Bai, Pablo Azcona apuntó que la causa aún está abierta y reclamó no «sacar conclusiones anticipadas».